Ejidatarios de la comunidad de Tila, en Chiapas, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, acusan a Edgar Leopoldo Gómez Gutiérrez, presidente municipal, de reactivar al grupo paramilitar Paz y Justicia para su servicio y por “la ambición del poder”.

En un comunicado, los órganos de representación ejidal de esta comunidad señalan a Mateo Rey, originario de Cruz Palenque, a Mateo Guzmán, de Agua Fría, y a Pascual, de El Limar, como los responsables de incentivar las actividades del grupo armado Paz y Justicia –mismo que desde 1996 habría masacrado a mucha gente– con el objetivo de “imponer al presidente a sangre y fuego”.

Su denuncia se extiende también a Regino y a Nicolás, éste último agente rural de la comunidad Unión Juárez. A estos dos hombres los responsabilizan de lo que pudiera ocurrir en el ejido de Tila, pues, según afirman, son ellos quienes coordinan al grupo paramilitar a través de los equipos de comunicación del gobierno municipal.

Los ejidatarios de Tila explican que su lucha es por la tierra y el territorio, en concreto, por la defensa de las 130 hectáreas que el ayuntamiento les pretende arrebatar. Refieren que su acuerdo al respecto es no establecer diálogo ni negociación alguna con los gobiernos, pues sus tierras no se negocian ni se venden.

En su documento fechado el 26 de diciembre y signado por el comisariado y el consejo de vigilancia, piden a las organizaciones sociales mantenerse alerta, ya que, como especifican, “la violencia la hacen siempre los tres niveles de gobierno, escondiéndose de los grupos paramilitares a su servicio para que ellos digan después que es un conflicto entre comunidades”.