Por lo menos 35 mil 433 personas son víctimas de Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México, fenómeno no reconocido oficialmente en el país, principalmente a causa de la violencia ligada a grupos criminales y la impunidad, así como por la falta de condiciones para el desarrollo y la debilidad del Estado de derecho, reveló la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Un muestreo realizado por el organismo nacional con base en testimonios recabados en comunidades, ejidos, rancherías y municipios detectó mil 784 personas que dijeron haberse desplazado, en tanto que distintos organismos protectores de derechos humanos informaron de la existencia de 6 mil 685 víctimas más y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas reportó haber dado atención a 5 mil 364 familias de personas indígenas desplazadas de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Oaxaca, lo que equivale a 16 mil 92 personas.

“Las dificultades para abordar este tema empiezan desde el hecho de que no exista dentro del sistema jurídico mexicano, una norma que establezca qué debemos entender por desplazamiento forzado interno o que establezca un marco de actuación frente al mismo”, explicó el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez.

Ante esto, resaltó que al no existir un marco jurídico por la falta de reconocimiento del DFI, no hay información completa, actualizada y verificable sobre el número de personas víctimas.

Así, la CNDH exhortó al gobierno mexicano a reconocer al DFI como un fenómeno y a crear una política pública integral y transversal en derechos humanos para proteger y garantizar los derechos de las víctimas, así como a formular protocolos de actuación para autoridades, corporaciones y funcionarios del Ejecutivo federal y generar acciones de coordinación entre las entidades de los tres niveles de gobierno, organismos internacionales, sociedad civil organizada y sector privado.

Foto: Cuartoscuro