La impunidad en la fuga de tres policías municipales responsables de la desaparición forzada de David Mendoza Marín, Alfredo Elías Marín Bustos y Margarita Marín Yan, el pasado 21 de julio de 2015 en Ahome, Los Mochis, Sinaloa, fue denunciada por la organización IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos.

El 18 de abril de 2016, a ocho meses de los hechos, el Juez de Control, Francisco Javier Eng Pérez, emitió la orden de aprehensión. Sin embargo, a más de 25 días de haberse emitido la orden, los oficiales aún se mantenían trabajando en sus cargos e incluso sus superiores les otorgaron vacaciones, lo que les permitió ampararse y escapar, pues la autoridad encargada de ejecutar la orden de aprehensión es la misma corporación a la que pertenecen los policías, sostuvo IDHEAS.

Por otra parte, las autoridades federales no actuaron en el caso pese a que se dieron a conocer los hechos a través de una denuncia desde el 25 de septiembre pasado. Además, se solicitó a la PGR la aplicación del Protocolo de Búsqueda, aprobado el 20 de agosto de 2015 por el pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (SNPJ), el cual tiene un carácter obligatorio para todas las procuradurías a nivel nacional.

A pesar de esto, la PGR no realizó ninguna diligencia ni para hallar a las personas desaparecidas ni detener y sancionar a los responsables.

La organización recordó que ante la gravedad del caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas emitieron medidas cautelares y exigieron al Estado mexicano que busque a las víctimas y castigue a los autores materiales.

Por lo anterior, los familiares de las víctimas y sus representantes solicitaron a la Secretaría de Gobernación y la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, que coadyuven en la búsqueda y detención de los responsables, pero hasta el momento estas instancias gubernamentales no han manifestado, con acciones concretas, la intención de cumplir con sus obligaciones en la materia, por lo que el acceso a la justicia y reparación integral del daño para sus familias se ve obstaculizado.