Cinco minutos bastaron para arruinarles el festejo navideño. Ya habían cenado, brindando y convivido. Era el momento del descanso. El escándalo proveniente del patio de su casa los despertó. Alrededor de las 5:30 horas de 25 de diciembre de 2015, dos sujetos armados se introdujeron sin permiso en su domicilio.

La familia Paredes tardó en reaccionar. Todo ocurrió tan rápido. No se la creían. ¿La escena de dos sujetos lanzando tiros en el patio de su domicilio era parte de su sueño? No. Los hombres y sus armas eran reales; también el sometimiento, los insultos y la golpiza que le propinaron al primero de la familia con el que se toparon.

—¿Por qué están aquí?, ¿qué quieren? –los increpó Mario Zambrano.

—Porque son de derechos humanos –respondió uno de los delincuentes, un varón de unos 55 años de edad.

La violenta irrupción duró apenas unos cinco minutos. Los suficientes para quitar el sueño a los familiares de Francisco Paredes Ruíz, militante de la Fundación Diego Lucero desaparecido forzadamente hace ocho años. En el lugar se encontraban Cristina, Janahuy y Francisco, hijos del activista, además de Mario Zambrano, María de la Concepción Onofre y dos bebés.

Janahuy Paredes tomó el teléfono apenas se repuso del susto. La operadora 29 del Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 066 la escuchó con atención pero el auxilio prometido jamás llegó.

Quienes sí volvieron, ésta vez acompañados de al menos otros tres hombres, dos de los cuales portaban armas largas y chamarras de la Fuerza Ciudadana (corporación dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán), fueron sus agresores. Aunque esta vez ya no pudieron ingresar al domicilio pues la familia se acordonó con todos los medios a su alcance, éstos se apostaron por alrededor de 30 minutos en los alrededores del mismo.

Desde ahí, escupieron sus amenazas. Janahuy Paredes fue el blanco principal en esta segunda agresión. La joven fue fotografiada, señalada y amenazada. “Identifíquenla bien. Esa cabrona fue la que llamó a la policía. Encárguense de ella, desaparézcanla”. La orden provino nuevamente del hombre mayor.

Interponen denuncia penal y queja de derechos humanos

Pese a que se les negó el auxilio, la familia Paredes decidió recurrir nuevamente a la autoridad. Al día siguiente de los hechos, Janahuy acudió a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán a presentar una denuncia. Ésta quedó asentada bajo el expediente 09417/UATP/MOR/2015, gracias a la insistencia de la muchacha.

La denuncia es en contra del personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, quien se presume estaría involucrado en los hechos. Y es que dos de los agresores portaban chamarras de la Fuerza Ciudadana. Destaca, además, que éstos supieran de la llamada de auxilio que Janahuy realizó al Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia.

En entrevista, la joven refiere que en un principio las autoridades ministeriales se resistieron a atenderla. Comenta, asimismo, que los peritos de la Procuraduría dijeron que no podían ir a su domicilio a recabar las evidencias pertinentes por falta de recursos; que lo harían únicamente si ella asumía los gastos del traslado. Al final, los peritajes no se practicaron.

Janahuy se dirigió también a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán, en donde fue atendida por Antonio Carlos Cortés Arroyo, de la Coordinación de Orientación Legal y Quejas.

La también integrante del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, Alzando Voces, comenta que hasta el día de hoy su familia no cuenta con ningún tipo de medida cautelar oficial encaminada a salvaguardar su integridad física, salvo las medidas de seguridad que ellos mismos se han provisto. La autoridad ni siquiera les brindó algún contacto con quién comunicarse en caso emergente.

Lejos de la protección del Estado mexicano, estas personas siguen siendo blanco de hostigamiento. Prueba de ello es la visita que hombres con vestimenta de la Fuerza Ciudadana realizaron a otro de los domicilios de la familia el pasado 9 de enero. En ésta, intentaron interrogar por la fuerza a Mario Zambrano, esposo de Cristina Paredes. La agresión se reportó de nueva cuenta al Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 066. El personal a cargo optó simplemente por cortar la llamada.

Dada la falta de voluntad para investigar la agresión de que fueron objeto, la familia Paredes solicitará una audiencia con Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán. Le pedirán, entre otras, que la Procuraduría local cuente con personal competente y con capacidad de respuesta. A la par, buscarán que su denuncia sea de conocimiento de las organizaciones internacionales, entre ellas, la Organización de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional.

Cofaddem, documenta 4oo casos de desaparición forzada

El Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (Cofaddem), “Alzando Voces”, del que forman parte Cristina, Janahuy, Francisco y Mario, documenta casos de desaparición forzada de personas, es decir la que es obra de agentes del Estado o de personas o grupos que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia.

De 2006 a la fecha, esta asociación civil ha registrado 400 casos de desaparición forzada, la mayoría perpetrados en territorio michoacano. A la fecha, el Comité da seguimiento y acompañamiento a 262 de éstos. Las autoridades involucradas en las violaciones a derechos humanos son diversas: desde elementos del Ejército Mexicano y la Marina, hasta funcionarios de la Procuraduría de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública locales.

Uno de los casos que recientemente han documentado, más no difundido públicamente a petición expresa de las víctimas, refiere la desaparición forzada y tortura de la que fue objeto en tres ocasiones un joven de 20 años de edad. El hecho fue de conocimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quien se negó a incluirlo en su registro y, en consecuencia, a otorgar medidas cautelares so pretexto de que no se cuenta con la denuncia penal. Ante ello, los integrantes del Cofaddem optaron por resguardar al joven con sus propios medios.

Las labores de registro, denuncia y acompañamiento que realiza la Cofaddem pudieran ser el motivo de las agresiones sufridas, dice Janahuy, quien refiere además que los miembros de esta asociación civil han enarbolado por muchos años la exigencia de expedición de una ley en materia de desaparición forzada en la entidad, así como de mecanismos de protección a defensores de derechos humanos y periodistas en el mismo ámbito.

El allanamiento armado del pasado 25 de diciembre no es la única agresión en contra de estos defensores. Janahuy cuenta, por ejemplo, que en junio de 2015 fue objeto de vigilancia y seguimiento por parte de sujetos desconocidos en las instalaciones del Sistema Transporte Colectivo Metro, en la Ciudad de México.

María de la Concepción Onofre, quien también se encontraba en el domicilio de la familia Paredes durante la irrupción armada, es integrante de la Comisión Estatal para la Promoción de una Vida Digna, asociación civil que documenta casos de violencia contra las mujeres como feminicidios y desapariciones forzadas.

El 13 de septiembre de 2015, el hombre de unos 55 años que participó en el allanamiento a la casa de la familia Paredes, se habría presentado en el domicilio de una de las integrantes de la Comisión Estatal para la Promoción de una Vida Digna, a quien habría amenazado con desaparecerla. Los hijos menores de la mujer habrían presenciado la escena.