Ciudad de México | Desinformémonos. Los órganos civiles que vigilaban la política forestal en México ahora sólo serán órganos de consulta, lo que implica que perderán cualquier función de supervisión y capacidad de veto, gracias al proyecto de decreto que expide la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, aprobada el pasado 7 de marzo en la Cámara de Diputados.
Además, la propuesta de ley, que sólo necesita la aprobación del Senado, también quita a los sectores civil y productivo la función de vigilar el uso de los recursos del Fondo Mexicano Forestal, para que ahora esté a cargo exclusivamente del gobierno federal a través de la Comisión Nacional Forestal.
La Comisión Nacional Forestal se creó en el 2003, mismo año en que se fundaron consejos estatales en los que están representadas las comunidades ejidales, comunales, indígenas, campesinas y equiparables, las cuales cuentan con la titularidad de más de 80 por ciento de los bosques y selvas del país, explicó el presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, Gustavo Sánchez.
A partir de ese año, tanto el organismo nacional como los consejos estatales realizaban las funciones de supervisar y vigilar toda iniciativa que emprendieran las autoridades federales y estatales, entre los que se encontraban la aprobación de normas vinculadas con los bosques y los permisos de explotación. Con la nueva ley esos consejos forestales pierden su función de supervisión y vigilancia, para ahora responder a los cargos únicos de consulta y asesoría.
“Si el 80 por ciento de los bosques y selvas mexicanos son territorios de comunidades indígenas y equiparables, ¿cómo es posible que a los consejos forestales, que son los espacios de participación de estas comunidades, se les esté dejando fuera de la toma de decisiones?”, cuestionó el biólogo Raúl Benet, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
“Lo que están haciendo es concentrar poder y dinero en vísperas de un periodo electoral, y hay que recordar que, históricamente, el sector forestal es presa de presiones electorales”, agregó.
En febrero, organizaciones civiles y académicos denunciaron que frente al dictamen existe carencia de consulta, falta de soluciones a los problemas en el sector forestal y retrocesos en materia de derechos de los pueblos indígenas y campesinos, y que la ley representa un retroceso en los derechos de las comunidades indígenas y campesinas en materia del manejo forestal comunitario.
Aseguraron que la iniciativa pone en riesgo la vida de los bosques, pues su manejo sería inadecuado, se inhibiría el manejo sustentable de los ecosistemas y ya no continuaría el cuidado proporcionado durante generaciones por los indígenas y campesinos.
Con información de Animal Político
