El pasado 2 de octubre, después de la presentación del informe preliminar derivado de la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a México, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, salió a decir en conferencia de prensa y por varios medios de comunicación afines al    gran poder, que “la normalidad de México no es Iguala”. Como se ha vuelto costumbre, la diatriba es la forma más banal para desacreditar las opiniones calificadas de expertos internacionales. En lugar de asumir una posición más constructiva, el gobierno federal descalificó de tajo el informe, porque sus aseveraciones no se plegaron a los cánones de la adulación. Contradecir el discurso oficial  es “un exceso y un despropósito”.

 Esta postura burda no es nueva, lo hicieron con el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas y con el Relator Especial contra la tortura, el doctor Juan Méndez, quienes constataron que en México tanto los casos de desaparición forzada como la práctica de la tortura son generalizadas. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, no ha sido valorado en su justa dimensión, como lo han solicitado los padres y madres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, de que se integre en su totalidad a la averiguación previa, porque para el presidente Enrique Peña Nieto “son hipótesis” que necesitan ser cotejadas con otro equipo de expertos internacionales.

 En el corifeo de los  políticos, el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth se plegó al guión oficial. Con gran desparpajo dijo “bajo ninguna circunstancia podemos aceptar que el Estado Mexicano esté fallando de manera sistemática y generalizada en la defensa de los derechos humanos.” Para congraciarse con su jefe máximo  volvió a la cargada mediática “México no es Iguala”.

 Haciendo eco de que “México no es Iguala” podemos decir que si a México lo vemos desde el corazón sangrante del pueblo pobre, es más que Iguala y Guerrero.  Los datos de la tragedia lo dicen todo: en el período que va de diciembre de 2006 al mes de agosto de 2015 en nuestro país se han registrado 151 mil 233 personas asesinadas. Desde el inicio del gobierno de Calderón las cifras oficiales dan cuenta de 26,000 personas cuyo paradero se desconoce, siendo un gran número de desapariciones forzadas. De frontera a frontera miles de mujeres y niñas son abusadas sexualmente. Padecen el calvario del desprecio y la criminalización porque las mismas autoridades se encargan de endilgarles la responsabilidad de su propia desgracia. Para el gobierno esta realidad que nos hunde en el pantano de la inmundicia no es un exceso ni un despropósito, es parte de la “normalidad democrática”.

 Iguala es la síntesis de la tragedia nacional, es la condensación de la decrepitud gubernamental, al ápice del poder impune que ha dejado en manos de la delincuencia organizada el control de las instituciones de seguridad y justicia. Como bien lo expresó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zaid Ra¨ad Al Hussein, Iguala “es un microcosmos de problemas crónicos que subyacen a la implacable ola de violaciones de derechos humanos que está teniendo lugar a lo largo y ancho del territorio mexicano…Iguala pone de relieve el predominio de la impunidad y la indiferencia por las víctimas que afectan al país entero”.

Iguala es México, porque en todo el país se extiende la cauda de personas asesinadas, desaparecidas, torturadas, sometidas al más cruento tormento de la violencia y la inseguridad. México es Iguala, porque los niveles de corrupción, indolencia,  y colusión de las autoridades con el crimen organizado son altos, pero  se mantienen en la opacidad por el gran poder que ejerce la macrodelincuencia dentro del aparato gubernamental.

Para los de arriba es muy cómodo decir desde sus aposentos que México no es Iguala. Es un despropósito reiterarlo cuando se mira a México desde los aviones. No puede ser Iguala en la bolsa de valores donde se regatea el patrimonio nacional, ni en las mansiones principescas como la casa blanca.  Sin embargo, para los de abajo; para los millones de pobres que no tienen trabajo; para las miles de familias que son víctimas de la violencia, para los estudiantes de las periferias que son asesinados y desaparecidos por exigir educación gratuita;  para los pueblos indígenas que se organizan y resisten para defender sus territorios  contra las empresas extractivistas; para las mujeres que son víctimas de la violencia propiciada por el estado; para las y los periodistas asesinados a causa de su compromiso con la verdad, para las y los luchadores sociales asesinados por levantar la voz y denunciar las tropelías de las autoridades; para los migrantes que son víctimas de todo y de todos, Iguala es el símbolo de la realidad violenta que se impone con la fuerza represiva del Estado en cada rincón del país.

Iguala representa para millones de mexicanos y mexicanas el imperio de la impunidad. La criminalidad encaramada en las esferas del poder. La delincuencia al mando de las corporaciones policíacas. La rapacidad de los políticos obsesionada por vaciar las arcas públicas. El uso faccioso de las leyes para ampliar el espectro de las actividades ilícitas. El poder militar para proteger los intereses económicos de los grupos caciquiles y para encubrir las atrocidades de los gobernantes. La violencia que campea en Iguala es el compendio de la podredumbre de la burocracia arrabalera que impide que las víctimas de violaciones de derechos humanos accedan a la justicia. Iguala es el espejo de la impunidad castrense repetida en Tlatlaya, Ostula y muchos lugares más. Iguala, la ciudad de los oreros, representa la primacía que el gobierno de Peña Nieto le da  a las inversiones privadas por encima del sagrado derecho a la vida, por la que millones de ciudadanos y ciudadanas luchan a diario para que en verdad México no sea Iguala.

*Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan