El anuncio de que el fondo de pensiones holandés PPGM retiró su tercio de inversión para la construcción de un parque eólico de 132 aerogeneradores en tierras de la comunidad agraria e indígena de Juchitán, no implica que el proyecto se haya detenido, por lo que los mil 166 integrantes del pueblo indígena binni’za (zapoteca) que el 15 de septiembre de 2015 interpusieron un amparo contra los permisos y autorizaciones otorgadas por el gobierno federal a la empresa Eólica del Sur, reiteraron su posición de continuar con la defensa de los derechos de sus pueblos y su territorio.
Así lo señalaron Bettina Cruz, Raymundo Regalado y Alejandro Regalado en un pronunciamiento en el que detallaron que pese a que se obtuvo una suspensión definitiva otorgada por el juez federal, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), las secretarías de Energía (SENER), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Eólica del Sur, de manera conjunta, presentaron un recurso de revisión, el cual se está discutiendo en el Tribunal Colegiado de la Federación en la ciudad de Oaxaca.
“Por lo tanto nuestra lucha no ha finalizado, la deuda que PGGM, y el resto de las multinacionales que han invertido en nuestra región, tienen con nuestras comunidades, es grande y va en aumento. Y no nos cansaremos, hasta que se reconozca nuestro derecho a vivir dignamente como pueblos indígenas que somos”, subrayaron.
Recordaron que la suspensión de las obras de construcción solicitada en el amparo referido fue otorgada por el juez séptimo de distrito, con sede en Salina Cruz, Isaías Corona Cornado, debido a que por un lado la CRE otorgó la autorización para la producción de energía eléctrica y por el otro la SEMARNAT autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental del citado proyecto de Eólica del Sur, “ignorando los derechos y convenios internacionales ratificados por el gobierno mexicano, que dictan que previamente a toda autorización federal se debe realizar un proceso amplio de Consulta Previa, Libre e Informada encaminado a obtener el consentimiento de megaproyectos en territorios indígenas, de acuerdo a los estándares del Convenio 169 de la OIT y la carta de los derechos de los pueblos indígenas de la ONU”.
Resaltaron que hay quienes afirman que por el retiro de PPGM se perderá una inversión de 250 millones de euros que beneficiaría a Oaxaca y a la región del Istmo de Tehuantepec, culpando de ello al “alboroto de las protestas de los indígenas”, pero puntualizaron que en la planicie costera istmeña ya hay 25 proyectos eólicos en operación, que han implicado la instalación de mil 915 aerogeneradores con una inversión de 6,211.5 millones de dólares (www.cre.gob.mx), no obstante lo cual actualmente 49 por ciento de la población del Istmo vive en pobreza o desigualdad social.
Lo anterior se consigna en un estudio presentado por Oxfam y Educa el pasado 29 de marzo. “Las inversiones relacionadas a los proyectos eólicos no están generando el desarrollo que tanto presumen”, aseveraron y negaron que los pueblos indígenas sean un obstáculo al desarrollo.
“El desarrollo que el gobierno federal y las corporaciones nos imponen choca con nuestra forma de vida y, contrario a lo que pregonan, hasta el momento no nos ha implicado beneficios. Nos ofrecen trabajos temporales y altamente precarios, que anuncian como grandes fuentes de empleo, en vez de promover e impulsar la pesca y la siembra, que son las actividades alrededor de las que hemos recreado nuestra vida los pueblos ikoots y binni’zaa. Dividen a nuestras comunidades, privatizan nuestros bienes naturales y nos hacen vivir bajo amenazas de muerte. Por eso rechazamos sus proyectos desarrollistas neoliberales”, agregaron.
