Esta semana que termina fue pródiga en violaciones a los derechos humanos sobre todo en el Estado de México y en Michoacán, como botones de muestra de cómo por un lado se hace caso omiso de la legalidad y por otro se busca adecuar las leyes para sostener un Estado represor pero alegando el acatamiento de leyes que, como en 1968 los artículos 145 y 145 bis del Código Penal que tipificaban el delito de «disolución social», justifiquen, como entonces, atropellos, desmanes policiacos, crímenes de Estado incluso, en aras de una «paz pública» ideal para las clases acomodadas y el poder político absoluto, que era el priista.

A la par de acciones represivas en las que participan policías estatales y el ejército, se desarrollan campañas en los medios oficialistas para criminalizar las luchas sociales de resistencia de los pueblos contra los despojos de sus tierras y aguas o como en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, por su presentación con vida y por justicia o como en la lucha de los normalistas de Tiripetío, Michoacán, por el pago de sus becas que les adeudan los gobiernos estatal y federal desde 2015. Esto conforma una tendencia grave y preocupante que no es local sino nacional.

Así, el lunes 11, la policía del estado de México atacó en el pueblo otomí de Xochicuautla el Campamento de la Digna Resistencia, violando dos amparos para suspender las obras y medidas precautorias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Allá unos 800 policías golpearon a quienes desde hace cinco años han impedido que pase por sus tierras la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, a cargo de una de las empresas del grupo Higa, la constructora que edificó la Casa Blanca presidencial, protegiendo al personal de esa empresa que destruyó la casa de uno de los integrantes del Consejo Supremo Indígena del pueblo y el campamento de protección del bosque.
El martes 12, el ejército entró en tierras ejidales de San Salvador Atenco, escoltando una cuadrilla de trabajadores de una de las empresas privadas encargadas de la construcción de un nuevo Aeropuerto para la ciudad de México, pese a que también tienen ganado un amparo. Los militares incluso apuntaron con sus armas a los atenquenses que se oponían a la entrada de dichos trabajadores.

El mismo martes, en Tiripetío, Michoacán, la policía reprimió a estudiantes de la normal de ese lugar, con saldo de varios estudiantes heridos. Medios oficialistas responsabilizaron a los estudiantes de la quema de varios vehículos pero ellos, según reportó el sitio web Desinformémonos, señalaron que los normalistas no son ni vándalos, ni narcos y que están reclamando por los 8 millones de pesos los gobiernos de Michoacán y el federal les adeudan, desde septiembre de 2015, de las becas alimenticias y las de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para estudiantes de los últimos dos semestres de la carrera. Denunciaron que fueron policías los que incendiaron los vehículos como se ve en fotos que circularon vía internet.
Respecto a lo ocurrido en Xochicuautla y Atenco, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero señaló que fue la primera puesta en práctica de la Ley Eruviel -denominada así por el apellido del gobernador mexiquense- recientemente aprobada. Estos pueblos son además integrantes de El Fuego de la Digna Resistencia, una coordinación fundada por diversas organizaciones y cientos personas para hacer frente a dicha ley que permite el uso de fuerza letal en manifestaciones públicas, sólo con la decisión de las jerarquías policiales que realicen los operativos, dejando a un lado la responsabilidad de las autoridades estatales de mayor jerarquía.

Dicho centro analizó el ataque en Xochicuautla señalando que la empresa HIGA «está desesperándose porque el tiempo pasa y no logran imponer la carretera». Entre los que se mencionan en Xochicuautla hay complejos de cabañas residenciales y hasta un club de golf.

Pero además, indicó, el Zeferino Ladrillero, hay urgencia del gobierno de Eruviel Ávila, de avanzar en proyectos que considera clave, “antes que la resistencia tire no sólo la ley represiva, sino los proyectos de despojo que tiene proyectados a lo largo de todo el estado de México».