Al menos 53 niñas menores de edad han sido víctimas de abusos sexuales por parte de soldados y contratistas estadounidenses en Colombia. La cifra refiere los casos denunciados a las autoridades, sin embargo, se presume que el número de víctimas puede ser mayor dadas las circunstancias en las que se ha desarrollado el Plan Colombia en los últimos 15 años, entre ellas, la fuerte confrontación armada entre grupos insurgentes, grupos paramilitares y las Fuerzas Armadas que ha dejado más de seis millones de desplazados.

Además de esto, se constató que en año 2004, soldados y equipo técnico estadounidense grabaron en video una serie de abusos sexuales a varias menores de edad y luego vendieron y distribuyeron en Colombia dicho material como pornografía. Lo que implica un caso de pornografía infantil, es decir, un delito de carácter transnacional en el cual debería recaer todo el peso de la ley. Muchas de estas niñas tuvieron que abandonar sus lugares de vivienda debido a las continuas humillaciones que recibieron por parte de sus comunidades. Sin duda, este tipo de actos se hacen con la intención de demostrar el poder de los soldados en la zona.

Asimismo, se presume que agentes de la DEA gastaron durante años grandes cantidades del presupuesto oficial en fiestas que incluyeron el servicio de prostitutas menores de edad, en complicidad con la Policía Nacional y algunos carteles de la droga.

Los casos de abuso sexual salieron a la luz pública a partir de un conjunto de investigaciones sobre el conflicto armado, Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, liderado por el investigador Renán Vega Cantor, en el marco de los Diálogos de Paz de La Habana. En dicho informe se denunció el caso de un contratista y un sargento estadounidense, César Ruíz y Michel J. Coen, respectivamente, que drogaron, secuestraron y violaron en el 2007 a una menor de 12 años en el municipio de Melgar.

También, en el año 2012 se hicieron públicas una serie de fotografías y rumores que aseguraron que el Servicio Secreto y miembros del Ejército de EE.UU estuvieron involucrados en casos de prostitución en Cartagena, previos a la aparición del presidente Barack Obama en la Cumbre de las Américas.

¿Inmunidad o Impunidad?

Colombia firmó el Acuerdo de Misiones Militares en 1975, el cual garantiza inmunidad diplomática para todo el personal militar estadounidense y para los contratistas que operen en territorio colombiano a cambio de ayuda militar y financiera. Sin embargo, Colombia estaría obligada por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el cual los estados parte asumen la obligación de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos; por la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw por sus siglas en inglés) y por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Pará), de las que Colombia hace parte, a investigar, castigar y reparar a las víctimas de abuso y violencia sexual.

No obstante, César Ruíz y Michel J. Coen abandonaron el país bajo inmunidad diplomática y hasta ahora no han enfrentado cargos ni en Colombia ni en Estados Unidos a pesar del compromiso del Ejército estadounidense de investigar más a fondo lo ocurrido

Al respecto, Vega Cantor aseguró que en Colombia “hay abundante información sobre la violencia sexual, en total impunidad. Es decir, sobre el imperialismo sexual». Lo que contribuye a la inseguridad de la población civil, en especial la de las poblaciones en zonas de conflicto. Asimismo, el informe destaca en el capítulo «La dimensión internacional del conflicto social y armado en Colombia: injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de Estado», que las violaciones y agresiones sexuales por parte del Ejército Nacional son frecuentes y cuentan con la misma impunidad.

¿Y las leyes en Colombia?

En el Artículo 18, Derecho a la integridad personal, de la Ley de Infancia y Adolescencia (1098 de 2006) se dicta que “los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual y psicológico”. También, la Ley 1257 de 2008 por la cual se dictan normas de prevención y sanción a las formas de violencia y discriminación contra las mujeres, en la cual se entiende “Por violencia contra la mujer (…) cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos”.

Ante esto, pareciera que la preocupación gubernamental está más centrada en mantener las “relaciones diplomáticas” con EE.UU que en reconocer los delitos sexuales cometidos por varios ciudadanos norteamericanos en Colombia, tampoco se ha considerado el sufrimiento de las víctimas y su derecho a la reparación, no repetición y justicia integral que el estado colombiano debería garantizarles por ley, sin mencionar los acuerdos internacionales que se están incumpliendo de manera descarada y pueden traer graves sanciones por la vulneración de los derechos humanos.

Muchas de las víctimas que han denunciado los abusos, no solo en Melgar y Girardot sino en el Meta (Base MIlitar Apiay) y Atlántico (Base Militar Malambo), municipios en los que apenas han comenzado a denunciar, han sido sobornadas y amenazadas para mantener su silencio o han sido obligadas a abandonar sus viviendas bajo la advertencia de que sus vidas corren peligro.

La intervención estadounidense y otros casos de abuso sexual en el mundo

Muchos casos de abuso y violencia sexual se han conocido a lo largo de las múltiples intervenciones militares de EE.UU en el mundo. Uno de los casos más triste fue el de Abeer Qasim Hamza, una niña iraquí de 14 años que fue violada, torturada y asesinada por seis soldados estadounidenses en 2006. Asimismo, cientos de mujeres y niñas en Irak, Afganistán, Nicaragua, Haití, Guatemala, República Dominicana y El Salvador han sido víctimas de abuso sexual por parte de militares estadounidenses, la mayoría de los casos continúan en impunidad absoluta.