Representantes del magisterio disidente en Michoacán envían un mensaje a las personas que respondieron favorablemente a su llamado de boicot a la Evaluación de Desempeño que se aplicó el fin de semana pasado en la entidad
Les piden que no caigan en el “terror” de la amenaza oficial de que serán separados de su labor. “Estamos preparados, tanto en la lucha jurídica como en la política, para defender a quienes no acudieron al examen y no subieron evidencias”, asevera Juan José Ortega Madrigal, secretario general de la Sección XVIII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
El dirigente sindical advierte: “No dudaremos en hacer uso del máximo instrumento de defensa que tenemos, que es el paro laboral, si se requiere”.
Para ello, precisa, en días recientes han tenido pláticas con padres de familia, además de contar con el respaldo del Frente Cívico Social (conformado por 64 organizaciones) y del Consejo Supremo Indígena de Michoacán.
El fin de semana pasado, se aplicó la Evaluación de Desempeño que contempla la Ley General del Servicio Profesional Docente. De acuerdo con información difundida el 22 de noviembre por la Secretaría de Educación Pública (SEP), de las casi 6 mil personas convocadas en Michoacán, presentaron la prueba tan sólo 1 mil 639: 1 mil 87 docentes y 96 directores de educación básica, y 460 docentes de media superior.
A decir de Ortega Madrigal, este proceso resultó un fracaso ya que sólo la cuarta parte de los maestros y directores convocados participó de la evaluación, no obstante que la autoridad “echó mano de transporte aéreo y terrestre, del pago de incentivos y de invitación a gente que no estaba programada para este examen”.
Félix Pérez Lovato, secretario de Asuntos Jurídicos del magisterio michoacano, detalla que la sección XVIII del SNTE prepara los amparos individuales de los maestros y las maestras que optaron por no presentar la prueba de desempeño. El recurso jurídico apela a la ilegalidad del proceso evaluación como consecuencia del cúmulo de irregularidades que lo acompañaron, entre ellas, violaciones al debido proceso.
El profesor refiere, por ejemplo, que a pesar de que la normativa mexicana señala que cualquier notificación oficial debe hacerse personalmente, salvo que el sujeto involucrado autorice otra vía, algunos docentes fueron convocados a la evaluación por medio de mensajes electrónicos. Otros más, dice, fueron notificados apenas un día antes de la evaluación, siendo que la Ley del Servicio Profesional Docente marca que esto debe hacerse con tres meses de antelación para que el profesor pueda capacitarse.
Esta misma Ley, comenta Pérez Lovato, establece que el proceso de evaluación debe ser equitativo, honesto y trasparente, principios vulnerados a la luz del imponente operativo policial desplegado por aquellos días en Michoacán. Según los reportes de la prensa nacional, unos 10 mil policías federales y de la Gendarmería arribaron a la capital del estado en el marco de la aplicación de la Evaluación de Desempeño.
“No vayan a caer en el terror de que los van a despedir. El Estado utiliza varias artimañas para confundirlos”, advierte el secretario de Asuntos Jurídicos de la Sección XVIII a los profesores michoacanos.
Al mito del despido se suma otro más difundido por quienes ejercen la función pública: que el pago de jubilación se condicionará a la aplicación de la evaluación docente. Mentira, sostiene Pérez Lovato. Aclara que la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es muy independiente de la del Servicio Profesional Docente. “Me parece una barbaridad que se diga esto”, menciona.
Federación adeuda a profesores de Michoacán
La federación no ha pagado a los profesores de 40 municipios de Michoacán los montos correspondientes a diversas prestaciones sociales. Es el caso de la RZ, cuyo adeudo asciende a unos 40 millones de pesos, denuncia Ortega Madrigal.
“El argumento es que no hay recursos, pero sí hubo para movilizar a mil policías a Michoacán, para pagarles vuelos en helicópteros a los compañeros que presentaron el examen; sí hubo para hospedarlos en hoteles y además para contratar gente que se hiciera pasar por maestros», recrimina el dirigente.
Ortega Madrigal: “Evaluación tronada pero vienen tiempos difíciles”
Ortega Madrigal relata que a partir de la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia del país, el pueblo de México ha resistido una serie de reformas estructurales contrarias al carácter de la Carta Magna.
Al gremio de maestros le ha tocado lidiar particularmente con dos de ellas: la laboral (acuñada durante la gestión de Felipe Calderón) y la educativa. No obstante, la segunda, con los maestros organizados en Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ha logrado una mayor resistencia.
A decir del dirigente magisterial, la reforma educativa ha vivido dos momentos críticos. La etapa inicial de imposición, donde la resistencia se volcó en torno a la defensa de la educación pública y en contra del Pacto por México, y el periodo actual caracterizado por la implantación, a toda costa, de la evaluación oficial.
En Michoacán, frente a la operación gubernamental del tolete, el escudo, y el gas lacrimógeno –garantes, desde la lógica estatal, del proceso de evaluación–, el bloque magisterial opositor apostó al boicot: concientizar previamente al grueso de los trabajadores de la educación; llamarlos a no ser partícipes.
Aunque Ortega Madrigal considera que a raíz del éxito del boicot convocado por la Sección XVIII del SNTE, el proceso de evaluación docente está “tronado” y “empantanado” en la entidad, sabe que se vienen tiempos difíciles pues en febrero de 2016 las autoridades del país prevén emprender una segunda fase de esta evaluación.
