Francisco Juan, Arturo Pablo, Adalberto Villatoro, Mynor López, Rigoberto Juárez, Domingo Baltazar, Ermitaño López, son apenas siete nombres de una larga lista de líderes comunitarios presos. Sus delitos: ser pobres, ser indígenas, defender con el cuerpo el agua de las comunidades del norte de Huehuetenango, ante la imposición arbitraria y corrupta de empresas hidroeléctricas construidas con capital nacional y extranjero, con el beneplácito de las autoridades del des-gobierno de Guatemala del Partido Patriota, que no es casualidad, hoy una buena parte de sus funcionarios estén tras las rejas, acusados de corrupción y del uso del Estado y sus privilegios como funcionarios públicos en función del enriquecimiento ilícito.
A los líderes comunitarios se les acusa de secuestro, de instigación para delinquir, de obstrucción, -vaya ironía- a la justicia, hechos que el Ministerio Público, mediante la fiscalía de Derechos Humanos ha sido incapaz de comprobar con elementos contundentes. Han estado en prisión preventiva por más de un año, como parte de una estrategia de las empresas hidroeléctricas en contubernio con funcionarios públicos para desmovilizar la resistencia comunitaria a los proyectos extractivos en Santa Cruz Barillas y Santa Eulalia, Huehuetenango.
Ellos, los líderes, han sido recluidos en los decadentes centros de detención de la zona 18 capitalina y la cárcel de Huehuetenango. Para ellos no hay medidas sustitutivas, fianzas y respeto a sus derechos humanos. Les suspenden audiencias con cualquier excusa y niegan cualquier medida que les favorezca, ya que según los jueces, ellos son altamente peligrosos. Los medios de comunicación corporativos han criminalizado a los líderes comunitarios, les niegan el derecho a la “presunción de inocencia”. Todo esto, porque se atrevieron a ponerle un alto a la máquina depredadora del capital, que extrae todo lo que toca, que no le importa el futuro y el presente de los pobres, los indígenas, los campesinos cuando se trata de generar ganancias y acumular riqueza.
Contrasta e indigna el trato que han recibido los señores de Huehuetenango y el tratamiento que han hecho del militar genocida de Otto Pérez Molina, de la corrupta Baldetti, su séquito de empleados y todos los corruptores empresarios, pandilleros de cuello blanco que han destruido las instituciones públicas con todos sus desfalcos y tretas. Para ellos hay prisiones especiales, llevan dietas alimenticias, tienen acceso a medios informativos, para ellos se cuida el debido proceso, para ellos las audiencias no se suspenden, para ellos medidas sustitutivas, fianzas, arrestos domiciliares.
Es un hecho evidente que el racismo continúa presente en esta sociedad, por muchos cambios de pensamiento o mejoras en pos de la igualdad que se hayan producido mediante legislaciones y convenios en los últimos 20 años. Racismo y clasismo. Aunque las fronteras que operan entre uno y otro en estas situaciones son muy delgadas, las fronteras étnicas son siempre más fuertes que las económicas. Porque incluso un indígena diputado o un indígena que tiene helicópteros y pertenece al “Cacif Maya” no reciben nunca el mismo trato en la opinión pública que cualquiera de los no indígenas diputados y empresarios, aún sean los más corruptos del país.
Ese racismo que se exacerba hacia las capas más desfavorecidas de la sociedad, aquellas a las que los acomodados ven como una amenaza. Por esta razón, el racismo y el clasismo, se hacen evidentes en la forma en que imparten sentencias en las cortes guatemaltecas. Son una prolongación de esa podredumbre en la que este país esta educado, en dónde existe una excesiva admiración por los millonarios y los famosos, aun así lo sean a base del despojo, la evasión fiscal y la corrupción, y se fomenta un intolerable desprecio por las capas sociales más pobres, aún estas defiendan con su vida y su cuerpo los derechos colectivos.
Ojalá todos los actores políticos de esta sociedad nos pronunciemos ante estos hechos y hagamos lo que corresponda, de acuerdo a nuestras facultades, para eliminar la injusticia, la desigualdad, el racismo. La liberación de los líderes comunitarios y las sentencias condenatorias a todos los políticos corruptos son una responsabilidad del sistema de justicia, no cuestión de filantropía. Debemos presionar en la construcción de otro país más justo, ya que vivimos en uno podrido desde sus raíces.
Texto publicado en Prensa Comunitaria
