En la historia moderna de México la práctica de la tortura se ha vuelto «un procedimiento rutinario y burocrático… un mal hábito institucionalizado» aseveró Kate Doyle, analista de The National Security Archive (TNSA) de la universidad estadunidense George Washington, durante la Jornada internacional La tortura en México, práctica sin freno, organizada por el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) de la UNAM, que se inició este jueves 28.

Doyle, fue responsable en febrero de 2006 de la publicación en el sitio de internet de TNSA (http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB180/index2.htm ) del «borrador» del informe sobre la «guerra sucia» llevada a cabo en México durante las décadas de los 60’s, 70’s y 80’s, elaborado por el equipo de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) que encabezó Ignacio Carrillo Prieto.

La FEMOSPP fue creada por el gobierno de Vicente Fox para investigar crímenes contra los derechos humanos. El informe le fue entregado pero no se hizo público, por lo que tres investigadores de esa fiscalía se lo filtraron al TNSA. De esa filtración se responsabilizó a José Sotelo, quien encabezaba el equipo que lo elaboró, razón por la cual fue inhabilitado por 10 años. Sotelo participó también en esta jornada internacional haciendo una «réplica» a la conferencia de Doyle e hizo suya la afirmación de la investigadora en el sentido de que la tortura en México «es una práctica que funciona como política de Estado, lo que significa que para el poder el Estado de derecho es una simulación».

En su exposición Doyle hizo una detallada referencia a la tortura que se ha practicado ampliamente por personal estadunidense en diversos países desde la guerra de Vietnam y más aún después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, y se refirió al entrenamiento que históricamente han dado elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a policías y ejércitos latinoamericanos en las técnicas de la tortura, incluso con la elaboración de un manual.

«En Estados Unidos nos estamos ahogando en información de la tortura» que ha realizado la CIA, el presidente (Barack) Obama puso término a la tortura mediante una orden ejecutiva, «pero nadie ha sido procesado por practicar la tortura en presos» afirmó.

Subrayó que para realmente erradicar la tortura de nuestra cultura tenemos que estar dispuestos a un proceso judicial, al castigo a los que ordenaron, planearon y permitieron la tortura. «En Estados Unidos estamos viviendo un escándalo congelado» se han publicado miles de páginas sobre la práctica de la tortura y reafirmando el rechazo a ésta, se ha prohibido legalmente «pero no hay resarcimiento legal».

«Sin justicia la tortura va a permanecer como una posibilidad en el futuro… se queda como una caja de herramientas» advirtió.

Mencionó que agentes torturadores como el que elaboró el citado manual de la CIA y condujo interrogatorios en los 80 -por lo cual según un informe del Senado estadunidense le «llamaron la atención»- es el mismo que en 2002 fue el jefe del grupo de secuestro e interrogatorios de la CIA en Afganistán. Esto revela que los gobiernos deben estar dispuestos a castigar y perseguir siempre a los perpetradores, enfatizó Doyle.

Apuntó además que México «está viviendo con su propio escándalo congelado» porque tanto el citado informe de la FMOSPP como el informe del Relator Relator Especial de la ONU sobre tortura, (Juan Méndez, quien visitó México entre abril y mayo de 2014 y aseguró que la tortura en el país «es generalizada») han revelado la práctica de la misma, «hay presión para hacer algo… pero todavía no hay una comisión de la verdad en México ni procedimientos judiciales para abusos del pasado y del presente».

«El único remedio para la tortura que tenemos es hablar de la tortura e insistir en ser escuchados», sentenció.

Por su parte José Sotelo mencionó que cuando Doyle publicó partes del informe de la FEMOSPP «el Estado mexicano minimizó el contenido de la información y lo trató como nota roja»; 11 meses después la Procuraduría General de la República «subió una versión censurada» que quitó a los pocos días y después, cuando se le pidió a través del IFAI que diera a conocer el informe, la PGR dijo no contar con la información; «no hay voluntad política para conocer la verdad de lo sucedido.

En el informe se consignaban, con fuentes documentales del ejército y la policía la práctica de la tortura, cientos de casos de desaparición forzada, crímenes de guerra, pero «el Estado mexicano ha decidido proteger a los asesinos y torturadores sin hacer nada para castigar a los perpetradores».

Sotelo aseveró que en lugar de eso el Estado optó por castigar a los que revelaron los crímenes, a él lo inhabilitaron 10 años, se expulsó a todo el equipo de la FMOSPP, «prefirió callar y guardar el informe, ser cómplice que hacer justicia» y a pesar de que ha habido esfuerzos colectivos para hacer propuestas para una ley que castigue la tortura, el Estado no los está tomando en cuenta «la iniciativa presidencial permite la impunidad en la cadena de mando», sostuvo.

Mencionó que de acuerdo a cifras de la PGR, de diciembre de 2006 a 2014, hubo 4 mil 404 denuncias por tortura, aunque la cifra negra puede ser de cinco veces más, de las cuales sólo 11 fueron presentadas ante un juez y ha habido cinco sentencias. «La impunidad es absoluta» reiteró.

Añadió Sotelo que la tortura y la desaparición forzada son crímenes predatorios del Estado de derecho y que la desaparición forzada es la peor forma de tortura que existe porque la otra, por muy dura que sea dura instantes, en cambio la desaparición es una tortura permanente.

Mencionó además que los mexicanos no podemos permitir que el Estado de derecho sea una simple simulación; es necesario que el pueblo conozca los crímenes que el Estado encubre, que en México haya una justicia transicional, que se restituya el daño, aunque pareciera ser que esto signifique una reconstrucción del Estado.