Este 26 de febrero se conmemora el 17° mes de la Masacre de Iguala en dónde Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón y Julio César Ramírez Nava fueron asesinados, Edgar Andrés Vargas y Aldo Gutiérrez Solano fueron gravemente heridos y 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, – “cuna de la conciencia social” como reclaman sus muros – fueron secuestrados por agentes de la policía en un operativo que congregó a las tres reparticiones de la fuerza y al ejército, y desde entonces se encuentran desaparecidos.

Los padres y familiares de los 43 vienen realizando la Caravana por Verdad y Justicia. El lunes se concentraron en la Ciudad de México y dieron conferencia en el Hemiciclo Juárez, a pocos metros del palacio de bellas artes, centro del movimiento de la capital. El propósito es llegar hasta Matamoros, estado de Tamaulipas, ciudad fronteriza en dónde están radicadas 4 causas penales (en los juzgados primero y tercero)por homicidio, lesiones y secuestro por lo ocurrido esa noche del 26 de Setiembre de 2014.

Será este 26 el día pautado para esa reunión con los magistrados norteños. El propósito de los padres es acceder a copia de los expedientes y a su vez, entrevistarse con quienes ya aceptaron parcialmente un amparo a 22 policías de Iguala acusados de la violencia contra Julio César Mondragón. El amparo en favor de los uniformados fue presentado en noviembre de 2014, a dos meses de los hechos y 4 meses antes que llegara el el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

El domingo 21, en conferencia de prensa, los integrantes del GIEI manifestaron que el posible sobreseimiento de los policías acusados “es un ejemplo del riesgo en el que se encuentran ciertos elementos del caso debido a las deficiencias en la investigación. El GIEI ha alertado en numerosas ocasiones a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la necesidad de aportar nuevos elementos de prueba, para fortalecer las consignaciones. Esta situación puede repetirse en el futuro”

El GIEI ha señalado incansablemente cuáles son esas deficiencias. Por un lado, la fragmentación interna del expediente, – recuérdese como prueba de esto que hay partes de la causa penal en Matamoros, a cientos de kilómetros de Iguala, a dónde se dirigen ahora los padres -.

El otro problema es que esa fragmentación continuó una vez que el GIEI asumió funciones a comienzos de 2015. Según denunciaron este domingo, mientras los expertos internacionales intentaban guiar la investigación oficial según les fue consignado por la CIDH, la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada (SEIDO) perteneciente a la PGR, “ha ido abriendo otras averiguaciones previas, que han supuesto en la práctica la imposibilidad de acceder a informaciones relevantes, claves para el caso”

Mientras tanto, está convocada una Acción Global por Ayotzinapa como todo 26 de cada mes, en que se espera que haya actividades a lo largo y ancho del Globo, en dónde sea la gente quien reclame por verdad y justicia, que sea en las calles en dónde se combata la impunidad promovida desde arriba.

En la Ciudad de México, padres y estudiantes de Ayotzi convocan en las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las 14 horas de este viernes 26.

No es menor que la cita sea frente al máximo órgano de la República encargado de la justicia.

La coyuntura para el avance de la investigación es complejo. Desde el gobierno de la República se insiste (otra vez) en la necesidad de un nuevo peritaje en el basurero de Cocula, a partir de “filtraciones fantasma” a la prensa de “datos del expediente” en los que un detenido, supuesto integrante del crimen organizado, al quien se lo identifica mediante un apodo, sostiene que no fueron los 43 incinerados en Cocula, sino “apenas 19 de ellos”.

Tanto el peritaje independiente del GIEI, como el más reciente (y también independiente) realizado por el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses (EAAF) descartaron que en la noche del 26 de Setiembre se haya producido allí un fuego de dimensiones suficientes para incinerar tal cantidad de restos humanos. “Insistir con el basurero de Cocula es perder el tiempo”. Y es justo tiempo lo que no sobra.

Al convenio de la CIDH con el gobierno mexicano que permite actuar a los expertos internacionales le quedan apenas dos meses de vigencia. Por lo que los avances sí urgen y es también por eso que suena descabellado seguir insistiendo con la búsqueda en un lugar donde sistemáticamente se ha  probado que no hay evidencias para hacerlo.

No sólo eso. Desde los medios de comunicación oligopólicos se ha difundido una campaña de desprestigio personal de los integrantes del Grupo, quienes han sido objeto de “intentos de descalificación personal e infamias.”

“Frente a la imposibilidad de cuestionar el contenido de su informe y el trabajo de investigación realizado, se busca generar confusión y cuestionar a miembros del Grupo con trillados estigmas políticos utilizados contra defensores de derechos humanos, y que son parte de los mecanismos de impunidad. El Grupo fue creado como consecuencia de una herida y realiza su trabajo para ayudar a sanarla.”

Las líneas de investigación que deben seguirse son claras. Por un lado, en la necesidad de interrogar a los integrantes del 27 Batallón del Ejército de Iguala, que participaron en la masacre, así como acceder a las fotos y videos tomados por este cuerpo el 26 y 27 de Setiembre.

Por otro lado, seguir como hipótesis del motivo de la violencia y los ataques contra los estudiantes que, sin saber, los muchachos tomaron de la Terminal de Autobuses de Iguala, uno de los camiones utilizados por el crimen organizado para transportar drogas entre el estado de Guerrero y los Estados Unidos.

Foto: Lourdes Chávez, El sur de Guerrero / Caravana por Verdad y Justicia de padres de Ayotzinapa llega a San Luis Potosí, este miércoles 24 de febrero.