El pasado 6 de octubre, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) dirigió una acción urgente a los titulares de diversas dependencias del gobierno de Jalisco, para solicitarles la inmediata absolución de nueve comuneros de la comunidad indígena Coca de Mezcala de Asunción, ubicada en el municipio de Poncitlán, quienes fueron condenados por el delito de “daños a las cosas” en perjuicio del empresario Guillermo Moreno Ibarra.

El supuesto “daño” se deriva del retiro de un panel solar que Moreno Ibarra pretendía instalar en el predio El Comal, situado en territorio comunal y forestal. Con la implantación ilegal del panel, el empresario edificaría una represa para retener y bombear agua hacia la finca que años atrás construyó en el cerro El Pandillo, propiedad que el hombre de negocios arrebató a la comunidad en 1999.

Cabe destacar que la construcción de dicha represa perjudicaría a las poblaciones que habitan la ribera norte del Lago de Chapala, pues dejaría sin agua a los comuneros y habitantes de los cerros cercanos a la zona. Esta acción, que implicaría el arrebato del líquido vital, afectaría igualmente la fauna del lugar.

Antes de que la población de Coca de Mezcala procediera al retiro del panel solar y su posterior traslado a la casa comunal, acción acordada por la asamblea de comuneros, intentaron dialogar con Moreno Ibarra. No lo lograron. Fueron recibidos a balazos por un grupo de personas que resguardaba el domicilio de este hombre.

Las imputaciones en contra de los integrantes de la comunidad de Coca de Mezcala datan de abril de 2011. El prestanombres Crescenciano Santana, quien también es comunero, fue el primero en presentar la denuncia penal –que inicialmente se consignó por robo– ante la agencia del Ministerio Público de Ocotlán, Jalisco. Posteriormente, Moreno Ibarra se sumaría a la acusación.

Cinco meses después, en septiembre del mismo año, un juez decretó auto de formal prisión por el delito de “daño a las cosas” en contra de nueve habitantes de Coca de Mezcala, algunos de ellos de la tercera edad: Casciano Pérez Magallón, Cirilo Rojas López, Vicente Paredes Perales, Jorge de los Santos Pérez, Manuel Alejandro Jacobo Contreras, José Abraham de la Paz Sanabria, Ismael de los Santos González, Salvador de la Rosa Paredes y Petra Sanabria Claro.

Los indígenas lograron obtener su libertad bajo caución por medio del pago de una “cuantiosa fianza”. No obstante, el hecho de seguir procesados, aún en libertad, les impide llevar una vida normal.

Ya para mayo de 2015, Óscar Martín Morales Vázquez, juez Penal de Ocotlán, Jalisco, dictó sentencia contra ocho de ellos. Los condenó a 2 años, 6 meses y 15 días de prisión, sentencia que de inmediato fue apelada.

Hoy la decisión de la absolución o no está en manos de la Sexta Sala en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco que, de acuerdo con información extraoficial, podría emitir resolución en los próximos días. “No se puede aplicar el derecho positivo mexicano a los usos y costumbres de la asamblea comunal”, ese es el tema de fondo en este caso, refiere César Pérez, director del Cepad.

A través de la acción urgente emitida, el Cepad, organismo civil con sede en Guadalajara que apoya la defensa de casos paradigmáticos de violaciones de derechos humanos individuales y colectivos, exige a Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, que ordene la investigación los hechos y determine las violaciones procesales cometidas; a Luis Vega, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, que garantice la impartición de justicia pronta y expedita, y dicte las medidas necesarias para iniciar procedimiento administrativo contra quienes han obrado irregularmente en el proceso penal; y a los magistrados de la sexta sala que atiendan los agravios derivados de las violaciones al debido proceso y de la falta de aplicación del protocolo de actuación para los casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas.