Entre finales de 2015 e inicios del año en curso, el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), cerró su misión ante esta instancia en dos casos que involucran a tres defensoras de Guerrero.

El primer caso es el de Saira Crystal Rodríguez Salgado, hija de Nestora Salgado García. La Junta de Gobierno del Mecanismo federal decidió retirarle la protección al valorar que su nivel de riesgo ha disminuido.

El otro es el de Evelia Bahena y Carolina Brito, quienes fueron expulsadas del Mecanismo bajo la consideración de que no cumplen con el perfil para ser consideradas como defensoras de derechos humanos.

En el mismo periodo, el Mecanismo intentó retirar una de las medidas cautelares a las integrantes de Mujeres Indígenas por Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (Ciarenas), asociación civil con sede en la localidad oaxaqueña de San José Río Manso, bajo el supuesto de que ya no están en riesgo.

En este caso, las defensoras manifestaron su inconformidad en la reciente sesión de la Junta de Gobierno del Mecanismo. Aunque lograron conservar la medida, una camioneta que les permite trasladarse con cierta seguridad a los lugares donde desempeñan su trabajo, serán objeto de una nueva evaluación de riesgo.

Silvia Pérez Yescas, integrante de Ciarenas, cuestiona la forma en que esta instancia valora el peligro que enfrentan las defensoras mexicanas. “Cómo se atreven a hacer un análisis de riesgo en media hora, sentados en sus sillas, sin hacer una evaluación profunda del contexto y un mapeo de actores”, dice.

A partir de su experiencia, Evelia Bahena concluye que el Mecanismo de la Segob “no sirve más que para estresarnos, para dañarnos”. La mujer considera que el Mecanismo puede fungir como instrumento de desaliento para quienes defienden los derechos humanos en el país.

Caso Saira Rodríguez

A mediados de enero pasado, Saira Crystal Rodríguez Salgado, hija de Nestora Salgado García, recibió un correo electrónico en el cual se le notifica la decisión de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de concluir su caso ante esta instancia.

La determinación que data del 18 de diciembre de 2015 se da porque el personal del Mecanismo federal valoró que su nivel de riesgo ha disminuido.

En entrevista, Saira manifiesta su inconformidad con el fallo. Por ello, la mujer busca ampararse en contra de la resolución del Mecanismo, al que ingresó en abril de 2015, seis meses después de que solicitara su incorporación al mismo.

La hija de Nestora Salgado (excomandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, presa desde el 21 de agosto de 2013), cuestiona: “La gente del Mecanismo no tomó en cuenta el riesgo que corro por ser mujer y participar en la defensa de mi mamá”. Los funcionarios públicos ignorarían, asimismo, el nivel de violencia que se vive en Guerrero, territorio en el que actualmente reside y en el que ocurren muchas ejecuciones, desapariciones, secuestros, entre otros crímenes.

Saira relata que obtuvo su incorporación al Mecanismo a partir de la ejecución, en junio de 2014, de una mujer que se le parecía físicamente y que ocupaba el asiento de autobús que a ella le correspondía, así como de las amenazas de muerte que recibió vía telefónica por parte de presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

Entonces, el gobierno mexicano le otorgó medidas cautelares consistentes en un botón de pánico y en una guardia de la Policía Federal que la acompañaría cada vez que saliera de Guerrero.

Respecto del botón de pánico, Saira comenta que sólo una vez accionó el aparato al detectar que personas a bordo de una camioneta roja la seguían cuando se dirigía a los juzgados de Tlapa. Sin embargo, éste no funcionó por falta de señal. En tanto, la custodia por parte de policías jamás se dio pues la mayoría de sus salidas de Guerrero fueron emergentes, situación que le impidió solicitar la medida con al menos tres días de anticipación, según se le indicó.

“Responsabilizo de mi integridad física a la Junta de Gobierno del Mecanismo”, sentencia la hija de Nestora Salgado.

Caso Evelia Bahena y Carolina Brito

Evelia Bahena no es parte de ninguna organización social. Sin embargo, ella participa de la defensa de los derechos humanos cada vez que, en sus contextos cercanos, éstos son vulnerados.

La mujer ha acompañado luchas por la defensa de los territorios y ejidos, así como de los derechos laborales, educativos, de salud, de vivienda, entre otros. Su labor se desarrolla, sobre todo, al norte de Guerrero, en municipios con altos índices de criminalidad como Cocula e Iguala.

Como habitante de Iguala, Evelia ha participado de la denuncia del fraude cometido contra los vecinos de la colonia Tlachinollan, fundada en 2006, a quienes se ha intentado arrebatar las viviendas que ocupan, vía la destrucción e invasión, acciones en las que participan agentes estatales, a pesar de que cuentan con los títulos de compraventa de los predios.

Evelia asegura que, como consecuencia de su actividad, ha sido blanco de amenazas de muerte y persecución por parte de civiles, y de seguimiento por hombres con características de militares. Dichas acciones se incrementarían a mediados de 2015.

Por ello, la mujer, al igual que Carolina Brito y Víctor Brito, personas defensoras que se encuentran en la misma situación, tuvo que desplazarse de Iguala.

