“Como organizaciones internacionales de derechos humanos, reiteramos nuestro pleno apoyo al GIEI y sus conclusiones y recomendaciones preliminares. Respaldamos a los cinco expertos independientes que conforman el GIEI: Carlos Martín Beristain, Angela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa, reconocidos internacionalmente por su trabajo ejemplar en el ámbito de las investigaciones criminales, los derechos humanos y la atención a las víctimas” afirma un comunicado firmado por 9 organizaciones.
Amnistía Internacional, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina (CELS), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso, el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos, la WOLA Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Open Society Justice Initiative y Robert F. Kennedy Human Rights, conforman el grupo.
Según la lectura propuesta por las organizaciones, la campaña de desprestigio coordinada contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encargado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a investigar el Caso Ayotzinapa, es la muestra de que el grupo está cada vez más cerca de encontrar la verdad sobre lo que sucedió con los estudiantes desaparecidos.
Para que este trabajo siga adelante, sostienen, el gobierno mexicano debe abonar las dos principal teoría planteada por los expertos, siguiendo la hipótesis del uso de autobuses en Iguala para el narcotráfico hacia Estados Unidos como posible explicación de los ataques.
“Nos preocupa el silencio por parte del gobierno de México frente a los ataques difamatorios que siguen saliendo en los medios de comunicación. Hacemos un llamado al gobierno mexicano a reconocer públicamente la importante labor de los expertos y dedicar el máximo esfuerzo para determinar el paradero de los estudiantes. Con sólo tres meses restantes en el mandato del GIEI, el tiempo es crucial. El GIEI necesita tener el pleno apoyo del gobierno de México para que pueda investigar, junto con el equipo de la Procuraduría General de la República, sus líneas propuestas y aportar información esencial sobre lo que sucedió a los 43 estudiantes desaparecidos forzadamente.
Con este caso, el gobierno mexicano tiene una importante oportunidad para demostrar su compromiso con los derechos humanos; no hacerlo demostraría, una vez más, que en México sigue reinando la impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos.”
