La iniciativa de ley contra la tortura enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado en diciembre «incorpora normas jurídicas que promueven la comisión de la tortura y establece políticas que impiden su investigación eficaz» por lo que se requiere que el Poder Legislativo actúe con autonomía y retome las propuestas que ya se habían trabajado con organizaciones de derechos humanos conforme a estándares internacionales.
Así lo plantearon este miércoles representantes de 28 organizaciones de derechos humanos y organizaciones civiles promotoras de justicia, así como familiares y víctimas sobrevivientes de tortura que aseveraron que la propuesta presidencial «no refleja lo necesario para una verdadera erradicación» de la práctica de la tortura y desconoce varios de los contenidos mínimos que esta Ley debe tener como por ejemplo el excluir la prueba ilícita, es decir, la prueba obtenida bajo tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
«Resulta inaceptable que, pese a que existe una prohibición expresa de utilizar estas pruebas e inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido parámetros jurisprudenciales para eliminarlas de todo proceso penal, la iniciativa del Ejecutivo permita la admisibilidad de estas pruebas» manifestaron agregando que los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes deben tener las mismas consecuencias procesales y de protección a las víctimas que la tortura.
En rueda de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el director de éste, Mario Patrón, subrayó que «existe el riesgo de que se apruebe una ley que no sólo prevenga y castigue la tortura sino que la puede fomentar».
Ahí brindaron su testimonio Claudia Medina Tamariz, sobreviviente de tortura; las madres de sobrevivientes de tortura que aún están encarcelados: Francia Henao Agudelo, (Caso Nino Colman) y Rosa Mora, (Caso Tlaxcala). Estas dos últimas informaron que sus casos los llevarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo Mora, «porque no es justo que familias sencillas, que trabajan, el gobierno venga a destruirlas porque eso es una corrupción terrible».
Las organizaciones convocantes, que en octubre de 2015 participaron en una serie de consultas a través de la Procuraduría General de la República para hacer propuestas respecto a esta ley, señalaron que se había llegado a acuerdos sobre los estándares que debería contener la Ley General contra la Tortura para su eficaz aplicación, mismos que no recogió la iniciativa presidencial, como la citada exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura.
Asimismo indicaron que en la iniciativa del Ejecutivo se sigue promoviendo el uso de una herramienta que no incorpora adecuadamente el Protocolo de Estambul (Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes), y que es realizado por peritos oficiales, además de imponer requerimientos excesivos para la incorporación y valoración de los peritajes independientes, en general más apegados a los estándares internacionales.
Debe incluirse además una formulación conforme a dichos estándares en la materia sobre la responsabilidad de los superiores jerárquicos, «y no limitarse, como lo establece la iniciativa, a los superiores inmediatos. Igualmente, deberá excluir las amnistías, inmunidades, perdón y cualquier otra forma de eximente de responsabilidades, no sólo para las personas sentenciadas, sino también, para las imputadas y procesadas».
Manifestaron que en esta ley se deben establecer los lineamientos para un efectivo monitoreo de las condiciones de detención con el fin de erradicar la tortura.
Miguel Sarre Iguíniz, investigador del ITAM y miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU de 2006‐2010, advirtió que «la Secretaría de Gobernación está poniendo obstáculos para que se garanticen los derechos humanos en reclusión» por lo que exhortó al Senado a no ceder a esas presiones.
«La tortura es una calamidad política y las calamidades tienen responsables, en este caso la Secretaría de Gobernación», aseveró.
En su documento las organizaciones plantean la necesidad de que la Ley Nacional de Ejecución Penal -actualmente en discusión en el Senado- dote de amplias facultades a las y los jueces de ejecución para garantizar condiciones adecuadas de reclusión, a la vez que favorezca el acceso a recursos legales eficaces para toda persona detenida, sus visitantes y defensores, así como el ingreso de organismos independientes y de periodistas a las prisiones. «De lo contrario, dicha Ley socavará cualquier disposición de la Ley General contra la Tortura sobre prevención, investigación y sanción de la tortura y malos tratos en lugares de detención».
