Los pueblos originarios de México quieren que se les respete su territorio y autonomía. Esa es la proclama de la Declaración de Santa Úrsula Xitla, que el pasado 28 y 29 de octubre representantes de comunidades y organizaciones, pertenecientes a los pueblos zapoteco, mixe, chinanteco, ikood, mixteco, chatino, tzeltal, lacandón, tzotzil, purhépecha, nahua, rarámuri, y maya peninsular, realizaron en torno a la situación actual de despojo y crisis climática que padecen los territorios indígenas y campesinos mexicanos.
Las demandas de centenares de comunidades y organizaciones se cristalizó en esta Declaración que está conformada por 11 conclusiones y cinco exigencias, donde empiezan recordando que el 60 por ciento de los bosques de la nación son propiedad de los pueblos indígenas y de los campesinos, de ahí que su cuidado es un beneficio a la sociedad que resulta de su trabajo.
Entre las denuncias que realizan en el manifiesto de Santa Úrsula, figuran las leyes federales para obligar a los dueños de la tierra a llegar a acuerdos para el establecimiento de proyectos extractivistas. En caso de negativa, las empresas pueden imponer de manera forzosa servidumbres o contratos de ocupación temporal. En esta dirección, también hablan de la imposición de las Áreas Naturales Protegidas que establece el gobierno, y que enajena el control y las decisiones sobre el territorio a las comunidades dueñas e impone muchas limitaciones a su uso. Hay comunidades donde más del 70 por ciento de su territorio está dedicado a la conservación.
“En estas áreas, los condicionamientos de los programas de pagos por servicios ambientales y los ordenamientos territoriales comunitarios oficiales secuestran las decisiones sobre el territorio a sus poseedores, y las ceden a instancias ajenas como instituciones de gobierno, empresas privadas, asociaciones de conservación, etcétera.”, señalan en la declaración.
También está la actual problemática de priorizar el consumo del agua para la agroindustria, la industria manufacturera y extractiva. Esto ha provocado que en distintas regiones exista un agotamiento de las aguas jóvenes y muchas poblaciones tengan que tomar agua contaminada con arsénico y fluoruro, lo que aumenta las enfermedades crónicas.
Otro punto que ven alarmante es el modelo de “simulación de consulta”, orientado a conseguir la aceptación de los pueblos indígenas, dueños de bosques y selvas, e impedir que posteriormente puedan demandar y echar atrás el proyecto por no haber sido consultados. Para los pueblos indígenas firmantes, este mecanismo favorece a los intereses de las empresas, cooptando y comprando líderes, permitiendo la participación de gente ajena a las comunidades indígenas, escalando la violencia y represión contra los opositores. En varios de los casos los opositores han sido asesinados, encarcelados, desaparecidos.
Todo ello se resumen en que las leyes energéticas favorecen los proyectos impuestos por el Estado y las transnacionales. “Estamos ante un despojo y una devastación generalizada que rompe el tejido de las comunidades, privatiza, contamina o agota sus bienes comunes y las posibilidades de vida, sustento y continuidad de los pueblos. Algunas comunidades demandaron sin éxito jurídico al gobierno mexicano por aprobar las leyes de reforma energética que son inconstitucionales”, explican en la Declaración.
Por lo anterior, exigen al gobierno mexicano respeto a la integridad de los territorios y a las decisiones sobre el uso de sus bienes naturales. Detener la manipulación de los procesos de consulta y la violación al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades. Poner un alto a la violencia, al hostigamiento, los asesinatos, los encarcelamientos y las desapariciones contra las comunidades y contra los y las luchadoras sociales. Libertar a los presos y presas políticos y detener la promulgación de la iniciativa de la ley de aguas que se orienta a su privatización y atenta al derecho al agua como un derecho humano.
Checa la declaración completa: http://goo.gl/4wDXpI
Foto: Másde131
