Diego Cervera, Jesús Inukai y Mauricio González

En el municipio de Ixtacamaxtitlán, zona alta de la Sierra Norte de Puebla, se intenta llevar a cabo el proyecto IXTACA, concesión otorgada por el gobierno mexicano a la empresa canadiense Almaden Minerals Ltd., el cual se encuentra en etapa de exploración avanzada y, como todo proyecto minero, ya se estiman algunos impactos al acuífero aún en esta etapa. Los riesgos son muchos para el medio y la salud, que van desde la deforestación y “limpieza” del suelo hasta enfermedades asociadas a la contaminación de aire y agua. Pero, mientras la reformas legislativas promueven Evaluaciones de Impacto Social (EIS) para orientar a las empresas a realizar inversiones provechosas en materia de explotación de recursos energéticos, los habitantes de Ixtacamaxtitlán realizaron durante año y medio, junto a la organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), una Evaluación de Impacto en Derechos Humanos del Proyecto Minero, en la que participaron 1400 personas en diversos talleres participativos, así como en el levantamiento y análisis de datos.

Los resultados son contundentes. En materia de derecho al medio ambiente sano existen potenciales alteraciones al relieve y composición del suelo, mayor erosión de la tierra y aridez de la misma, deforestación, liberación de polvo y gases contaminantes, incremento de ruido, deterioro del paisaje, alteración del hábitat con desplazamiento de fauna y pérdida de biodiversidad, así como fragmentación del mismo, impactando la producción agrícola, principal actividad económica de la gente en la región.

Con relación al derecho humano al agua existe un potencial daño por drenaje ácido de roca, contaminación de mantos freáticos por metales pesados, incremento en la competencia por el uso del agua, reducción del volumen disponible de agua para uso humano, empobrecimiento del acuífero, incremento de sedimentos y, con graves consecuencias en la salud de los pobladores, contaminación por agentes químicos, incluyendo cianuro.

En ese sentido, el derecho humano a la salud se ve impactado por ruido a través de la progresiva pérdida de sensibilidad auditiva, efectos cardiovasculares y fisiológicos, así como estrés en infantes por presión arterial sistólica elevada. La exposición prolongada a emisiones gaseosas impone efectos directos en el tracto cardio-respiratorio, el polvo promueve enfermedades respiratorias y oculares y la exposición a niveles altos de soluciones contaminadas que incluyen cianuro, en un periodo breve, causa daño cerebral y cardiovascular. Asimismo, la ingestión de agua o alimentos contaminados por metales pesados agrava enfermedades crónicas, oculares, dérmicas y produce cáncer.

Fueron los compañeros de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida “Acolua”, quienes decidieron promover el estudio de impacto a los derechos humanos de los habitantes de Ixtacamaxtitlán, ya que frente a la oposición de los habitantes al proyecto extractivista,  la minera argumentaba que ya había realizado los estudios necesarios de viabilidad operativa y económica en la zona, presentados a autoridades federales como a inversionistas, pese a que los pobladores habían manifestado en numerosas ocasiones su rechazo a la misma. En ese sentido, hoy cuentan con una investigación sistemática concentrada en un documento de más de 180 cuartillas (que se pondrá a disposición en la página proyectpoder.org/es) incluye cartografía participativa y estudios de la calidad del agua, los cuales se contraponen a los estudios de Almaden Minerals presentados a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a la Secretaría de Economía (SE) y a sus inversionistas, demostrando incongruencia en más de una de sus afirmaciones, pues el emprendimiento se presenta como un “proyecto minero responsable” donde los mantos freáticos no serán afectados pues sólo utilizará agua de lluvia en una zona con altos índices de escases pluvial, así como datos que no concuerdan en los documentos presentados a las autoridades mexicanas con los entregados a la Security and Exchange Commission (SEC) en Estados Unidos, mostrando inconsistencias en el número de perforaciones, la fecha de su realización, su profundidad y los potenciales daños al acuífero.

El domingo 17 de abril se presentaron los resultados del estudio en la galera municipal de Santa María Zozoltepec, a cielo abierto y en presencia de más de 200 habitantes de la comunidad y de diferentes municipios poblanos amenazados por proyectos semejantes, como en Tetela, Zautla, Libres y Cuetzalan, además de la presencia de organizaciones solidarias como el Consejo Tiyat Tlali, IMDEC, LAVIDA, CESDER, la Cooperativa Tosepan Titataniske, CEDICAR y la Alianza Mexicana Contra el Fracking. La presentación y convivio popular contrastaron con los colores de la iglesia y la oficina de la minera instalada en el ayuntamiento, los cuales lucen recién pintados los del logotipo e imagen institucional de la minera.

La Unión de Ejidos y Comunidades enfocará esfuerzos por difundir e informar los resultados de esta investigación que deja evidenciado que un proyecto de esta naturaleza no sólo no conviene a los pobladores de la región, sino tampoco a los inversionistas, pues los agravios son tan radicales y los operadores tan poco fiables que impide toda forma de sustentarle. Este estudio fortalece la unión de las comunidades y se presenta como instrumento de lucha: “Estamos reivindicando el derecho al agua, el derecho a la salud, a nuestro territorio. Pero también estamos diciéndole NO a este sistema. Este sistema extractivo que se ha estado desarrollando en diferentes partes del mundo y que se ha estado desarrollando con tal violencia que no puede seguir”.