Sin embargo, afirmó Sarre, hay un embate de la SEGOB, concretamente de su enlace legislativo, el subsecretario Felipe Solís acero, «y yo señalo que hay responsabilidad directa del señor secretario porque no puedo concebir cómo en una relación interinstitucional entre poderes, el subsecretario Solís Acero hable por cuenta propia sin consultar al secretario de Gobernación en una cuestión tan importante siendo, reitero, que la SEGOB es la responsable de impulsar la política de derechos humanos en este país y que la está socavando en la ley que van a operar las instituciones que tiene a su cargo».
Subrayó que se pide que la ley y los jueces de ejecución tengan control sobre personas procesadas y personas sentenciadas; que vean no solamente el tema de reductivos o beneficios de ley sino todas las condiciones de internamiento, y que existan procedimientos judiciales, «la SEGOB quiere quitar todos los procedimientos judiciales de defensa diciendo que está el juicio de amparo ¿cuándo van a poder ir al juicio de amparo los que están en cárceles en lugares muy remotos? y … el tema de la sociedad civil, queremos el acceso a organizaciones independientes a los centros de reclusión; ellos dicen que es afectar la seguridad de los centros, (nosotros) decimos que la seguridad en los centros no la ponen en riesgo ni los periodistas ni las organizaciones sino sus propias deficiencias».
Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, hizo un llamado «muy fuerte al Senado que tiene que demostrar su independencia del Ejecutivo… demostrar que tiene autonomía y sí puede hacer la diferencia» porque lo que se está viendo es que «hay una total contradicción entre lo que se dice y lo que se hace» respecto a la tortura, que es una práctica generalizada en el país.
Consuelo Morales, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) y Premio Nacional de Derechos Humanos 2015, afirmó, a manera de conclusión «que la práctica de la tortura es aberrante, insostenible, que se da por dos motivos entre muchos otros: uno es que manifiesta la incapacidad que tiene la autoridad para investigar dentro del marco legal y dos, porque para los políticos, para las autoridades, está funcionando».
«Saludamos que el presidente haya mandado la iniciativa pero tenemos una preocupación especial porque ya había habido desde hace meses interlocución con la Comisión de Justicia, con la Comisión de Derechos Humanos, con la Comisión de Gobierno, pensábamos que se estaban tomando los elementos y que íbamos por el camino conjunto de consolidar un instrumento más que ayudara precisamente a este nuevo sistema penal acusatorio… con esto vemos que quieren que todo el esfuerzo que se ha hecho… se vaya a la basura».
LLamó a que se abra la interlocución con todas esas comisiones senatoriales «para verdaderamente crear y asegurar que esta ley tenga los mínimos necesarios, no porque pensemos… que la ley va a solucionar, va a erradicar la tortura, pero es un paso con el cual necesitamos contar», para que dicha ley incorpore los mayores estándares internacionales para frenar una tragedia que están viviendo miles si no es que millones de familias.
Informó que en Nuevo León, se realizó una investigación tres estados donde encontraron que el 70 por ciento de las personas recluidas en los penales afirman haber sido víctimas de tortura. «Entonces es un problema muy grave, muy serio y si verdaderamente las autoridades quieren que demos un paso cualitativo hacia la legalidad tenemos que poner cuando menos el camino para erradicarla y por eso exigimos que se abra este interlocución y que se respeten estas exigencias tanto internacionales, nacionales y locales».
Entre otras organizaciones participantes en este esfuerzo se cuentan la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos Para Todas y Todos (REDTDT); Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL); Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
los Centros de Derechos Humanos las Mujeres, Fray Bartolomé de las Casas, Fray Francisco de Vitoria, Paso del Norte, Zeferino Ladrillero, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH).
