Desde el lunes 23, decenas de familias de indígenas que forman parte del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero, iniciaron una movilización en reclamo de soluciones de vivienda, dotación de granos básico e infraestructura, que esperan desde que sus comunidades fueron arrasadas por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, hace más de dos años.

La caravana llegará al Distrito Federal el próximo miércoles 2 de diciembre, para reunirse con autoridades federales y plantearles las demandas antes descritas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares en la favor de los integrantes del Consejo, para salvaguardar su vida y su integridad personal, así como la potestad de manifestarse libremente, y garantizar su derechos a la protesta y la libertad de expresión de los marchantes.

Las medida cautelar se tradujo en un oficio girado por la CNDH a Roberto Campa Cifrián, (Subsecretario de Asuntos Jurídicos y ddhh de la Secretaría de Gobernación Federal) así como a Florencio Salazar Adame (Secretario de Gobierno del estado de Guerrero), quienes serán los responsables políticos de garantizar el bienestar de los integrantes de la caravana.

Llevan casi una semana de marcha. A su salida desde Tlapa, el lunes, realizaron una conferencia de prensa en que el antropólogo Abel Barrera Hernández, Director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, resumió los motivos del reclamo: “Hemos tenido que alzar la voz contra las autoridades que han desatendido, y sobre todo, han abusado de la buena fe de estos pueblos que han confiado en las promesas de los gobernantes, y que a dos años dos meses después de las tormentas no ha habido una respuesta adecuada y ni una solución a las demandas más urgentes que se han planteado”.

Las obras anunciadas como el “Plan Nuevo Guerrero”, manejaron sumas del entorno de los 37 mil millones de pesos destinados a la reconstrucción de los 19 municipios afectados. “Todo ha quedado en obras inconclusas, en obras mal hechas y sobre todo en la falta de atención por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno para poder atender la gran demandas que tienen estos pueblos”, apuntó Barrera Hernández a la salida de la caravana.

Al día siguiente, el martes 24, las más de dos mil personas pertenecientes a 13 de las comunidades afectadas, “se reconocieron como parte de una misma lucha por dignidad y justicia” con las familias de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de la Escuela Rural de Ayotzinapa.

El miércoles 25 llegaron a Chilpancingo, capital del estado de Guerrero. Allí acudieron a las oficinas de la Procuraduría General de la República, a denunciar el fraude cometido por los tres niveles de gobierno y las empresas constructoras, que incumplieron con las obras prometidas para la reconstrucción de las comunidades de la montaña.

En esa instancia, se reunieron con autoridades de gobierno del estado y federales. Sin embargo, esta reunión no cumplió con las expectativas del Consejo, por lo que se retiraron de la mesa. Así lo explica Barrera Hernández, que participó de la misma:

«Desde un principio veíamos que la mesa que se iba a instalar no respondería a las expectativas que el Consejo de Comunidades Damnificadas había planteado. Habíamos solicitado la presencia del secretario de la Secretaría de Desarrollo Social Federal (SEDESOL), la secretaria de Desarrollo Agrario (SEDATU) y la directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), principalmente. Lamentablemente nos engañó el gobierno del estado a través de la secretaría de gobierno, con el subsecretario de asuntos políticos, quien nos manifestó que venían funcionarios federales de alto nivel. Al final fue realmente una burla, lo que nos mostró el nivel que tiene este gobierno de no formalizar y de no tomar en serio estos acuerdos. Las autoridades se han mostrado insensibles, burocráticas, sin ningún compromiso con la población, sobre todo con la población indígena. Nos sentimos ofendidos, burlados y sobre todo enojados, porque la manera en cómo le dieron seguimiento a esta mesa fue lamentablemente indigna para los pueblos que se movilizaron, por esa razón nos levantamos, tuvimos que dejarlos ahí y tuvimos que mostrar nuestro desprecio, y sobre todo expresar que lamentamos que el gobierno de Astudillo haya despreciado a los pueblos indígenas, nos queda una muestra clara del desprecio que existe de esta clase política en Guerrero»

Fotos: Tlachinollan