A Ciudadanos de Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) les preocupa el nombramiento del General Cuauhtémoc Antúnez Pérez como Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León; también el del Contralmirante Augusto Cruz Morales como director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). Tales designaciones, aseveran, contravienen diversas recomendaciones internacionales de seguridad ciudadana y derechos humanos.

Hace apenas unos días, al término de su visita a México, Zeid Raad al-Hussein, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, enfatizó en el tema de la separación de las fuerzas armadas de las funciones de seguridad pública. Por ello, recomendó al Estado mexicano revertir esta situación.

En el mismo sentido se han pronunciado el Comité de Derechos Humanos, el Relator sobre Tortura, el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias (todas éstas de Naciones Unidas), así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch. En distintos momentos, estos órganos han señalado que la militarización en México es raíz de muchas y graves violaciones a derechos humanos, por lo que han exhortado a las autoridades mexicanas a retirar a los militares de las tareas de seguridad pública.

Con base en lo anterior, quienes integran Cadhac, llaman a Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, a reconsiderar el nombramiento de estos dos militares como titulares de las dependencias de seguridad pública e investigación. Les piden ceñirse al mandato de las recomendaciones internaciones a fin de avanzar en la recuperación del Estado constitucional de derecho. De la misma forma, le solicitan colaborar en conjunto para la progresividad de los derechos humanos en la entidad.

Sobre el perfil de estos dos militares, precisan que de 2008 a 2013, “la época más álgida de inseguridad en el estado” en la que, por ejemplo, se presentaron diversos casos de ejecuciones extrajudiciales a manos de militares, el General Cuauhtémoc Antúnez Pérez estuvo a cargo de Séptima Zona Militar.

El Contralmirante Augusto Cruz Morales, en tanto, encabezó las labores de seguridad en el municipio de Monterrey también en una época difícil para Nuevo León: la administración de Margarita Arellanes Cervantes, entonces presidenta municipal, que tampoco sobresalió por su respeto a los derechos humanos.