“Que la violencia contra los periodistas siga creciendo en México es una realidad a la que no debemos acostumbrarnos”, las palabras pertenecen al brasilero Rosenthal C Alves, profesor y titular de la organización Knight de periodismo, para comenzar la presentación del informe Anual de la organización artículo 19, que registra y sistematiza la violencia ejercida contra periodistas en el ejercicio de su labor.

“Es importante que los medios ayuden a dar visibilidad a los ataques y a los periodistas que son violentados, así como es deber de todos los estados, incluido el mexicano, de dar protección a los periodistas en el ejercicio de su labor. Sabemos que hay mecanismos de eficiencia probada en otros países que aquí se podrían replicar”, agregó.

El informe referido al año 2015 se titula “Miedo” y refiere a la hipótesis que la organización plantea con respecto al estado de las cosas: El miedo se ha generalizado entre los periodistas que ejercen su oficio en México, se ha instalado en todas las redacciones del país. Y eso puede verse también en durante el último año, han crecido las amenazas recibidas por los trabajadores de la prensa y han decrecido los homicidios, en promedio, desde el año 2009. “Las amenazas se volvieron más efectivas en 2015, el miedo está instalado” apuntó Darío Ramírez, director de Artículo 19 México.

“¿Cómo afectará a esta democracia tener periodistas con miedo? ¿Cómo afecta el miedo sus decisiones de publicar o no una información a la que acceden? La verdad es que no sabemos cómo nos afectará, pasará una generación para saber que con eso, todos estamos perdiendo”

Ramírez anunció a continuación que deja su cargo al frente de la misma y a continuación pasó a detallar las cifras cosechadas caso a caso, y a explicar, sin pelos en la lengua, algunos porqués de la situación actual. Tampoco le tembló el pulso al hacer aseveraciones firmes y precisas, como la que sigue: “Javier Duarte es el perpetrador de agresiones a periodistas más letal de la historia de México”. Durante su gobierno se registraron 203 agresiones y 15 asesinatos en Veracruz, el 13% del total del país.

Los datos brutos de los registros de Artículo 19 indican que en 2015 se produjeron 397 agresiones a trabajadores de la prensa y 7 asesinatos. El punto de comparación es el año 2009, en que se registraron 238 denuncias. Cuatro de cada diez de ellas fue cometida por servidores públicos, que se colocan en el puesto de los principales perpetradores de la violencia contra los periodistas.

“Por más que la narrativa oficial indique que la violencia proviene del crimen organizado, son los servidores públicos, en realidad, los que ostentan el primer puesto en la utilización de la violencia. El crimen organizado queda en segundo lugar. ¿Cómo tener un sistema de protección robusto cuando los principales perpetradores son los funcionarios públicos?” reflexionó, lúcido, Ramírez.

Agregó que durante 2015, el 8 por ciento de las agresiones registradas fueron cometidas por integrantes de partidos políticos.

Antes de pasar a desglosar los detalles de algunos puntos del país, el director de Artículo 19 agradeció la presencia de la familia de Ruben Espinosa, fotorreportero asesinado el 31 de julio de 2015, junto a la activista Nadia Vera y a otras tres mujeres: Yesenia Queiroz, Milé Virginia y Alejandra Negrete, en un episodio que sigue impune.

Las distintas situaciones

“No es la misma violencia la que se ejerce contra los periodistas en la ciudad de México que en otras ciudades del país”, explicó. La violencia para los trabajadores capitalinos se produce principalmente en un contexto de protestas.

El informe se detiene, por tanto, en la situación particular de cuatro estados: Tamaulipas, Veracruz, Puebla y Oaxaca.

“Tamaulipas es la cuna de la violencia contra la prensa en México”, que en el año 2000 registró el mayor número de agresiones contra periodistas: 13 asesinados, 6 desaparecidos y 11 ataques a medios de comunicación. El 2010 fue un año crítico registraron 2 asesinatos, 5 desaparecidos y 4 ataques a sedes de medios. El año 2015 se despachó con 8 agresiones en ese estado.

“Es menester que atendamos lo que sucede en Tamaulipas, ese estado también es parte de México y urge que volteemos a ver qué es lo que está sucediendo allí”

Para ejemplificar la situación, Ramírez citó el caso del periódico El Mañana, cuyos periodistas también se encontraban en la presentación del informe de marras, quienes en 2010 habían decidido no publicar ya información al respecto de las agresiones y cuando volvieron a hacerlo en 2015, su director fue secuestrado. “Es una historia difícil de contar, pero la sociedad tamaulipeca sufrió una grave crisis de información a partir de 2010.”

Veracruz también duele. “Sigue habiendo impunidad e indefensión de los trabajadores de la prensa. Así como desdén y simulación de las autoridades del estado”

En 2015 se registraron allí 67 agresiones a periodistas, pero Ramírez advirtió que esa cifra no refleja el total de la violencia ejercida contra la prensa en Veracruz, el 13% del total de los casos registrados en todo el país. Como se dijo más arriba, durante el gobierno de Javier Duarte se registraron 203 agresiones a trabajadores de la prensa y 15 asesinatos. “Javier Duarte es el perpetrador de agresiones a periodistas más letal de la historia de México”

Mientras tanto, en Puebla se destacan los ataques cibernéticos a los medios, con un 30% del total de este tipo de ataques en el país. Mientras en Oaxaca el blanco está puesto en las radios comunitarias, ya que de los 15 episodios violentos dirigidos a radios, 4 fueron a comunitarias.

