El Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong anunció en la mañana de este martes 29 de Marzo, en un programa de radio, que el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destinó a la investigación del caso Ayotzinapa no continuaría después de Abril, fecha en que vence la extensión del plazo acordado.

Sin embargo, a los padres de los muchachos desaparecidos no les fue comunicada oficialmente esta decisión y afirman, en la voz del abogado Vidulfo Rosales, que el anuncio del titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) los toma por sorpresa, ya que contaban con su anuencia para que los expertos continuaran seis meses más a partir del vencimiento.

“Nos sorprende el viraje que da el gobierno federal con respecto a la investigación del caso Ayotzinapa, que se hace pública en un contexto de descalificación al Grupo de Expertos. En reuniones anteriores, Osorio Chong había manifestado ante los padres que no habría problemas en extender el mandato del GIEI y también se había apalabrado a reunirse con ellos en privado. A pesar de nuestras gestiones, no hemos recibido respuesta acerca del pedido de reunión privada”, explicó el abogado.

Según relató a este medio, la relación entre la CIDH y el gobierno mexicano están regidas por el convenio de asistencia técnica firmado en Washington, cuya cláusula 10 establece que el trabajo de los expertos en México puede extenderse las veces que sea necesario hasta alcanzar los objetivos delineados en el mismo documento.

“Hasta hoy, ninguno de los objetivos trazados en el Convenio se ha alcanzado: principalmente, no se ha encontrado a los estudiantes y tampoco tenemos pistas de dónde puedan encontrarse. Se han dado pasos importantes en las 4 líneas de investigación planteadas por los Expertos Independientes, pero todas están apenas en una fase inicial. Ha habido, principalmente, un sinnúmero de operativos de búsqueda, pero no se ha tenido aún ningún resultado positivo.”

Las líneas mencionadas son: la búsqueda con vida de los muchachos; otra es la búsqueda sin vida; la tercera línea es investigar la hipótesis que surgió a partir de la confirmación de la existencia del 5° autobús participante en la Masacre y la última, investigar la participación y responsabilidad de la delincuencia organizada en los hechos, como motivo de la agresión a los normalistas.

El abogado insiste en que la continuidad del Grupo de Expertos, como garantía de transparencia en la investigación del caso, no depende únicamente de la voluntad del Gobierno mexicano, que no puede terminar su participación en la investigación de manera unilateral.

“La CIDH debe valorar el cumplimiento del contenido del acuerdo de asistencia técnica de Washington y hacerlo en relación con las partes. Sabemos que los objetivos planteados están lejos de haberse cumplido. Este anuncio del Gobierno Federal no tiene que ver con la Justicia ni con el avance de la investigación, sino que, según entendemos, es una posición política.”

¿Por qué el viraje en cuanto a la continuidad del GIEI si la Segob no había manifestado reparos en su continuidad? “Están respondiendo a la ultraderecha de este país, que insiste en la descalificación de los expertos. Eso sumado a la permisividad del gobierno de Enrique Peña Nieto, para quien el caso Ayotzinapa es una piedra en el zapato. Su pretensión es dar un carpetazo y dar por terminado el asunto, como muestra la multiplicación reciente de sus llamados al olvido del tema, a “superarlo”, sosteniendo que lo sucedido en Iguala es un hecho aislado en México, cuando todos sabemos que no es así.”

Según comenta el abogado e integrante del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan de la montaña de Guerrero, los padres insistirán en conseguir una reunión privada con el secretario de gobernación que anunció tajantemente el fin de la estancia del GIEI en México.

“Anteriormente Osorio Chong manifestó que la extensión del mandato no iba a representar ningún problema. Si ahora sí lo es, queremos que refrende frente a los padres esa posición, que es política, y que les ofrezca razones fundadas y motivadas para que el Gobierno Federal se niegue a la continuidad de los expertos. Lo que corresponde es que sea la CIDH la que evalúe lo cumplido. El Gobierno mexicano no puede dar por terminada esta relación unilateralmente porque en realidad, está siendo supervisado por el organismo internacional.”

Foto: Prensa Ayotzi