En diciembre pasado, en su Opinión 56/2015, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Estado Mexicano liberar a Nestora Salgado García y brindarle una compensación adecuada, al conisderar que la detención de la excomandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, es arbitraria en el sentido más amplio: no hay base legal que la justifique; se deriva de su lucha por los derechos de la población indígena; el juicio que enfrenta parte de la inobservancia de las normas internacionales sobre el derecho a un juicio justo.

Thomas Antkowiak, director de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, Estados Unidos, comenta que se trata de una decisión legal importante, a manos de expertos jurídicos independientes, que explica los compromisos vinculantes del Estado mexicano en función de los tratados que ha ratificado (la Carta de las Naciones Unidas y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El especialista en derecho internacional señala que los cinco expertos independientes que integran el Grupo de Trabajo de la ONU evaluaron con mucho cuidado las pruebas presentadas por la Clínica que dirige, además de que el Estado mexicano tuvo toda oportunidad para defenderse.

Es así, continúa, que con base en el expediente y los argumentos de las partes, el Grupo de Trabajo determinó que la detención es ilegal y arbitraria, y que Nestora tiene que ser liberada de forma inmediata.

“El equipo legal de la Clínica Internacional de Derechos Humanos continuará su trabajo con el gobierno de México para implementar tan importante decisión”, refiere Thomas Antkowiak.