Un «fuego amigo» ha creado en las montañas de Chiapas un conflicto que sólo puede ser visto como lamentable. La Organización de la Sociedad Civil Las Abejas, fundada en 1992, expresión del catolicismo liberacionista marcada históricamente con el éxodo de comunidades tsotsiles en Chenalhó y la masacre de Acteal en diciembre de 1997, ha sido un referente con vocación de paz en el tumultuoso río de la insurrección, la resistencia y la autonomía, que se desbordó en las montañas de Chiapas en enero de 1994. En octubre de 2014, un grupo de la organización fundada hace 28 años con el aliento del obispo Samuel Ruiz García, determinó separarse, adoptando el nombre de Consejo Pacifista Sembradores de la Paz; la diferencia clave era que el segundo grupo quería cambiar la estrategia respecto a las demandas de justicia y reparación que han sostenido Las Abejas en relación la terrible matanza que sufrieron hace 18 años. «Desde esa fecha han realizado acciones violentas en contra de integrantes de nuestra Organización y en especial de la Mesa Directiva», declararon Las Abejas el 20 de abril de 2016.

No es la primera crisis divisionista en Las Abejas. En 2008 un grupo se acercó a negociar con el gobierno chiapaneco de Juan Sabines bajo la coartada perredista, cuando ya entonces esa coartada no era lo que había significado una década atrás. En los primeros tiempos, el grupo intentó confundir a los medios y a otras organizaciones, pero sus propias acciones los pusieron pronto en su lugar. Conservaron el nombre de Las Abejas, pero diferenciado.

Tiempo después, hacia 2011, en Estados Unidos, demandantes no identificados, presuntas víctimas de la masacre pertenecientes a Las Abejas emprendieron una ruidosa demanda contra el ex presidente Ernesto Zedillo por su responsabilidad en el genocidio ocurrido en Chenalhó en 1997. Exigían también reparación económica. La ambigüedad del proceso, del cual oportunamente se deslindaron Las Abejas, culminó en algo peor que una derrota: la confirmación de impunidad irrestricta para los ex gobernantes mexicanos a escala internacional.

La escisión del Consejo Pacifista, con sus particularidades, ha sido menos clara, y con osados elementos de suplantación (robo de sellos, disputa por el espacio llamado «Tierra Sagrada» en la hondonada de Acteal, Chenalhó, donde ocurrió la masacre y donde están sepultadas las víctimas, sede de una organización independiente y activa, que nunca ha cedido en su resistencia, su pacifismo, ni en sus demandas de justicia y reparación (en ese orden y no al revés). Nunca han antepuesto la negociación de recursos económicos, indemnizaciones ni «apoyos» a sus exigencias centrales, por más que la mendacidad y la impunidad del Estado siga burlándose de los tsotsiles pedranos a los cuales masacró un gobierno tan priísta como el actual.

Según información del semanario Proceso, miembros del actual Consejo Pacifista habrían sido promotores de la demanda contra Zedillo en Estados Unidos; éstos lo han negado.

También contra el Frayba

Otro componente de esta ruptura es la animosidad del Consejo Pacifista contra Las Abejas y contra quienes trabajan con la organización desde su origen brindándole respaldo legal y difusión. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y el obispo Raúl Vera López, su presidente, fueron demandados ante los tribunales por el Consejo Pacifista, y aunque la inaudita diligencia no tuvo con qué sostenerse, deja un doloroso precedente. El Frayba lo considera «riesgoso», en cuando abre un nuevo flanco en la incesante embestida que centros como el Frayba y organizaciones como Las Abejas padecen, como blancos que son en la guerra de baja intensidad que no se deja de librar cada día en las montañas de Chiapas.

A ello ha seguido una ofensiva declarativa que busca «desacreditar» ésta labor. El Consejo Pacifista, sostiene el Frayba, «emprende una campaña de desprestigio que busca deslegitimar el proceso de autonomía de Las Abejas de Acteal», y no se acreditan la negación de información ni algún trato discriminatorio.

El 12 de mayo, el Centro con sede en San Cristóbal de las Casas se manifestó ampliamente al respecto. «El Frayba enfrenta cotidianamente campañas de difamación y desacreditación a su labor en la defensa de los derechos humanos en Chiapas. Un actor que recientemente se suma a estos actos de desprestigio es el Consejo Pacifista». El Frayba acompaña a la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal desde su fundación en 1992 y su proceso de búsqueda y construcción de justicia tras la Masacre de Acteal en diciembre de 1997. Durante estos más de 23 años de acompañamiento, el Frayba ha respetado y reconocido el trabajo de esta organización, a sus instancias de representación, su toma de decisiones y a sus autoridades como la Mesa Directiva. A finales de 2014 y principios de 2015, el Frayba asistió como observador a tres reuniones de diálogo entre integrantes de Las Abejas de Acteal. Estuvieron presentes la Mesa Directiva de la organización, único órgano de autoridad y representación de Las Abejas de Acteal, representantes y coordinadores de trabajo de distintas áreas, e integrantes de Las Abejas de Acteal que posteriormente formarían el Consejo Pacifista».

Las reuniones, añade el organismo, «tenían como finalidad que las partes encontraran una solución dialogada a los problemas suscitados por parte de los ahora integrantes del Consejo Pacifista». La invitación al Frayba era como observador, no mediador.

