Ayer, Amnistía Internacional (AI) presentó su informe Un trato de indolencia: la respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México. En su documento, quienes integran esta organización sostienen que las deficiencias en la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, se replican en toda la geografía de México.

Y es que, no obstante que existen más de 27 mil personas desaparecidas, las autoridades del país muestran incompetencia y ausencia total de voluntad en materia de indagación y búsqueda, lo que alimenta una crisis de derechos humanos de dimensiones epidémicas.

“Por desgracia, las desapariciones han pasado a ser algo tan habitual en todo México que prácticamente ya forman parte de nuestra vida cotidiana. En las contadas ocasiones en que realmente se llevan a cabo investigaciones, casi no pasan de ser una mera formalidad para aparentar que se está haciendo algo”, comentó Erika Guevara Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América, durante la presentación del informe.

En Chihuahua, casos de desaparición análogos a los de Ayotzinapa

En Chihuahua, el equipo de AI descubrió casos análogos de incompetencia en la investigación de la desaparición de personas. Detectó, asimismo, al menos un caso de encubrimiento por parte de las autoridades locales. Desde 2007, casi 1 mil 700 personas han desaparecido en esta entidad.

Respecto de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la organización internacional enfatiza la falta de investigación seria e imparcial, lo que ha provocado, por ejemplo, que hasta la fecha no se haya esclarecido mínimamente la responsabilidad del mando.

De acuerdo con Erika Guevara, “la incesante ola de desapariciones que se ha adueñado de Chihuahua y la irresponsabilidad total con que se está manejando la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ponen de manifiesto el desprecio absoluto de las autoridades mexicanas por la dignidad y los derechos humanos”.

Llaman a corregir el proyecto presidencial de ley general de desapariciones

AI considera que las autoridades mexicanas deben elaborar una política pública destinada a evitar la tragedia de las desapariciones, a poner en marcha investigaciones y búsquedas efectivas y eficaces, a llevar a los responsables ante la justicia y a garantizar reparaciones adecuadas a las víctimas.

Respecto del proyecto de ley para abordar la crisis de desapariciones que Enrique Peña Nieto, presidente del país, presentó al Congreso de la Unión el 10 de diciembre de 2015, quienes integran la organización internacional apuntan que “no cumple con las normas internacionales en algunos aspectos fundamentales”.

En consecuencia, llaman los legisladores del país a “mejorar sustancialmente el documento para que sea un instrumento eficaz a la hora de garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas y de impedir que ocurran más desapariciones”.