La militarización de la seguridad pública han llevado al país a una “profunda crisis de derechos humanos”. Los saldos son “devastadores”. De 2006 a la fecha se han contabilizado, al menos, 10 mil 696 homicidios intencionales, 4 mil 55 denuncias directas por tortura ante la Procuraduría General de la República, 281 mil 821 personas desaparecidas, 281 mil 418 desplazamientos internos como consecuencia de la violencia y 8 mil 595 detenciones arbitrarias bajo la figura del arraigo.
Aunado a ello, para el mismo periodo, se han registrado 107 asesinatos y 25 desapariciones forzadas contra personas periodistas y defensoras de derechos humanos. Adicionalmente, México ocupa el lugar 16 a nivel mundial por su incidencia de homicidios contra mujeres, al registrar seis de estos crímenes cada día.
Por medio de una carta abierta, diversas organizaciones civiles exponen este panorama ante Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.
En el documento fechado este 5 de octubre tiene como objeto exhortar la intervención pro activa de esta instancia, que cuenta con una oficina en México, en el auxilio a las autoridades mexicanas en temas de prevención, atención y sanción de las violaciones a derechos humanos, dada la “crisis tan profunda de derechos humanos por la que atraviesa el país, caracterizada por violaciones graves, generalizadas y en ciertos contextos sistemáticas, la debilidad de las autoridades encargadas de su promoción y defensa, incluidos los órganos de procuración de justicia y el Sistema Ombudsman”.
El exhorto de las más de 50 organizaciones de la sociedad civil se da en medio del proceso de negociación que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostiene con la Secretaría de Relaciones Exteriores para acordar la renovación de los términos de un acuerdo de cooperación técnica. También en el contexto de la primer visita oficial que Zeid Ra’ad realiza al país del 4 al 7 de octubre.
Entre las peticiones de la sociedad civil para el Alto Comisionado, se encuentran: la emisión de un informe público sobre la situación de los derechos humanos en el país para que sea presentado ante los poderes del Estado y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas; el robustecimiento de sus funciones de observación; y el apoyo al Estado para el establecimiento de una comisión internacional contra la impunidad de violaciones graves de derechos humanos y de casos de corrupción.
Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, Centro de Derecho Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, son algunas de las organizaciones firmantes.
En su documento señalan que los “hechos atroces” se extienden a la actual administración, a cargo de Enrique Peña Nieto, bajo la cual “no sólo se han cometido graves violaciones a derechos humanos, sino potenciales crímenes de lesa humanidad”, como lo muestran los casos Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Tanhuato, Calera, entre otros.
