La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debe ratificar el criterio que emitió la Primera Sala sobre el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada antes de cualquier decisión oficial sobre asuntos que les afectan, señalaron indígenas mayas y representantes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos (ongs) al informar que este miércoles 7, los magistrados iniciarán la discusión sobre tres amparos contra el permiso que dio la SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) a la transnacional Monsanto, para la siembra de 253 mil 500 hectáreas de soya transgénica (ST).
En conferencia de prensa, Leydi Pech y Angélica María Ek Canche, apicultoras mayas de Campeche, así como miembros de diferentes ongs, explicaron que en Campeche se han desforestado 38 mil hectáreas de selva tan sólo en 2013 para la siembra de dicho cultivo, que afectará la fuente de ingresos de 15 mil familias indígenas de la península de Yucatán que producen miel de abeja, producto que exportan a Europa, pues al contaminarse de polen transgénico perderán el mercado europeo, además de que se está afectando el patrimonio biocultural del pueblo maya con la desforestación y el uso masivo de insecticidas como el Glifosfato.
En Campeche, en el municipio de Hopelchen, «hay superficies compactas de hasta 15 mil hectáreas de soya transgénica, se está fumigando (desde avionetas) a pueblos enteros… se están contaminando las fuentes de agua… se está acabando la biodiversidad de la selva maya, muchas plantas están desapareciendo, cientos de colmenas han muerto… hemos cuidado tanto tiempo nuestro bosque y llegan empresarios del norte, menonitas y los están acabando», manifestaron las mujeres.
Pech aseveró que «de hecho los apoyos de la SAGARPA para la siembra de soya transgénica son para los menonitas y los empresarios… los campesinos no sabemos sembrar soya, no comemos soya…». Mencionó que los menonitas han comprado tierra, no a las comunidades mayas sino terrenos nacionales -selva- que el gobierno federal afectó.
Luis Miguel Cano, de LITIGA-OLE, explicó que los tres amparos en revisión que discutirán los magistrados de la Segunda Sala de la SCJN -241/2015, 270/2015 y 410/2015- los presentaron apicultoras/es mayas en 2012 por considerar que el citado permiso otorgado por SAGARPA a Monsanto vulneraba sus derechos a la consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y al medio ambiente sano, además de hacer caso omiso del principio precautorio. Argumentos reconocidos por jueces federales que en 2014 les concedieron amparo y ordenaron suspender dicha siembra.
Tales decisiones fueron impugnadas por la SAGARPA y la empresa mediante recursos de revisión, por lo que dada la trascendencia del caso llegaron a la SCJN, con lo que la Segunda Sala tiene la oportunidad de defender a la población de las violaciones a sus derechos humanos.
Se verá «si vamos a poder defender los derechos humanos ahí donde hay megaempresas involucradas. Lo peor sería que la Segunda Sala determinara que… como no se está en un tema de programas de desarrollo no procede la consulta…» con lo que de hecho se estarían desconociendo los derechos de los pueblos indígenas plasmados en la Constitución «sería la peor de las catástrofes jurídicas en materia de derechos humanos… el caso es sencillo pero es fundamental para el futuro de este país», subrayó Cano.
Jorge Fernández, de la ong Indignación, mencionó que los citados amparos tienen componentes fundamentales: la violación a la consulta previa, libre e informada que tiene que entenderse como un proceso de diálogo democrático horizontal porque incluye el derecho de los pueblos a la autodeterminación; además van más allá del derecho de los pueblos y tiene que ver con el medio ambiente: la Corte, dijo, debe emitir criterios sólidos en materia del principio precautorio ante la afectación por la desforestación, la contaminación de los pozos y el derecho a la salud.
Apuntó que el expediente «es robusto» y que la SEMARNAT hizo caso omiso de tres dictámenes vinculantes de la CONABIO, la CONANP (Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas) y el Instituto Nacional de Ecología que desaconsejaron la siembra de soya genéticamente modificada.
«La Corte tiene elementos para emitir estándares altos de protección a los pueblos indígenas y campesinos frente a megaproyectos, es relevante la sentencia que pueda emitir la Segunda Sala… porque la apuesta del gobierno federal es a favor de los megaproyectos», afirmó Fernández.
Remy Vandame, de la Unión de Científicos Comprometidos, comentó a su vez que en México la situación de siembra de transgénicos no está tan crítica como por ejemplo en Estados Unidos o Argentina, «pero estamos juntado las condiciones». El debate sobre la soya transgénica es parte de un debate más amplio sobre el modelo de agricultura, entre uno que busca la acumulación de riqueza en contra del ambiente y la población y otro que privilegia a éstos.
María Colin, de Greenpeace, informó que en 2013 las comunidades interpusieron un amparo en el cual se demanda la creación de zonas libres de transgénicos. Llamó a firmar vía internet (https://www.change.org/p/ministros-de-la-segunda-sala-de-la-suprema-corte-de-justicia-de-la-naci%C3%B3n-detengan-el-avance-de-la-siembra-de-soya-transg%C3%A9nica-enm%C3%A9xico?recruiter=false&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink) una petición para presionar a los ministros de la Segunda Sala un fallo a favor de los apicultores.
