Con una “minga” nacional, las comunidades campesinas y urbanas de Colombia, están listas para salir a las calles en defensa de la paz, porque a pesar de los diálogos, el fin del conflicto no está cerca. Convocado por los sectores agrario, campesino, étnico y popular, el Paro Nacional busca expresar el descontento y desacuerdo con la políticas económicas y sociales del Estado colombiano.
Se espera la movilización de más de cien mil personas en 27 departamentos, indicó Robert Daza, vocero del Coordinador Nacional Agrario.
Las principales razones del paro son: contra el Plan Nacional de Desarrollo, porque abre las puertas del país a las transnacionales, impulsa la concentración de tierras, profundiza la privatización de derechos fundamentales como la salud y la educación y propicia la liquidación de las empresas públicas.
Se rechaza la violencia generada por las estructuras estatales y paramilitares o paraestatales, que siguen operando en las regiones con la anuencia y patrocinio de entidades públicas y privadas. Ejemplo de ello, los homicidios, secuestros y amenazas contra líderes sociales y comunitarios en varios departamentos del país.
Contra la Ley ZIDRES que facilita la conversión de los campesinos en obreros asalariados de grandes agroindustrias y de corporaciones transnacionales.
El abandono del Estado en la inversión social, lo cual ha ocasionado que la infraestructura carretera estén en pésimas condiciones, que la red hospitalaria no tenga recursos suficientes y que no haya acceso suficiente a la educación superior pública de calidad.
Y denuncia la excesiva militarización del territorio, tanto en el campo como en las ciudades, que pone en riesgo a la población civil y cuya intención es brindar seguridad a las empresas petroleras y mineras.
En 2013 Colombia vivió una de las movilizaciones campesinas más importantes del siglo. Los habitantes del campo, cansados de los Tratados de Libre Comercio, el alto costo de los insumos para la agricultura y las nocivas leyes aprobadas por el gobierno se movilizaron y como resultado se gestó la Cumbre Agraria, donde convergieron organizaciones sociales y populares del país, que en 2014 lograron establecer una mesa de negociación con el gobierno. Sin embargo, el avance en el acuerdo y la solución de los puntos estructurales del pliego petitorio es escasa. Las discusiones de fondo sobre el modelo económico no se han desarrollado.
Robert Daza reitera que el gobierno nacional ha incumplido los acuerdos a la Cumbre. “Las políticas que se están aplicando en este país apuntan a que en muy pocos años ya no existirán los campesinos y campesinas”. Y añade: “No entendemos como en estos tiempos de paz, el gobierno nacional en un acuerdo con las transnacionales y los ricos de este país, aprueban leyes que nos despojan del patrimonio que tenemos como campesinos y campesinas, como es el caso de la ley Zidres”.
A las demandas y exigencias que se hacen desde el campo colombiano, se agregan los reclamos de las urgencias existentes desde las ciudades, con lo cual, el pliego petitorio del Paro Nacional que ahora inicia involucra a la totalidad de los actores sociales del país.
Una de las demandas centrales es la vivienda. El 70 por ciento de la población colombiana vive ya en las ciudades, donde los asentamientos precarios de las periferias no han sido atendidos por ningún gobierno. “Hay un déficit de vivienda, un millón trescientos cincuenta mil hogares urbanos son precarios”. La crisis social, política y económica en Colombia se refleja directamente en las ciudades, con altos índices de desempleo y una dramática situación respecto a la movilidad.
La ingobernabilidad en las principales ciudades colombianas se acentúan en las nuevas administraciones locales que están en manos de empresarios y tecnócratas que pretenden convertirlas en “empresas rentables” para el capital privado.
Uno de los casos es el de Maurice Armitage, alcalde de Cali, quien recientemente propuso un Plan Municipal de Desarrollo en el que niega las necesidades de reubicación digna para los habitantes de asentamientos periféricos, desconociendo de tajo a comunidades asentadas por más de treinta años. El pretexto es el “supuesto riesgo o la necesidad de modernización de la ciudad”.
Las altas tarifas de los servicios públicos y la constante amenaza a las empresas municipales van en aumento y generan crisis social, mientras Armitage concibe la idea de “un paraíso de tecnología y finanzas cómodo para los empresarios” acorde a las necesidades del proyecto Alianza del Pacífico.
Otro caso es el de Enrique Peñalosa, mandatario de la ciudad capital, Bogotá, quien apenas a 150 días de haber iniciado su mandato, el 80 por ciento de la población le exige la revocación de su mandato.
“Párese duro, cambiemos esto”
En redes sociales se desarrolla la campaña “Párese duro, cambiemos esto”, una iniciativa ciudadana que pretende expresar la indignación del pueblo colombiano con los responsables de la crisis que vive el país.
“Queremos que la paz se construya desde nuestras voces, que genere cambios reales en las condiciones de vida de todos los colombianos y colombianas. Queremos recuperar el patrimonio de nuestra nación para lograr garantías reales en salud, vivienda, trabajo y educación; que los impuestos sean para nuestro bienestar”, anuncia el manifiesto para la acción publicado en su página web.
Así, campesinos, indígenas, afrodescendientes, obreros, estudiantes, trabajadores informales, transportadores, entre otros sectores, se pusieron de acuerdo para promover el cese de actividades a partir del 30 de mayo y cuya duración es indefinida.
CAMBIEMOS ESTO…
Un video de Alba TV
Con información de Colombia Informa y Resumen Latinoamericano
