No cabe duda que la población que se organizó en los municipios de San Luis Acatlán, Azoyú, Acatepec y Malinaltepec bajo la forma de Policía Comunitaria anticipaba la respuesta de los pueblos indígenas a la política económica en México, sobre todo en el rubro que se articula con la seguridad.

Foto reportaje Archivo de la CRAC y Desinformémonos

El 15 de octubre de hace 20 años, se acordó que :

(…) “Analizando la situación de inseguridad pública que padecen las comunidades en esta región al transitar por el camino que los comunican con las poblaciones a las cuales acuden a hacer sus compras o venta de productos, estudiantes que acuden a los centros de estudio o a recibir atención médica y viendo que esta situación ya es insoportable, pues con anterioridad centenas de veces se ha puesto denuncia ante las autoridades correspondientes y al ver que no tenemos respaldo de ninguna de ellas y, al ver que diario somos víctimas de asaltos, violaciones sexuales, robos, lesiones y homicidios nos vemos obligados por la necesidad de tomar el siguiente acuerdo:

(…) Decidimos que dos grupos de Policía Comunitaria de cada comunidad se avoquen al resguardo de los caminos principales, en las rutas en donde suceden frecuentemente delitos. (…)”.

Los acuerdos se plasmaron en un documento breve, lleno de citas de una serie de derechos con los que, desde 1994, contaban los pueblos indígenas en México. Las firmas y sellos de todos los Comisarios y Delegados Municipales que tomaron el acuerdo acompañan el documento que marcaría un periodo lleno de cambios y continuidades en la forma en que la inseguridad se vive en Guerrero, así como en la expresión consuetudinariamente creativa que ha prevalecido en su forma de organización.

En este artículo, que no es sino para celebrar este evento, recorro algunos pasajes que han marcado cambios significativos en su estructura y forma organizativa, de lo que es ahora la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias.

El punto de quiebre para impartir justicia

En 1998, tres años después de su nacimiento, la Policía Comunitaria tomaría las tareas de seguridad y reeducación a raíz de la corrupción de las autoridades judiciales del Distrito de Altamirano. Al haber reducido la inseguridad, de acuerdo con cifras oficiales, en un 98%, dichas tareas fueron “bien vistas” y no fue, sino hasta 2002 que comenzó un conflicto abierto entre el gobierno estatal y la que, en ese entonces era la CRAI, (Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas).
El hecho que marcaría este escenario fue una investigación de la forma en que ocurrían los robos de ganado, que dieron como resultado la responsabilidad de un mestizo de la compra de los animales robados. Este acontecimiento habita fuertemente en la memoria de la gente, así como el connato de enfrentamiento armado que mantuvieron por más de tres horas, frente a la presidencia municipal de San Luis Acatlán, policías ministeriales y comunitarios en este mismo periodo.

.

Nuevas formas organizativas. Encuentros y rupturas

A pesar de los intentos del Estado por formalizar a la CRAI como coadyuvante de la policía municipal en el Bando de Policía y Buen Gobierno y de las tensiones que marcaron los primeros años de impartición de justicia y reeducación, la Coordinadora fue defendida por el doble de comunidades que la integraban en 1995, es decir, pasaron de 27 a más de 70 en 2001 y fue ese año en el que tomaron la determinación de que era tiempo de hacer una celebración de su sexto aniversario.

La incorporación de nuevas comunidades, así como la falta de caminos transitables para acudir al municipio de San Luis Acatlán, sumado a la falta de recursos que la mayoría de la población tiene para desplazarse, condujeron a la creación de dos nuevas sedes: Espino Blanco y Zitlaltepec; la primera de mayoría de población ñu saavi y la segunda me’ phaa.

En 2012, durante la celebración de su décimo séptimo aniversario, se suma a la organización la región de Ayutla de los Libres, inaugurándose la sede de El Paraíso, a la que se articula la que fuera la Policía Ciudadana de Olinalá. Posteriormente se incorporaron a la Coordinación las comunidades de La Parota perteneciente a la CECOP (Concejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota)

De asaltos, abigeatos y homicidios a la amenaza extractiva

El 5 de noviembre de 2010 arribaron a las oficinas de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) dos funcionarios de la empresa Minera Hoschild Mining , con el objetivo de informar a las autoridades comunitarias que estaban realizando sobrevuelos en la región con permisos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). El objetivo de la visita no era realmente buscar una interlocución, sino solicitar a la CRAC que avisara a la gente sobre esta situación para que no hubiera ningún tipo de agresión a los tripulantes de los helicópteros encargados de hacer magnetometría. En esa ocasión los visitantes mostraron un documento dirigido a las autoridades de la CRAC en el que Minera Hoschild México, filial de la empresa Hoschild Perú, a través su Gerente solicitaba una reunión con la CRAC para determinar el rumbo social de las exploraciones.

A partir de esta feche dieron inicio una serie de procesos consistentes en cooptación, confusión y una fuerte represión a la resistencia, que han desencadenado una de las crisis más agudas de la organización.

No obstante, la experiencia y la sabiduría que ha alcanzado la población que conforma la CRAC nos enseña la necesidad de permanecer en la búsqueda de una justicia capaz de abrazar la diversidad cultural (en la que incluyen a comunidades mestizas), la potencialidad de reconciliación con aquellos que cometen faltas (en las ellos están inmersos) y, sobre todo, la permanente capacidad de crear respuestas colectivas a desafíos globales y locales.

El XX aniversario convoca a diversas organizaciones y sujetos a pensar en estos retos. La liberación de los presos políticos, la defensa del Territorio Comunitario, la equidad de género, el derecho a la educación, salud y desarrollo comunitarios, la restructuración de su Reglamento Interno y las diversas leyes que lo avalan, marcan la agenda de la organización en una convocatoria siempre abierta a compartir experiencias de lucha y formas organizativas, dando lugar a reflexiones compartidas, de las que, sin duda, tenemos mucho que aprender para enfrentar los desafíos que implica la política de despojo que estamos viviendo y que día con día se agudiza.