La Mesa Directiva, junto con representantes y coordinadores de Las Abejas de Acteal, atendieron a los integrantes del Consejo Pacifista. Cuando tocó el turno de palabra a las Autoridades de Las Abejas de Acteal, los integrantes del Consejo Pacifista se negaron a escuchar, plantearon entonces su renuncia a la organización, y dieron por terminado el diálogo». No obstante, el Frayba «animó a ambas partes a continuar el diálogo», sin éxito.

Acusaciones ante un tribunal federal

«En enero de 2015, integrantes del Consejo Pacifista y su asesor legal, quien anteriormente laboró en el Frayba, solicitó copia del expediente 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (Masacre de Acteal), caso presentado por Las Abejas de Acteal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el Centro como copeticionario», el cual consultó a los peticionarios del caso, Las Abejas de Acteal, «quienes mediante Asamblea General acordaron que el Consejo Pacifista debía obtener la información solicitada vía la CIDH, pues el derecho al acceso a la información estaba ahí salvaguardado, siendo la instancia competente para ello». No conformes, los del Consejo Pacifista solicitaron hablar con el Consejo Directivo del Frayba, «encuentro que tuvo lugar el 15 de mayo de 2015». La postura del Raúl Vera López, y el Consejo Directivo fue «respetar la decisión de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal así como de las y los sobrevivientes en su rol de peticionarios ante la CIDH».

El documento subraya que «el interlocutor histórico y legítimo» que el organismo acompaña en el caso de la masacre de Acteal ante la CIDH es La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal «a través de su única autoridad, la Mesa Directiva, el órgano de dirección legitimado por las propias comunidades de la organización, así como por las y los sobrevivientes de la Masacre de Acteal que siguen reconociendo a la Mesa Directiva como su propia instancia de representación y por así establecerlo su propio reglamento interno».

En junio, integrantes del Consejo Pacifista y su representante legal Ricardo Arturo Lagunes Gasca demandaron ante instancias del gobierno federal a Vera López, en su calidad de presidente del Centro de derechos humanos. Ante el Juzgado Segundo de Distrito en Chiapas presentaron una demanda de amparo, «señalando al Frayba como autoridad responsable» insistiendo en la entrega del citado expediente que, reitera, «se encuentra en la CIDH».

Como además alegaron «discriminación y negación del derecho a la información», Vera López, el Consejo Directivo y el director del Frayba «fueron requeridos para contestar mediante un informe justificado, equiparándonos a una instancia gubernamental». El día 25 enero de 2016 fue requerida en los mismos términos la Mesa Directiva de Las Abejas de Acteal.

La Abejas se pronunciaron al respecto el 20 de abril, y ahora el Frayba elabora una caracterización de tales actos, que «resultaron arbitrarios por parte del juzgado federal pues no se acreditaba que una organización civil defensora de derechos humanos, ni la Mesa Directiva de Las Abejas de Acteal, fueran equiparadas a una autoridad responsable particular, con el riesgo de sentar precedente para las organizaciones defensoras de derechos humanos en el país y crear un mecanismo más para perseguir a las y los defensores».

El Consejo Pacifista y su representante legal así mismo solicitaron a la CIDH «su incorporación como copeticionarios del caso y copia del expediente 12.790». El 10 de diciembre de 2015, la CIDH informó sobre la aceptación de nuevos copeticionarios. «De esta manera obtuvieron el expediente que requerían al Frayba, tal y como se lo señalaron en su momento Las Abejas de Acteal».

El 16 de marzo el juicio de amparo del Consejo Pacifista fue sobreseído, pues el Frayba «no es una autoridad responsable». Tampoco se acreditó que negara el derecho a la información ni cometiera discriminación alguna.

El Centro considera «contradictorio» que el Consejo Pacifista decidiera acudir al juez federal demandando al Frayba y a la propia organización a la que renunciaron», aunque durante el juicio «dijeron pertenecer» a ella. Una «usurpación de funciones de autoridad comunitaria», a la que se añade «la utilización indebida de logos, sellos y la figura de representantes de la organización».

Hostilidad y amenazas

En abril, Las Abejas denunciaron que el Consejo Pacifista han realizado acciones «contrarias al espíritu pacifista, autónomo y no partidista» que se atribuyen, y «mantienen un doble discurso: en su palabra pública hablan de conciliación, de paz y que quieren acordar dialogo, pero su palabra es falsa porque actúan con amenazas y hostigamiento» pues «quieren apropiarse de los espacios físicos y simbólicos de nuestra organización en Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza».

A esto, el Frayba apunta que el Consejo Pacifista realiza «actos similares a los que del gobierno mexicano en contra de nuestra labor en un contexto nacional de criminalización y judiacialización de personas defensoras». Además, con sus acciones, «genera confusión, profundiza la división, fragmenta y debilita el proceso de construcción de autonomía de Las Abejas de Acteal».

La situación, concluye su argumentación el Frayba, «es efecto del desgaste de la guerra del Estado mexicano», por lo que «es lamentable» que el Consejo Pacifista confunda, engañe y tergiverse la «lucha digna, histórica y legítima» de la Organización Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal, a quienes seguimos acompañando en su radical exigencia de verdad y construcción de La Otra Justicia».