A última hora del jueves 7 de abril, tras casi dos días detenidos, fueron liberadas las 15 personas detenidas en un violento operativo policial en el entorno del Mercado Melchor Ocampo de la Ciudad de Orizaba. En su mayoría mujeres indígenas, los detenidos son vendedores provenientes del municipio de Ixhuatancillo que fueron expulsados de manera violenta de las veredas en dónde habían armado los puestos en los que suelen vender sus productos. Durante el operativo, otras tres personas originarias de esa misma ciudad y del municipio de Mariano Escobedo también fueron detenidas y fueron también liberadas el jueves, pero horas más tarde, según comunicó el Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, de la sierra Zongolica, de Veracruz.

El jueves 7, mientras los trabajadores aún se encontraban detenidos, decenas de personas bajaron a la ciudad desde la Sierra Zongolica a realizar un mitín por la liberación de los presos y el fin del asedio institucional.

“Nosotros no pedimos despensa, no pedimos láminas, no pedimos cemento, no pedimos objetos publicitarios, que están acostumbrados los partidos políticos a regalar a cambio de nuestra dignidad, de nuestras necesidades, de esclavizarnos en la pobreza y que recibimos los indígenas a cambio de la defensa y la exigencia de nuestros derechos humanos y constitucionales”, sostuvieron en el comunicado de la Comisión representante de los Ixhuatecos.

Señalaron al presidente municipal de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, como uno de los responsables de orquestar la campaña represiva en contra de los vendedores ambulantes y de los pueblos de la sierra de Ixhuatancillo.

Exigen la realización de un censo de las agresiones sufridas hasta la fecha de parte de agentes del estado, así como la instalación de una mesa de diálogo con un representante de cada nivel de gobierno, uno de cada cámara del poder legislativo, así como de las comisiones de derechos humanos, tanto estatal como nacional, en la que se comprometan a acabar con la violencia. “Un documento firmado para que cesen las agresiones contra nosotros, contra nuestra étnia náhuatl y también contra todos los orizabeños. Por toda la humanidad, por toda la civilización así lo exigimos”

El conato de violencia que desplegado el jueves también fue condenado por el investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia e histórico defensor de los ídem, Edgar Cortez Morales, quien no dudó en hablar de “brutalidad policial” y hacer notar que tal accionar de las fuerzas públicas debe ser investigado por la Fiscalía General del estado, a la que le corresponde atraer el caso. Sostuvo a su vez que a su criterio sí hubo un uso excesivo de la fuerza, en una clara violación de todo procedimiento policial y de los derechos de los detenidos. También, y es grave, el uso de aparatos que dan descargas eléctricas, lo cual señaló, está prohibido.

La reportera Jéssica Ignot publicó en el Mundo de Orizaba que el comienzo del último episodio de criminalización y violencia contra los vendedores ambulantes de la mencionada ciudad veracruzana fue a finales de febrero de este año, ante lo cual, los artesanos elevaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La falta de intervención del organismo provocaría que loa agredidos recurrieran a la Comisión Nacional, para que medie en la represión orquestada contra los trabajadores por la fuerza pública.

Desde los centros de derechos humanos reclaman que la comisión estatal debe emitir una recomendación lo más pronto posible, ya que la violencia del conflicto instalado por el gobierno municipal en contra del gobierno ambulante tiene antecedentes y viene escalando en la violencia ejercida.

Decenas de personas y colectivos del país reclamaron por la liberación de los detenidos mediante un pronunciamiento público en el que denunciaron que la represión y “la violencia y el racismo institucional de los tres órdenes de gobierno en contra de los vendedores ambulantes, que ejercen su derecho al trabajo” es orquestado desde los tres niveles de gobierno, amparándose en planes como el de “recuperación de espacios públicos” o incluso mediante la denominación de “pueblo mágico” que tiene la ciudad. “Prohíben el comercio ambulante en las ciudades sin tener en cuenta elementos históricos, culturales, sociales y económicos de esta actividad.”

El vídeo registra la lectura completa de la proclama de la Comisión representante de los Ixhuatecos, el jueves 7 de abril, en el centro de Orizaba, en reclamo por la liberación de los artesanos detenidos y del cese del asedio institucional // Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo

Foto principal: Imagen del Golfo