Esta mañana, a dos meses de concluir su segundo periodo de trabajo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en acuerdo con el Estado mexicano y las víctimas, para supervisar el caso Ayotzinapa, dio a conocer, en conferencia de prensa, los principales obstáculos que enfrenta para el esclarecimiento de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, ocurridos en Iguala, Guerrero.

A tres meses de la puesta en marcha de un nuevo equipo de investigación del caso por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), estos son los principales impedimentos para acceder a la verdad de los hechos, a decir de los cuatro expertos que conforman el GIEI:

1. La aceptación parcial del recurso de amparo de 22 policías de Iguala acusados del asesinato y atrocidades contra el normalista Julio César Mondragón, debido a la falta de motivación de los actos de consignación por parte del juez. Esto es un ejemplo del riesgo en que se encuentra el caso debido a las múltiples deficiencias en la investigación.

2. La fragmentación interna del expediente del caso. Y es que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la PGR, ha abierto otras averiguaciones previas, distintas a las 1/2015, a las que no han tenido acceso los miembros del GIEI. El hecho, ha significado, para el GIEI, la imposibilidad de acceder a información relevante, por ejemplo, a declaraciones de personas detenidas recientemente. Por ello, las personas que integran el GIEI han solicitado a la PGR copia certificada de todas las averiguaciones previas del caso. “La existencia de múltiples averiguaciones previas impide conocer elementos definitivos para atribuir delitos complejos a los autores de los hechos criminales”.

3. La intentona del gobierno federal de generar una quinta versión de los hechos, en el sentido de que 17 normalistas habrían sido asesinados y quemados en el Basurero de Cocula. Esta quinta versión partiría de las declaraciones de personas detenidas recientemente en flagrancia. Dichas revelaciones, hechas públicas vía filtración, generan confusión en el sentido de que no han sido contrastadas. “Estas prácticas suponen un obstáculo para la integridad de la investigación y limitan el alcance de la misma”.

4. La no realización de las diligencias correspondientes a declaraciones de policías estatales, de autoridades de Guerrero y de integrantes del 27 Batallón de Infantería, así como la no incorporación en el expediente del caso de fotografías y videos tomados por miembros de este mismo Batallón del Ejército Mexicano.