Milpa Alta, Ciudad de México. El traspaso a la Secretaría de Marina de un predio de 7 mil metros en la delegación Milpa Alta, la zona rural de la recién nombrada Ciudad de México, puso en alerta a la comunidad de San Bartolo.

Un arco de piedra da la bienvenida al pueblo desde lo alto. Para llegar al predio en disputa, ubicado sobre la Avenida Milpa Alta, no se demora más de veinte minutos, marchando. A ese tranco, en la mañana del sábado 16 de enero, recorre ese trecho un nutrido grupo de vecinos de San Bartolo, pero también de personas provenientes de las otras ocho comunidades que integran la delegación Milpa Alta. Esos que parecen conformar un rosario sincrético de poblaciones originarias a las que les tocó algún “San” por defecto: San Salvador Cuauhtenco, San Pablo Oztotepec, San Lorenzo Tlacoyucan, Santa Ana Tlacotenco, San Agustín Ohtenco, San Francisco Tlalnepantla, San Francisco Tecoxpa.

Lo central en esta acción es reconocer lo cerca que está el predio en disputa del centro del pueblo. La cercanía aumenta el efecto nocivo en la vida comunitaria que puede traer la instalación militar, sostienen.

Lo otro importante de la caminata es comprender que “no se puede defender lo que no se conoce”, como enseñan los vecinos conversando en el trayecto. El predio estuvo casi 40 años en la égida de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin embargo, nunca tuvo un uso. Improductivo. Inmóvil.

El 8 de octubre del año pasado, hace apenas tres meses del momento en que ocurre la marcha, un decreto emitido por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, habilitó el traspaso del predio a la Secretaría de Marina.

Abelardo Jurado Giménez es uno de los ejidatarios presentes en la marcha. Vital para sus 81, aporta detalles del proceso durante la caminata, que se emprende tras la clausura simbólica del predio transferido a la marina por los montes del Cerro Malacaxco Tepetlatzintla.

Recorriendo las pendientes, siguiendo el sinuoso caminito del ancho de un pie, bañado en olor a pino y tierra mojada, Don Abelardo relata cómo fue que se enteraron de lo que estaba sucediendo: “Nunca las autoridades dieron a conocer al pueblo o consultar a través de una asamblea el propósito que tienen de destinar estas tierras a un centro experimental o de adiestramiento canino. Nunca se nos convocó ni siquiera a través de oficio.

Lo que sostienen los ejidatarios es que el decreto del presidente es ilegal, porque el terreno es propiedad comunal de Milpa Alta y sus pueblos, que le fue reconocida por una resolución presidencial previa, de 1952. El Código Agrario prohíbe “enajenar, ceder, transmitir, arrendar, hipotecar o gravar” de las tierras obtenidas por medio de los derechos agrarios.

Ante el atropello, la respuesta de los ejidatarios de San Bartolo fue llamar a asambleas en los pueblos de la región y alertar sobre el asunto.

“Cuando nos enteramos, de inmediato convocamos a asambleas y nos reunimos todos los miembros de la comunidad en donde levantamos nuestra protesta: que no es justo, que no es conveniente, que no trae ningún beneficio. Entablamos relación con la representación general comunal y se empezó a tejer comunicación con los representantes auxiliares de los pueblos que integramos la delegación Milpa Alta.”

Estos pueblos tienen muchas cosas en común: conforman la parte rural de la Ciudad de México, por contradictorio que eso suene con la nueva denominación que le fue otorgada a la capital mexicana; en ese papel comparten el rol de “corredor biológico” de la misma. Es decir, si la gente puede sobrevivir apiñada en el desierto luminoso y efervescente que es el casco urbano de la ciudad, es porque esta parte rural opera como reservorio básico de sus bienes naturales. Del agua en primer lugar.

“El cuartel es mero pretexto para tener una zona de vigilancia y así controlar a los movimientos sociales de la zona. Las fuerzas armadas van a funcionar presionando en favor de los megaproyectos que ya rondan en la zona para instalarse” explica Estanislao García Olivos, que también marcha en esa mañana de sábado.