Además de recurrir al exilio como medida de protección, estas tres personas solicitaron su incorporación al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, mismo que inicialmente las rechazó bajo el argumento de que no cumplen con el perfil para ser consideradas defensoras.

Y aunque el 18 de septiembre de 2015, el personal del Mecanismo decidió finalmente darles cobijo, en los hechos lo único que ha hecho en torno al caso es brindarles custodia en una ocasión y girar una notificación al gobierno del Guerrero.

Para rematar, a finales de enero pasado, la Junta de Gobierno del Mecanismo determinó concluir el caso ante esta instancia, la cual insiste en cuestionar el carácter de defensoras de estas personas. Su argumento es que la lucha que acompañan, la de los vecinos de la colonia Tlachinollan, es entre particulares por lo que no se constituye en una violación a los derechos humanos.

A partir de su experiencia, Evelia concluye que el Mecanismo de la Segob “no sirve más que para estresarnos, para dañarnos”. La mujer considera que éste, incluso, puede fungir como instrumento de desaliento para quienes defienden los derechos humanos en el país.

Luego de haber sido “beneficiaría” por unos meses de este Mecanismo, Evelia se siente más vulnerable que antes, más temerosa. Y es que no sabe qué uso dará el gobierno a la información personal y sobre su labor que les brindó como requisito para recibir la protección oficial.

Caso Silvia Pérez y Ciarenas

Las amenazas contra Silvia Pérez Yescas y demás integrantes Ciarenas, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas, especialmente de mujeres, juventudes y menores, iniciaron en 2009, cuando en su lugar de trabajo fueron pegados anónimos con frases como las siguientes: “Van a morir”, “Lárguense, putas”.

En 2012 la violencia subió de tono. Ya no eran anónimos, sino amenazas de muerte vía telefónica e incluso cara a cara. Para finales del mismo año, hombres armados se apostaron en los alrededores del domicilio de Silvia, quien se encontraba en el lugar acompañada de su hijo. El hecho no pasó a mayores gracias a la intervención de los vecinos. De inmediato se comunicaron con la policía local, lo que logró ahuyentar a los agresores.

Fue en ese momento que Silvia y el equipo de Ciarenas pidió el resguardo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que demoró un año en otorgarles las medidas cautelares.

Las autoridades federales determinaron blindar la casa de Silvia con cámaras de video (que sólo funcionan si hay luz) y una malla metálica. Además de otorgar dos teléfonos satelitales, dos botones de pánico y una camioneta para que quienes integran la asociación civil puedan trasladarse con seguridad a los lugares donde realizan su trabajo de campo: los municipios de San Juan Lalana, Santiago Yaveo y Santiago Jocotepec.

Posteriormente, ante la inutilidad de los teléfonos satelitales, los cuales carecen de cobertura en la región serrana de Oaxaca, éstos fueron devueltos a la autoridad. Los botones de pánico fueron conservados por Ciarenas aunque, por la misma razón, los emplean muy poco.

A mediados de diciembre pasado, la Junta de Gobierno del Mecanismo valoró en sesión, en la cual no estuvieron presentes las beneficiarias, que la organización y sus integrantes ya no están en riesgo, por lo que determinó retirarles la medida cautelar de la camioneta, la única que verdaderamente ha resultado funcional para el colectivo.

En entrevista, Silvia manifiesta su molestia por el hecho. “No es la camioneta. Cómo se atreven a hacer un análisis de riesgo en media hora, sentados en sus sillas, sin hacer una evaluación profunda del contexto y un mapeo de actores”, reprocha.

La defensora explica que la resolución oficial tiene su origen en un cuestionario de menos 30 minutos que, en Juchitán de Zaragoza, le aplicó una funcionaria del Mecanismo. Silvia detalla que cuando pidió a la servidora pública que la acompañara a recorrer los lugares en los que Ciarenas desempeña su labor para que documentara las condiciones de ese contexto, ella se negó bajo la justificación de que debía trasladarse a Salina Cruz. “¿Entonces cómo miden el riesgo? ¿Cómo valoran tu vida?”, se pregunta.

Silvia acudió a la sesión de la Junta del Gobierno del Mecanismo que se celebró a finales de enero pasado para expresar su inconformidad ante el fallo de retirarles la medida cautelar de la camioneta bajo la consideración de que ya no están en riesgo. En conjunto con sus abogados, lograron conservar la medida. No obstante, en marzo próximo el equipo de Ciarenas será objeto de una nueva evaluación de riesgo.

Un malestar muy profundo, esa fue la sensación que experimentó Silvia al ser partícipe de esta sesión. Y es que, explica, durante el desarrollo de la misma, la funcionaria que la entrevistó en Juchitán insistió en que las defensoras de Ciarenas ya no están en riesgo puesto que no han sufrido daño alguno, además de descalificar continuamente la labor que realizan.

Silvia asegura que el riesgo hacia ella y demás integrantes de Ciarenas es latente. Refiere, por ejemplo, que en su caso, ni siquiera puede pisar las instalaciones de su organización, con sede en San José Río Manso, ya que se ha puesto precio a su cabeza: de 100 mil pesos. Sus agresores son, según refiere, “grupos de poder económico y político de la región”.