Herederos de un territorio donde brotan manantiales y ríos, la comunidad nahua de San Pedro Tlanixco en Tenango del Valle, Estado de México, mantiene desde hace casi trece años la lucha por la defensa del agua y por la libertad de sus presos políticos.

En el año de 1989 llegó un grupo de empresarios floricultores de Villa Guerrero a apropiarse de forma ilegal e ilegítima del caudal de ríos y manantiales de la comunidad de Tlanixco con la complicidad de los gobiernos municipal y estatal, que ignoró el derecho de la comunidad originaria al uso y aprovechamiento de sus aguas.

En 2003, al caer en un acto de provocación en medio de las disputas legales con los empresarios, los pobladores se reunieron para defender pacíficamente un área invadida. Después de firmar “un acuerdo de respeto mutuo” con ellos, en medio de una confusa situación, el presidente de la denominada asociación civil “Usuarios del río Texcaltenco” con quien se realizaba el acuerdo, fue encontrado muerto.

Sin prueba alguna, ni testigos de por medio acerca de como ocurrió la muerte de Alejandro Isaak Basso, presidente de la asociación de empresarios, éstos acusaron a Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González, Rómulo Arias Mireles, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Dominga González, Marco Antonio Perez González, Santos Alejandro Alvarez Zetina y Rey Pérez Martínez, todos integrantes de la comunidad de Tlanixco, del homicidio de Basso y de la privación de la libertad de otras once personas que lo acompañaban y que habían firmado el acuerdo. Los acusados en ese momento eran autoridades ejidales y representantes del Comité del Agua de la comunidad que habían participado de forma decidida en la lucha por la defensa del agua. 

A partir de 2003 comenzó una pesadilla para la comunidad de Tlanixco. Un largo periodo de hostigamiento y represión masiva a la población dio inicio. Intrusiones violentas en la madrugada a los hogares, amenazas con armas de fuego a niños y adultos, familias enteras eran sacadas de sus casas a media noche en medio de amenazas y humillaciones e inclusive secuestros express presumiblemente realizados por la policía, de los familiares de los acusados para que proporcionaran información sobre ellos. El terror desmovilizó a la comunidad. 

Desde entonces, cinco hombres y una mujer permanecen presos en el penal de Almoloya condenados a más de cincuenta años de prisión.

En 2014, en un comunicado la comunidad nahua anunció: “No nos pueden tener paralizados por siempre. Hemos recobrado fuerzas a pesar de que nos falta la presencia y compañía de nuestros compas, que son también nuestros hermanos, esposos y padres. Si hay delito que perseguir tras la muerte del señor Isaak Basso, es la autoridad quien debe hacer su trabajo e investigar seriamente hasta encontrar y castigar al culpable. Es su trabajo que no han hecho. Nosotros tenemos pruebas de la inocencia de nuestros compañeros, ellos tienen pruebas de que el dinero manda, de que pueden usar la ley como les dé la gana”.

Nació entonces el “Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y la Vida” que  no descansará hasta conseguir que se haga justicia y que sus compañeros recuperen su libertad. 

La organización desde abajo tomó su curso. Como guardianes de sus recursos, la comunidad nahua aprendió a escuchar, a tomar acuerdos, a exigir sus derechos y a decir ya basta.

En un reciente comunicado, en diciembre de 2015, durante la jornada nacional e internacional por la defensa de sus presos políticos, el Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y la Vida de San Pedro Tlanixco, denuncian que en septiembre el juez Victorino Hernández Infante, Juez Primero de Distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, negó el amparo a Lorenzo Sánchez Berriozabal en contra de la resolución que declaró improcedente el incidente de libertad por desvanecimiento de datos dictado el 21 de agosto de 2014.

En el mismo comunicado expresan que “están conscientes que la justicia verdadera debe construirse desde abajo porque ni los gobiernos, ni las instituciones que supuestamente defienden los derechos humanos la construyen”.

Convocados a “supuestas mesas de diálogo para solucionar los problemas” sin que hubiera ningún resultado,  recorrieron los diferentes niveles de gobierno del Estado de México donde solo buscaron cansarlos y rendirlos, sin hacerles mayor caso.

Así llegaron hasta la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) quien los contactó para que acudieran a poner su queja  y en donde contaron de nuevo los hechos que ya habían relatado al gobierno. En una segunda cita, la CODHEM les pidió firmar un documento en donde aceptaban que ellos no podían hacer nada más por el caso porque el tiempo ya pasó por lo que no es factible realizar una investigación. 

La comunidad de Tlanixco no aceptó firmar. Se preguntan entonces:  ¿los derechos humanos tienen fecha de caducidad?