El ejercicio de la memoria histórica es indispensable para la defensa y la recuperación de derechos sociales y políticos que, producto del despliegue del capitalismo y sus efectos en todas las esferas de la vida, se ha visto mermados o, más aún, desaparecidos. Tal es el caso de la educación pública en nuestro país, en particular en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde, ante la indiferencia de la Rectoría y la discrecionalidad de los Coordinadores de algunos Programas de Posgrado, se han cobrado, al margen de la Ley, cuotas por diversos conceptos atentando abiertamente contra la gratuidad.

El 6 de febrero recordamos una de las violaciones a la autonomía universitaria más violentas a través de la incursión del extinto cuerpo represivo denominado Policía Federal Preventiva (PFP). Con lujo de violencia se quiso derrotar uno de los movimientos estudiantiles más poderosos e importantes en defensa de la gratuidad de la educación superior y media superior. Se trató de un movimiento que logró frenar el intento privatizador que la ola de políticas económicas neoliberales impulsó con ferocidad. Los dos últimos intentos por modificar el Reglamento General de Pagos (RGP) –en 1987 con Carpizo y 1999 con Barnés de Castro- fueron frenados por la organización y movilización política de los estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria, del Colegio de Ciencias y Humanidades, así como de las diferentes Facultades y Escuelas Superiores de la UNAM, apoyados por profesores y trabajadores comprometidos con la educación y no con el mercado.

Hoy, a 16 años de dicha huelga estudiantil, la sombra de la privatización de la educación superior vuelve a amenazar a nuestra, ya de por sí, saqueada sociedad mexicana. Entonces como ahora, el tema urgente de la gratuidad se discutió y se juzgó imprescindible para hacer efectivo el artículo tercero constitucional y defender lo que hoy es, incluso, un derecho humano: el derecho a la educación. La educación pública, por principio debe ser incluyente, pero si se transgrede la gratuidad, lo que prevalece es la exclusión porque se deja fuera de la formación superior a la mayoría de la población que no cuenta con los recursos materiales suficientes para costear a sus hijos o a sí mismos la universidad. Cada uno de los obstáculos (exámenes de admisión con criterios de exclusión, estudios socioeconómicos, cobros por diversos conceptos y montos, entre otros) que se interponen entre los jóvenes en edad de cursar la educación superior y media superior, va contra el mencionado derecho y contra la posibilidad de mejorar cualitativamente las condiciones de vida de la población, sobre todo de aquella que vive en la marginalidad.

El sistema económico mexicano, dependiente y cuyo patrón de acumulación se basa en la súper explotación y el despojo, ha trastocado todas las esferas de la vida y una de ellas es la relacionada con la educación y la cultura. Como uno de los principales proveedores de recursos naturales y mano de obra barata, el Estado mexicano, a través de diversas instituciones, ha perfilado un sistema educativo que prepare, en un tiempo breve, obreros especializados capaces de atender los requerimientos del mercado y que vaya acorde con los nuevos procesos productivos. Lo anterior tiene consecuencias, tales como la proliferación de escuelas con carácter técnico y la consecuente restricción a la formación universitaria, particularmente en aquéllas áreas del conocimiento más difíciles de ser subsumidas por la lógica del capital (ciencias sociales, humanidades y arte).

La tendencia estructural del capitalismo a la búsqueda y maximización de ganancias por cualquier medio, le hace entrar en el campo de la educación, convirtiéndola en una simple mercancía más que se vende y se compra. Este fenómeno del capitalismo contemporáneo se llama mercantilización de la educación y está marcada por las siguientes características: El capital incorpora mano de obra calificada, educada, porque le permite incrementar las ganancias. La vocación expansiva y planetaria del capital incentiva la búsqueda de mercados en pos de ganancias por ello es que, incluso, el capital se invierte en algo que podría llamarse “fábrica-escuelas”, es decir, escuelas privadas de poca calidad que forman ejércitos de obreros para los diferentes sectores productivos, sobre todo aquellas Universidades que buscan como “clientes-alumnos” a los excluidos de la educación pública. Al mismo tiempo, el Estado, bajo la presión de los organismos financieros internacionales y para dar cumplimiento a las políticas económicas neoliberales, busca subir las cuotas en las Universidades públicas vulnerando la autonomía y restringiendo aún más el acceso a la formación profesional. Pero la estrategia va más allá: reducción de presupuesto y la partida a estipendios e insumos para la producción académica y docente que hace posible el aprendizaje y derechos laborales de profesores.

Desde el rompimiento de la última huelga estudiantil en la UNAM hemos visto, de manera soterrada, el aumento de las cuotas, por medio del cobro de múltiples servicios en las Universidades estatales. Ejemplos emblemáticos que muestran que no son circunstancias aisladas los encontramos en la Universidad Autónoma de Aguascalientes o en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde el semestre ronda los 20 mil pesos. Lo mismo ocurrió en la Universidad Nicolaita, en Michoacán, ejemplo que resulta significativo porque una de sus estudiantes se amparó legalmente para poder cursar su licenciatura sin emitir ningún pago. Asimismo, se encuentra el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana, en los programas de Posgrado y donde su comunidad estudiantes de maestrías y doctorados ahora mismo se han organizado para echar abajo los cobros ilegales.

Otro caso es el del Posgrado de la UNAM, reconocido por ser el más grande de América Latina, en cuyos Programas se ha manifestado con toda claridad la lógica de la mercantilización educativa y, dicho sea de paso, las prácticas antidemocráticas de la Máxima Casa de Estudios, pues de modo discrecional e ilegal han establecido cobros por inscripción, impresión de historial académico sellado, cursos propedéuticos, credenciales, entre otros conceptos. ¿Qué podía quedar a los estudiantes frente a un panorama como éste? La organización y la lucha política hasta lograr la suspensión de tales cobros que atentan contra la propia legislación y el RGP.

En ese sentido, los estudiantes de los distintos Posgrados, organizados en la Asamblea General de Posgrado (AGP), convocan a la reflexión y a la movilización para defender la educación pública y gratuita, a través de la realización de jornadas por la gratuidad y foros de discusión que alienten la participación y la generación de pensamiento crítico que exprese la vocación social de la educación pública. Recordar a través de la acción es la mejor manera de ejercer nuestros derechos y transmitir a las generaciones siguientes de estudiantes que éstos se ganan y se defienden.

La AGP reconoce que, aunque la suspensión de pagos por concepto de cuotas de inscripción o cursos propedéuticos es un triunfo, ésta no fue definitiva, aún para el semestre 2016-2 se han cobrado cuotas, por ejemplo, en las Especialidades del Posgrado de Derecho, en el Programa de Geografía e, incluso, en la Escuela Nacional de Música. Por ello es que, igual que la lucha de la huelga de 1999-2000, hoy en día no basta la insustituible organización estudiantil. Urge organización y construcción de una política entre estudiantes, profesores y trabajadores que, mediante la movilización colectiva, sustituyan los cacicazgos de grupos de poder del Estado en la dirección de Escuelas, Colegios, Facultades e Institutos que se sirven de este régimen, por un gobierno universitario de quienes hacemos de nuestra universidad un espacio para el aprendizaje y la cultura.