A Rita Amador López, de 52 años de edad, se le acusa de ataques a las vías de comunicación, luego que la dirigente de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, con sede en la capital poblana, participara en una marcha pacífica el 21 de agosto de 2015. Quienes la señalan son dos policías judiciales.

Sobre la madre de cuatro hijos pesan también 26 averiguaciones previas, de las que supo por los medios de comunicación. Estas se derivan de diversas denuncias en su contra por supuestas amenazas hacia Felipe Neri Morán, Porfirio Díaz Conti y René Berinstain, líderes de vendedores ambulantes.

A través de diarios locales se ha orquestado también una campaña de desprestigio en contra de la mujer y la organización que representa, la cual pugna por el respeto a los derechos de organización y trabajo contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos y en diversos tratados internacionales signados por el Estado mexicano. La campaña mediática busca ligar a Rita Amador con grupos de nacromenudeo, mismos que la mujer asegura desconocer.

En entrevista, la activista denuncia la “situación de Maximato” que se vive en Puebla, entidad gobernada por Rafael Moreno Valle Rosas, miembro del Partido Acción Nacional. Y es que, explica, en territorio poblano “ya no hay cabida para la discrepancia, para las organizaciones sociales democráticas”.

Prueba de ello es la represión y el hostigamiento que han enfrentado los grupos civiles que se oponen a los gasoductos en la entidad o también, por ejemplo, los integrantes del movimiento Cholula Viva y Digna quienes se resisten al proyecto del Parque Intermunicipal de Cholula.

La mujer acusa al gobierno del Puebla de la campaña de criminalización, cimentada en el amago de órdenes de aprehensión, que pesa sobre la UPVA, organización de más de tres mil agremiados que actualmente tiene a cuatro de sus integrantes en prisión, entre ellos a su fundador.

Rita Amador llama a las autoridades locales a dejar de promover a los grupos de choque que los agreden, y a dejar de utilizar la ley para fabricarles delitos. Contrario a ello, les reitera su demanda de diálogo.

“Lo único que nosotros queremos es trabajar; que se nos respete el derecho al trabajo y a la organización”, dice la dirigente de la UPVA, fundada el 28 de octubre de 1973.

Defensoras mexicanas exigen el cese a la criminalización contra Rita Amador

En una carta dirigida a Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), integrada por 189 mujeres, exige el cese a la criminalización en contra de la defensora Rita Amador, quien el 8 de enero pasado fue notificada del auto de formal prisión en su contra, y en contra de otros tres miembros de su organización: María de la Luz Gálvez Javier, Sergio León López y Silverio Montes Silva.

El Juez Tercero de lo Penal resolvió que Rita Amador y sus tres compañeros son “probables responsables de la comisión del delito de ataques a las vías de comunicación”, tras la marcha pacífica que realizaron el 21 de agosto de 2015 en la ciudad de Puebla, lo que se traduce en una violación a su derecho de libre manifestación.

En su protesta, los integrantes de la UPVA exigían al gobierno local el cese a la criminalización social, así como la liberación de las y los presos políticos de la entidad, incluidos cuatro de sus miembros: Rubén Sarabia Sánchez, Fernando Alonso Rodríguez, Atl Rubén Sarabia Reyna y Xihuel Sarabia Reyna. Los procesos penales que enfrentan estas personas están basados en denuncias anónimas.

“A pesar de que la UPVA ha manifestado su disposición para la realización de mesas de diálogo con las autoridades, esta disposición y solicitud no ha sido tomada en cuenta; contrario a ello, la defensora ha sido informada de la existencia de 127 averiguaciones previas en contra de su organización y 26 en contra de ella”.

“De igual manera, nos ha sido informado que a través de los medios de comunicación se ha intentado vincular a la defensora con gente desconocida para ella, mencionando que se dedica a delinquir. De esta manera, advertimos el linchamiento mediático que se está orquestando en contra de Rita Amador López”, se lee en el documento de las defensoras pertenecientes a 103 organizaciones no gubernamentales de México.

En su escrito, esta red de mujeres manifiesta su preocupación por la criminalización latente y creciente en contra de quienes defienden los derechos laborales en Puebla y que “podría derivar en la generación de un nuevo proceso penal” para Rita Amador, quien ya cuenta con el amparo del Poder Judicial Federal.

Además del cese a la criminalización en contra de Rita Amador y demás integrantes de la UPVA, la RNDDHM exige al Estado mexicano desechar las averiguaciones previas y delitos prefabricados a estas personas; medidas urgentes que les garanticen su seguridad; la liberación inmediata e incondicional de los cuatro presos de la UPVA; y la pronta atención a la salud del defensor Rubén Sarabia Sánchez, esposo de Rita Amador, “quien se encuentra grave y cuya salud podría empeorar y derivar en su muerte”, ya que durante el año que ha permanecido en prisión se le ha negado la atención médica.