Una acción más enérgica por parte del gobierno mexicano ante el gobierno de Honduras para que le permita regresar de inmediato a México al ambientalista Gustavo Castro, cuya vida peligra al ser sobreviviente y testigo del asesinato de la dirigente indígena lenca Berta Cáceres, demandaron organizaciones ambientalistas y de derechos humanos.
Libertad Díaz, de Otros Mundos Chiapas -organización a la que pertenece Castro-; Miguel Mijangos, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA); Gustavo Lozano, del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) y Sara Rafsky investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional, en conferencia de prensa enfatizaron su preocupación por la vida e integridad física y sicológica de Castro, si bien reconocieron el apoyo y protección que ha recibido por parte de la embajada mexicana en Honduras, «que ha asumido el caso con bastante prontitud».
Informaron que esta tarde sostendrán una reunión con el embajador de Honduras en México, al que solicitarán que se cancele la alerta migratoria dictada contra Castro, quien resultó herido durante el atentado en el que Cáceres fue asesinada el pasado día 3 de marzo, y quien, dijeron, ha estado declarando ante las autoridades hondureñas desde que ocurrió el crimen. Asimismo, que se le mantenga el estatus jurídico de «testigo protegido» y que cualquier declaración extra que tuviera que hacer la haga desde México.
Exigieron también que el estado de Honduras acate las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y proteja a los integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y a la familia de Berta Cáceres, cuyos hijos estaban fuera del país por amenazas recibidas y quienes tuvieron que volver al funeral de su madre.
Con Berta son cinco los dirigentes de COPINH que han sido asesinados por su lucha en defensa de la vida y los territorios indígenas. «En ese contexto tenían denuncias hacia la empresa Desarrollos Energéticos S.A. de C.V. que pretende construir la hidroeléctrica Agua Zarca en el río Gualcarque», señalaron. Mijangos apuntó que apenas hace una semana había habido un proceso de confrontación con dicha empresa por la pretendida construcción de dicha presa y Berta denunció amenazas al COPINH.
Mencionó además que a Gustavo Castro y a su defensa las autoridades judiciales hondureñas no les han explicado cuál es su función en el proceso, no les han querido entregar copia del expediente de investigación ni de sus declaraciones, acá no se tiene certeza de lo que se publicó en el sentido de que Castro habría declarado que se modificó la escena del crimen pero «sí sabemos que están involucrando a los compañeros del COPINH» y que a Gustavo en la primera etapa de sus declaraciones sólo le presentaron referencias del COPINH, «nos preocupa que haya un giro de la investigación y lo empiecen a criminalizar» a él mismo, señaló.
Lozano subrayó que en Honduras -como en México- «hay una debilidad institucional muy importante» y Gustavo y su defensa no tienen la certeza de un proceso que debería estar muy pautado y reglamentado». Ahora mismo no está en calidad de implicado «pero las cosas pueden cambiar… nos preocupa que por intereses ajenos el dedo acusatorio apunte hacia Gustavo», sobre todo porque el trabajo de Cáceres era político y en un primer momento, indicó Rafsky, las autoridades hondureñas hablaron de robo, después de crimen pasional», enfatizó que se requiere que las autoridades hondureñas enfoquen el caso en el trabajo político de Berta Cáceres.
Díaz explicó que Gustavo Castro estaba en Honduras preparando un foro sobre cuestiones de energía y las represas, que es parte del trabajo que realiza Otros Mundos Chiapas acompañando a indígenas, campesinos y ambientalistas amenazados por la minería -como la comunidad de Chicomosuelo contra la minera Blackfire- con talleres de formación sobre los impactos del modelo extractivista y capitalista.
