“Diez años después que mi señora madre fuera secuestrada legalmente y acusada de haber sido la secuestradora, se llega a un fallo que obliga a la PGR a disculparse. La disculpa no es sólo para Jacinta, sabemos que en nuestro país hay muchas Jacintas, es a todas ellas. Este es un ejemplo de las tantas ilegalidades que cometen las autoridades con título, nombramiento y reconocimiento oficial en México. Nosotros daríamos todo lo que nos puedan llegar a dar, lo cambiamos todo porque en México se garantice la justicia y los derechos humanos de todas las personas”

Sentada junto a su madre, vistiendo las coloridas ropas típicas, Estela Hernández apoya el relato de su madre, Jacinta Francisco Marcial.

Jacinta es una indígena ñhä-ñhú que en el año 2006, fue acusada, junto con otras dos mujeres de la comunidad, Alberta Alcántara y Teresa González de haber secuestrado a 6 agentes de la antigua Agencia Federal de Investigaciones (AFI), que a fines de ese año fue la fuerza destinada por el entonces presidente Vicente Calderón, como parte de la Estrategia Nacional de Combate a la Delincuencia, y que fue sustituida en julio de 2012, por la Policía Federal Ministerial.

Fue liberada 3 años más tarde, después de que la justicia ordenó reponer el procedimiento que la Procuraduría General de la República llevó contra ella. Un proceso que comenzó con una detención arbitraria, siguió con la condena por un delito inexistente (el secuestro de 6 policías por 3 mujeres indígenas) en que la PGR consignó pruebas “inventadas y contradictorias”.

El episodio más reciente de este largo periplo fue el fallo – que es inapelable – del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que mandató a la Procuraduría General de la República a resarcir el daño, moral y material, causado a Jacinta. La reparación incluye que la PGR deba difundir una respuesta pública a Jacinta, quien cuando fue detenida, fue calificada y exhibida en los medios de comunicación como “secuestradora”, con una bandera de la PGR de fondo.

Con las palabras mezcladas de un español aprendido con los años, Jacinta explicó cuál fue su mayor dolor durante el encierro: el estar alejada de su familia. “No estoy contenta con la reparación del daño, nunca voy a estar contenta porque no hay forma de que me regresen el tiempo que no estuve con mis hijos, con mi familia. Se lo dije a los abogados desde el principio, ¿de qué me van a reparar? Eso ni con dinero se paga. Sobre lo que me pasó, no nada más pasa en mi comunidad, sino en todas partes. A los que no tenemos estudios ni trabajo y salimos a la calle a vender, los inspectores le quitan a uno sus cosas y hasta lo pueden llevar a uno a la cárcel. O por defender su derecho como indígenas, entonces no lo dejan hablar a uno y muchos no se atreven. Me preguntaron si no me da miedo, pero no, me da coraje. Ellos quieren que uno sienta miedo”

Tanto los casos de Alberta y Teresa, detenidas junto a Francisca esperan una resolución similar del Tribunal en que mandate reparar el daño causado por las acusaciones y la prisión infundadas.

“Esta injusticia es una muestra de que los derechos humanos son violados una y otra vez en este país. Ahora los maestros somos perseguidos, no sólo en Querétaro, de dónde somos sino todo el magisterio nacional. No sólo los maestros, también los periodistas o todos aquellos que pidamos mejores condiciones de vida estamos hoy en riesgo. Este fallo nos compromete a seguir trabajando y exigiendo el respeto de los derechos humanos de todas las personas”

Los integrantes del Centro Prodh, Luis Tapia Olivares y Mario Patrón aportaron algunos datos y perspectivas sobre el caso:

“Las violaciones a los derechos humanos sólo cesan siempre que en cada caso haya consecuencias. Ninguno de los 6 policías federales que fabrican el caso, ni el Ministerio Público que los ayudó o el juez que condenó a Jacinta ha sido condenado, separado del cargo, siquiera investigado. Esto se para en la medida que haya consecuencias a los responsables en la justicia y una sanción económica para las instituciones que causaron el daño.”

“Hasta que no haya consecuencias tangibles para el Estado mexicano y los que cometieron las arbitrariedades, las violaciones a los derechos humanos van a seguir sucediendo. Esta sentencia sienta un precedente importante para que la justicia de este país empiece a actuar conforme a derecho y permea otros casos. Es una vergüenza que la PGR haya interpuesto recursos de revisión en contra del Tribunal, argumentando que este caso es un precedente peligroso, porque sino tendría que indemnizar a todas las personas que son absueltas y que fueron recluidas siendo inocentes”, agregó por su parte Perseo Quiroz, integrante de Amnistía Internacional.

“Los que están en la cárcel no precisamente son los delincuentes, son los pobres, los que no tienen forma de orillar a la autoridad y de pagar para no entrar a la cárcel. No necesariamente hay que cometer un delito para estar ahí, la cárcel está llena de personas que se atreven a pensar, hablar y dudar”

Dados estos antecedentes, las dos organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos sostienen que a pesar de que la sentencia es inapelable y que a la PGR no le quede otro camino que el de actuar conforme a derecho, ya están en contacto con el Sub-Procurador en Derechos Humanos, Eber Omar Betanzos y con la Procuradora Arely Gómez.

Amnistía agregó que no tiene datos acerca de las personas indígenas recluídas en las cárceles mexicanas, sin embargo, sí detalló la situación de Ildefonso Zamora, defensor de los bosques, campesino e indígena tlahuica, del estado de México, recluido desde noviembre de 2015 por su trabajo político de defensa de la tierra.