Ante el “ineficiente” marco de prohibición de la tortura como método de investigación de la Iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el cual no considera que la obtención de pruebas bajo el sometimiento y la tortura son un acto de revictimización, diversos colectivos de víctimas de la violencia en México manifestaron su preocupación sobre la integridad de los individuos en los procesos judiciales.
“La peor injusticia que puede sufrir una víctima de desaparición, secuestro, extorsión, feminicidio, trata de personas o cualquier otro hecho victimizante, es ver que la autoridad carece de las capacidades para investigar los hechos denunciados” para dejar que la carga permanezca con las víctimas o que la investigación se detenga, afirmaron agrupaciones como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM) y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD).
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014, en un 49.9 por ciento de las averiguaciones previas iniciadas “no pasa nada”, mientras que el Índice Global de Impunidad México 2016 establece que de un millón 679 mil 702 averiguaciones y carpetas de investigación abiertas en un año en las entidades federativas, únicamente se inician 215 mil 638 causas penales, es decir, el 12.8 por ciento.
De ese escaso número, muchas de las víctimas descubren que durante los procesos, el ministerio público o fiscalía no reúne pruebas sólidas y reales que esclarezcan los hechos y afirmen que la persona acusada es la verdadera responsable. “En estos casos, lejos de brindar justicia a las víctimas, el Estado sólo ha creado otra víctima más”, señalan los colectivos.
Ante esto, las agrupaciones exigen que la legislación general en la materia signifique un verdadero freno para la obtención de pruebas ilícitas, a través de métodos de tortura, sometimiento y otros malos tratos, de forma que la autoridad judicial excluya cualquier “evidencia” que no se haya comprobado su licitud.
Por último, reafirmaron que “la única manera de proteger los derechos de las víctimas es erradicando la tortura y los tratos crueles como “método” de investigación”, por medio de la demanda de investigaciones profesionales “a la altura” de los derechos de quienes son víctimas.
