Chilpancingo, Guerrero.  Con una manifestación pacífica, los padres y madres de Ayotzinapa, marcharon por las calles hasta llegar al Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (TSJG) donde, de manera improvisada,  fueron recibidos por el presidente de la Judicatura, Robespierre Robles Hurtado. Con un oficio, le solicitaron todo el material de videograbación de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 y los expedientes de 53 policías municipales de Iguala y Cocula, inculpados de asesinato y lesiones contra estudiantes, varios de los cuales ahora se encuentran amparados. 

El periódico El Sur de Guerrero reporta que “Los padres fueron recibidos por el magistrado presidente y funcionarios en la sala del Poder Judicial. Robles Hurtado estaba dispuesto a dialogar a la intemperie, afuera del edificio, donde había comenzado una protesta de los padres, pero el abogado Vidulfo Rosales Sierra pidió que la reunión se realizara en mejores condiciones.

Así entraron al edificio por la puerta principal, que se mantiene cerrada desde las primeras manifestaciones tras la desaparición forzada de los 43”.

Al iniciar el encuentro, el abogado Rosales Sierra recordó que la Procuraduría General de la República (PGR) requirió en varias ocasiones los videos, y que el TSJ respondió “que no estaban, que podían hacer una inspección”, y que cuando se hizo la inspección, tampoco encontraron nada.

Robles Hurtado firmó de recibido el oficio donde se detalla que, de acuerdo con el primer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la detención y desaparición de los 43 estudiantes normalistas  fue registrada por cámaras de circuito cerrado del Palacio Federal, la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Cuando el GIEI solicitó el material de video, la entonces presidenta del TSJG declaró a los medios que había sido destruido. En entrevista posterior, Rosales Sierra reveló que la funcionaria aceptó su existencia durante la investigación.

Sin embargo, la ex presidenta del TSJG, Lambertina Galeana declaró ante la PGR que “sí vio esos videos, que se logró sacar esa información, pero que la memoria de la cámara no guardó todo, pero que tuvo conocimiento de que se hicieron reproducciones adicionales”.

Los padres de los normalistas desaparecidos hicieron énfasis en que el material de video y los expedientes estatales son fundamentales para el esclarecimiento de los hechos y la posibilidad de encontrar a los jóvenes, por lo que solicitaron un rastreo administrativo para encontrar este material y que se ponga a disposición de la Unidad Especializada de Investigación para el caso Ayotzinapa, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR.

También informaron que, por los crímenes de Iguala, se iniciaron averiguaciones previas por delincuencia organizada, y se consignó a 120 personas, entre ellos 53 policías preventivos, 34 de Iguala y 19 de Cocula.

En los juzgados de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en Iguala, hay cuatro causas penales por los delitos de homicidio y lesiones cometidos en agravio de Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón Fontes (asesinados), y dos heridos de gravedad, a la fecha. Los padres informaron que  desde los primeros días de diciembre, pidieron copia de los expedientes, pero hasta hoy no han recibido nada.

Comentaron su preocupación acerca de que no haya acceso a la justicia en el ámbito estatal, porque un juzgado de Distrito concedió seis amparos contra autos de formal prisión al mismo número de policías municipales acusados de homicidio y lesiones, según esto porque en los expedientes no hay elementos que los incriminen.

Por su parte, Robles Hurtado, en la reunión improvisada en la sala de la Judicatura,  se comprometió con los padres a responder a las peticiones en no más de 15 días. Ofreció atender tres demandas puntuales de los padres, y a no solapar a nadie.

Cuando los reporteros lo cuestionaron sobre la investigación a la magistrada Galeana Marín, aclaró que hasta que se realice la investigación, se iban a desprender responsabilidades. Sin embargo, entre los padres se escuchó:  “¿Qué garantías de imparcialidad vas a enviar a los padres cuando la hija de la ex presidenta del tribunal trabaja contigo?”, a lo que Robles Hurtado respondió: “La mejor garantía es transparentar las cosas, yo no voy a inventar nada, quien resulte culpable tendrá su grado de responsabilidad”.

El periódico El Sur comenta que “Es bien sabido que la hija de la ex magistrada trabaja en la presidencia del TSJG, al menos desde el periodo de su mamá, quien sustituyó al anterior presidente, Jesús Martínez Garnelo, cuando éste pidió licencia para ocupar el puesto de secretario de Gobierno de Ángel Aguirre Rivero”.

Con información de El Sur, periódico de Guerrero.

foto:  José I Hernández / Cuartoscuro