“Las comunitarias de Oaxaca son importantes, sobre todo, para las comunidades más alejadas de los centros urbanos”

Ese estado registró 35 agresiones a la prensa en 2015, lo que representa el 8% del total del país.

Género y redes

Otro de los puntos destacados en el informe anual de Violencia contra periodistas elaborado por Artículo 19 es la situación de las mujeres periodistas y cómo son los ataques que sufren particularmente.

En 2015, se registraron 89 agresiones a trabajadoras del rubro, el 22% del total del país: hubo 7 asesinadas y 3 desaparecidas.

“En los últimos dos años, Artículo 19 atendió que la violencia contra las mujeres provino mayormente de plataformas digitales, entonces, nos preguntamos qué efectos provoca esa violencia en sus opiniones y en su posibilidad de expresarse libremente”

En 2015, Artículo registró 23 amenazas a mujeres en internet, 6 de ellas por medio de redes sociales, 9 fueron amenazas de muerte y 3 de violencia sexual, así como 17 situaciones de hostigamiento.

“El hostigamiento y las amenazas a mujeres periodistas utilizando internet es un debate que tenemos que tener a la brevedad y que es complejo: la tentación de regular los discursos en internet para prevenir la violencia se contradice con la libertad de expresión que buscamos proteger”

La protección ineficaz

Una buena parte del informe se dedica a repasar los detalles de los tres mecanismos de protección a periodistas existentes es distintas ramas del gobierno mexicano. “México cuenta con el sistema de protección más robusto del mundo, al que se dedican millones, y subrayo, millones de pesos para proteger a los periodistas, sin embargo, resulta ineficaz”

El primero de ellos es la Fiscalía Especializada en delitos con la libertad de expresión, que funciona en la égida de la Procuraduría General de la República. “Lleva 6 años de creada pero se ha dedicado a hacer política y no a hacer investigación de los casos. ¿Qué tenemos que hacer para que la Fiscalía haga las investigaciones?”

Ramírez sostuvo que tal afirmación no busca ser un comentario estridente sin motivo ni una afirmación liviana. Agregó que el caso que prueba esta voluntad de no hacer la tarea para la que fue creada es el asesinato de Moisés Sánchez, en Veracruz. “La Fiscalía tenía la potestad constitucional de atraer el caso, pero decidió dejarlo en el fuero común y que la investigación la lleven a cabo las autoridades de ese estado. Cuando supimos de esto, como organización presentamos un amparo que obligue a la Fiscalía a atraer el caso, ya que viola la constitución de no hacerlo”

Algunos datos: entre 2010 y 2015 recibió 751 denuncias. En 386 de ellas se declaró incompetente, 93 fueron consignadas y el 64% de las averiguaciones continúan. Pero el dato clave que refleja la falta de investigación es el siguiente: en seis años, la Fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión sólo cosechó una sentencia.

“Urge que la Fiscalía deje de ser una simulación y pase a dar resultados. El miedo seguirá mientras la justicia no llegue a los casos”

El segundo mecanismo de protección a periodistas está a cargo del Gobierno Federal e institucionalmente se encuentra en la égida de la Secretaría de Gobernación. “En 2008, pedimos que se creara un mecanismo similar al colombiano pero la realidad nos ha abofeteado la cara, ya que faltan resultados y protección a las personas violentadas”

Para ejemplificar, Ramírez brindó algunas cifras de los montos invertidos: recibió 667 millones de pesos y 122 solicitudes de protección durante 2015, de las que admitió 107. Mantiene 288 casos abiertos, de los que cada uno le cuesta 572 mil pesos en promedio y en cada uno de los 486 protegidos, 339 mil pesos. Sin embargo, sigue ineficiente.

La mayor parte de ese dinero se ha invertido en la entrega de 479 botones de pánico, pero “conocemos el caso de una periodista que fue amenazada por el teléfono del botón de pánico que le entregó el propio Mecanismo”

“Reconocemos la voluntad de esta instancia en mejorar y profesionalizar a sus integrantes, pero aún ese esfuerzo no ha dado resultados visibles”

El tercer mecanismo existente en México corresponde a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que a la fecha abrió 8 quejas de oficio. “El problema con la CNDH es que tiene dificultades para reconocer que los principales agresores son funcionarios públicos. Entendemos que tiene que ser más proactiva y de una vez, dejar de emitir recomendaciones generales para pasar a las individuales, caso a caso, que brinde a las víctimas y sus familias la capacidad de reparación del daño sufrido”

El último punto que recoge el informe y la preocupación de la organización que lo elaboró es la criminalización de la labor periodística que continúa en algunos códigos penales, ya sea a nivel federal o en las cámaras de los estados. “Ha habido un retroceso en el marco legal que tenemos. En 10 estados permanecen vigentes delitos contra el honor, en 21 de ellos subsiste el delito de halconeo que, coloquialmente refiere al crimen organizado y a las personas que los surten de información, se aplica también en casos en que una persona fotografía a un periodista recibiendo un soborno, y se acusa al informante de poner en peligro la integridad del agente.”

Por último, es grave la subsistencia del delito de ultrajes a la autoridad, aún cuando en los primeros días de marzo fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, para el caso de la activista Luna Flores, acusada de insultar a un agente durante una manifestación. El antecedente sirve para el resto de las personas, que son muchas, acusadas del mismo delito. Siempre, por lo general, utilizado contra personas detenidas durante manifestaciones.