En un comunicado emitido el 13 de marzo, los Centros de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Jass, Asociadas por lo justo, denuncian la situación de varios casos de mujeres  “que fueron trasladadas en los meses recientes al recién inaugurado Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 16 localizado en el Estado de Morelos. Los familiares de las mujeres recluidas han denunciado que, durante su traslado bajo vigilancia de agentes federales y custodios, fueron víctimas de tortura y malos tratos, incluyendo actos de tortura sexual como violación, tocamientos y otras formas de discriminación en razón del género, sometimiento mediante descargas eléctricas, golpes e incomunicación al llegar al Cefereso”.

El Cefereso No. 16 está concesionado por 20 años a IDEAL, empresa filial del Grupo Carso, que recibió la adjudicación directa en diciembre de 2010, informa el portal Sin Embargo.  El pago anual que recibe IDEAL es de un mil ochenta millones de pesos por la prestación de los servicios del reclusorio, excepto los de seguridad. 

El comunicado de los organismos de Derechos Humanos denuncia que “Según múltiples testimonios, dichos actos provocaron la muerte de una mujer de aproximadamente 50 años y al menos una más se encontraría gravemente herida. Dicha información fue recibida de familiares y víctimas, muchas de las cuales ahora se encuentran amenazadas por denunciar los hechos”.

Las organizaciones tienen conocimiento de múltiples casos que han sucedido en el marco de los traslados realizados del Centro Federal Femenil “Noroeste”, Tepic, Nayarit, en diciembre de 2015, y del Centro de Prevención y Readaptación Social (Ceprereso) Topo Chico, en Monterrey, en febrero de este año.

El portal Sin Embargo precisa el caso de Taylin Wang entre otros, a quien Amnistía Internacional considera “sobreviviente de tortura” en México.  Taylin, de 36 años y madre de tres hijos, se estableció en México en 2007 para abrir un restaurante de comida peruana. Fue detenida por policías federales en febrero de 2014 acusada de pertenecer a una banda de secuestradores.  Padeció golpes y tortura durante su aprehensión, los cuales le hicieron abortar  y situación por la cual no recibió los cuidados médicos adecuados.

La madre de Taylin, María Wang,  declara en entrevista telefónica al reportero de la revista Vice, Emilio Godoy, según reporta Sin Embargo, que “a su hija y a las otras reclusas las marcaban en la espalda, las golpeaban, les negaban calmantes para los dolores de espalda causados por los golpes y los ansiolíticos que requiere.  Sólo puedo visitarla cada ocho días”.

Es importante precisar que, en su reciente informe sobre México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el punto número 52 del mismo, en el capítulo referente a las principales fuentes de violencia en el país, asienta que “ha recibido información sobre la creciente tendencia de que empresas privadas operen centro penitenciarios en México. Al igual que con la proliferación de fuerzas privadas de seguridad, la CIDH expresa su preocupación de que no existe un marco legislativo que los regule debidamente”.

El comunicado de los organismos defensores de los Derechos Humanos, por la información que han recibido, exigen a las autoridades competentes, al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez y al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, que se detengan de inmediato los traslados de mujeres al Cefereso 16,  hasta que se tomen medidas para el esclarecimiento de los hechos denunciados, que se de puntal seguimiento al expediente de queja abierto y que se garantice y supervise, el acceso a la atención médica,  a los medicamentos que las internas requieren y que las condiciones y el trato al interior del penal respeten la dignidad humana.