La crisis de derechos humanos que vive México da miedo. Desgraciadamente esta afirmación no es ninguna exageración: basta escuchar algunos noticieros de radio y televisión, leer algún periódico, incluso los que son proclives a los gobiernos nacional y locales, para constatarlo.
En muchos países un gobernador como el de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ya habría sido destituido por sus ataques a periodistas y su incapacidad, por decir lo menos, para enfrentar la inseguridad, los crímenes, desapariciones y violaciones que han venido sucediendo en esa entidad: los últimos reportados implican a policías municipales en la desaparición de tres jóvenes en Papantla, lo que lo llevó a decidir que en ese municipio opere el mando único encabezado por la policía estatal, implicada a su vez en la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca, que fueron asesinados e incinerados en el rancho El Limón. Están además las violaciones contra dos jovencitas, con videograbación de por medio que para colmo fue subida a internet, en las que la procuraduría de justicia de esa entidad ha sido tolerante hasta un grado que algunos califican de complicidad con los juniors perpetradores.
La Jornada informó el jueves 31 de marzo que en diferentes circunstancias, 16 estados han realizado la solicitud de alerta de violencia de género pero sólo se ha declarado en dos, el estado de México y Morelos. Al respecto, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, Alejandra Negrete, dijo que la violencia contra las mujeres en México no es ficción ni un asunto de entretenimiento; los feminicidios ocurren todo el tiempo en el país por lo que es urgente enviar un mensaje para que ello no se vea como normal,
El mismo día se informó que de 2012 a 2014 el número de niñas y adolescentes desaparecidas de entre 0 y 17 años aumentó 191 por ciento, al pasar de 404 a mil 179, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México.
En Morelos la Fiscalía General ordenó inhumar más de 150 cuerpos en fosas comunes en Tetelcingo. El hallazgo de fosas comunes es frecuente no sólo en esta entidad sino en Michoacán, Sinaloa, Chihuahua, prácticamente en todo el país, algo que es aterrador. La Procuraduría General de la República admitió en Guerrero, en la búsqueda de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, desde octubre de 2014 se han hallado 60 fosas comunes con los restos de al menos 129 personas en el sur de esa entidad. ¿Y las investigaciones? ¿las hay?.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron por otra parte que la masacre de Tlatlaya, Estado de México en la que militares ejecutaron 22 personas «se encamina a quedar impune» luego de que un juez militar absolvió del delito de «infracción a sus deberes militares» a soldados acusados de participar en dichas ejecuciones. Hay que recordar que en julio de 2015 el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez denunció que en ese caso hubo una orden de operaciones para «abatir delincuentes en horas de la obscuridad». La ong aseveró que la PGR no ha citado a ningún mando militar para aclarar si dicha orden es parte de los «deberes militares».
Así podríamos continuar recogiendo cientos de notas de casos como los que a vuelo de pájaro hemos ido enumerando. Pero ya el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza calificó la situación con una acertada frase: México está entrando «en una regresión autoritaria», dijo, al comentar el inicio de una investigación previa por una denuncia penal en su contra, luego de que la CIDH emitiera un comunicado en el que rechazó los ataques en contra del mexicano así como del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), por el caso Ayotzinapa.
El ex ombudsman de la Ciudad de México calificó como «inaudito» que se le investigue y que el gobierno de México participe en lo que llamó una campaña de desprestigio contra el GIEI después de haber solicitado la asistencia técnica de la CIDH y cuestionó: «si el gobierno mexicano ataca así a los organismos internacionales, cómo se puede esperar que actúe con los defensores de los derechos humanos en su país».
Bueno, ya la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos documentó en un estudio que se está presentando al público en estos días, que al menos 49 % de las defensoras de Derechos Humanos han padecido violencia psicológica; violencia patrimonial el 8.1%; robo el 11.6%; violencia física el 7%; económica el 4.7%; sexual el 2.3% y otras formas de violencia el 4.7 por ciento.