“Milpa Alta ha sido un símbolo de lucha en el Distrito Federal (ahora “estado de la Ciudad de México”) desde 1975. El auge del movimiento ocurrió cuando combatimos la papelera Loretto y Peña Pobre, que tenía una concesión de 99 años para explotar los montes, en 1979, 1980.”

El veterano puede remontar la historia personal como luchador social desde el movimiento estudiantil del 68, pero su participación en la vida comunal está ligada, desde el inicio, a estas tierras y su defensa.

“Con los pueblos de Xochimilco venimos trabajando para exigirle al gobierno el pago justo de los créditos ambientales que prestan nuestros pueblos a la ciudad de México. Más del 70 por ciento del agua que se consume en la ciudad proviene de esta zona”.

Desde hace dos años, las Delegaciones Xochimilco, Tlalpan, Cuajimalpa, Tláhuac, Milpa Alta y Álvaro Obregón, formaron la organización de Pueblos Unidos del DF. La permanencia en la organización de los pueblos ha sido intermitente, pero eso no ha sido obstáculo para que funcionen como el actor político de la zona en estrecha relación con la comunidad.

Plantearon diez puntos de los cuales han conquistado ocho. La prioridad ahora pasa por la permanencia de las Brigadas Comunitarias.

Muchachos vestidos de riguroso negro custodian la marcha y particularmente al representante ejidal, Don Julián Flores. Los representantes comunales de los distintos pueblos se pasan el micrófono cuando la marcha llega a los portones del predio, para clausurarlo simbólicamente. La juventud de los -y las- guardias comunitarios contrasta con la longevidad de los representantes comunales. Los consultados reconocen la dificultad para que las nuevas generaciones se queden en el campo.

“Los padres de familia no hemos sabido llevar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a hacer un recorrido de nuestros bosques, de nuestros bienes patrimoniales que son propiedad comunal del pueblo y particularmente de la delegación Milpa Alta” reconoce Don Abelardo.

“Ha habido un problema, nos ha faltado organización y hay un poco de apatía de los jóvenes para incorporarse al censo comunal de ejidatarios. Sin embargo, vamos avanzando. Estamos haciéndolo para reestructurar las representaciones auxiliares de los nueve pueblos, que apoyan a la representación general.”

La tarea como Guardia Comunitario se lleva a cabo en el monte, y aunque mal paga y prácticamente sin seguridad social, es un hilo invisible que mantiene a los más jóvenes ligados a la identidad comunal. Lo que importa, entonces, es fortalecerlo.

Eso sólo se logra mejorando las condiciones de trabajo para los más de mil 500 “cuidamontes” del corredor biológico de la ciudad de México, cuyo sueldo no supera los 2500 pesos, a pesar de los riesgos que conlleva para los trabajadores: desde incendios forestales hasta accidentes en el monte. Los vecinos explican que es un programa similar a otras políticas sociales, salvo que “a nuestros brigadistas se les ponen metas de trabajo”.

Lo principal para los pueblos organizados de la zona rural de la ciudad de México es que les pague mejor y que se les brinde seguro médico y de vida. Hay dinero, dicen. De lo que el gobierno del estado le cobra a los citadinos, sólo un veinte por ciento llega a las comunidades.

Nueva embestida de un proyecto viejo

“Estamos exigiendo el pago justo de los servicios ambientales. En el caso del agua, lo que le cobran a los habitantes de la ciudad suma alrededor de 40 mil millones de pesos por año. A la comisión de recursos naturales del DF le llegan 20 millones por año para toda la zona de suelos rurales. Es una miseria”, explican los ejidatarios.

Fernando López Cruz es uno de los asesores de la representación comunal, encabezada por Don Julián Flores y es quien amplía estos datos: “Estamos con los pueblos unidos del sur, que son ejidatarios, pequeños propietarios, y comuneros de Xochimilco, de Tláhuac, Cuajimalpa, Tlalpan, con quienes hemos dado una lucha común por la situación del agua, la tenencia y el respeto a los pueblos.”

Lo que se está viviendo en este momento es una nueva embestida de un proyecto viejo, que comenzó en los años 80, bajo el nombre “Puebla-Panamá”. “Es un corredor que trata de hacer que toda la mercancía de Estados Unidos baje a Puebla y de ahí directo a Panamá, que pasa precisamente por estas tierras y nos parte los montes. Además habilita una extensión de la mancha de urbanización del DF hacia esta parte, cual significa una devastación de todo esto.”

Entre los vecinos también se lo menciona como el “Arco sur” que viene a cerrar el “arco norte” que sí ya fue construido, cerrando el dibujo para el tránsito de la mercadería entre Sudamérica y Estados Unidos.

La consecuencia, “muy al estilo de lo que se está haciendo en Cuajimalpa”, explican ería la construcción de zonas habitacionales para gente que trabaja, por ejemplo, en Santa Fé. De pulmón ecológico a ciudad dormitorio, más o menos. “Nos conectarían por arriba con zonas de clase media alta y alta, barrios privadas, al estilo de Los Pedregales. Por la parte baja, darían salida a Iztapalapa y Nezahualcóyotl. Pensamos que sucedería algo parecido a lo que sucedió con Ixtapaluca, dónde eran ranchos en una zona de siembra, llegaron las inmobiliarias y tapizaron todo. Ninguna de las dos acciones nos conviene, porque significaría perder la soberanía y la autonomía.”

Ausencio Flores, hijo de Julián también trabaja en las labores de conservación y cuidado de las tierras comunales, que desde hace 4 años sufren el acoso del loteo del monte. “Desde hace 4 años en Xicomulco hemos estado atentos a lo que sucede con estas tierras, pero desde hace dos que ha arreciado el avance, primero la tala y luego con la lotificación de estas tierras, que es ilegal porque es comunal.”

Tiene que ver, apunta López Cruz, con lo que se come. La zona es productora de alimentos orgánicos. Una señora de voz serena, que ha vivido “toda la vida” en Milpa Alta, lo explica con otras palabras: “nos gusta nuestro pueblo, lo que no nos gusta son las arbitrariedades que está haciendo el gobierno. La madre tierra necesita espacio para trabajar, con lo que nos da de comer y en su lugar vienen a sembrar casas.”

“Los proyectos macroeconómicos que traen implican prácticamente dejarnos sin la materia con la que trabajamos”, explican los ejidatarios. La solución que plantean es que los pueblos entren en la discusión de la política ambiental y en la planificación territorial de la zona.

“Queremos que se instalen mesas de trabajo en dónde se discuta qué es lo que aporta la comunidad a la ciudad. Lo que nos sucede es parte de lo mismo que quieren imponer en Xochicuautla, o en la ampliación de la autopista a Cuernavaca. Detrás de esto vienen megaproyectos, vienen las trasnacionales y todo lo que ya sabemos.”

Los comunitarios advierten que esta lógica no escapa de la que se impulsa en las zonas urbanas de la ciudad de México, planteadas por Miguel Ángel Mancera, el Jefe de Gobierno del ex Distrito Federal.

“Las llamadas Ciudad del Futuro o de la Salud funcionan atrayendo una fuerte inversión internacional de grupos privados, que están desalojando a la población para dejar los edificios y construcciones que ellos quieren. De esto se está quejando Tlalpan y muchas otras partes.” Los vecinos advierten que la que está menos definida en cuanto a proyectos de empresas concretas es precisamente en la que estamos, “la ciudad verde”.

“Queremos que se reconozca el derecho que tienen los pueblos originarios como habitantes de esta tierra y también como propietarios y generadores de estos valores. Teniendo eso, que nos permitan desarrollarnos a nuestros tiempos, en base a nuestros objetivos. No queremos tomar los papeles de la ciudad, queremos nuestra propia identidad, nuestra cultura, rescatar nuestro idioma, nuestra historia. Esa que tantas veces se nos ha negado.”

Fotos: Eliana Gilet / #MilpaAltaSinCuartel