Las comunidades se fortalecieron con la visita de los integrantes de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas en México. El lunes 25, visitaron Coyotepec por la mañana y Tecámac por la tarde, mientras el martes 26 fue el turno de Xochicuautla y San Francisco Magú.

La visita ocurrió en un momento muy oportuno, en que están sufriendo hostigamientos de arriba, indican desde el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero. “En esos términos funcionan las visitas del Alto Comisionado, porque además permitió que gente de otros pueblos cercanos, de distintas zonas, estuvieran presentes en las 4 sedes. Y nosotros, como centro de derechos humanos pudimos documentar de forma más amplia la situación en el Estado de México”, relató Antonio Lara, coordinador del Ladrillero.

Integrantes de la Oficina del Alto Comisionado ya habían estado en Xochichuautla, durante el segundo día de ataque a la comunidad vivido hace apenas un par de semanas. La empresa constructora filial del Grupo Higa y la policía estatal desalojaron a uno de los pobladores – referente de la comunidad – y tiraron abajo su casa, una de la decena que “obstruye” el trazado de la autopista Toluca – Naucalpan. Claro que la acción no sólo fue burda sino que ilegal, ya que la comunidad tiene ganado un amparo que detiene las obras hasta que el conflicto social encuentre un cauce.

Además de encontrarse en pie de lucha en la defensa de sus territorios y sus bienes naturales, estos pueblos tienen en común la participación en la Coordinación Antirrepresiva denominada “Fuego de la Digna Resistencia”, articulada por pueblos y organizaciones del EdoMex, en contra de la recientemente aprobada “Ley Eruviel”, que permite a la policía usar munición real para reprimir cualquier tipo de manifestación social.

“Los integrantes de la Oficina del Alto Comisionado va a reunirse con el gobierno del Estado de México para hacerle llegar las preocupaciones que pudo recabar en las comunidades. También, por los propios procedimientos internos de la ONU, hará llegar sugerencias de la Comunidad Internacional al mismo gobierno de este estado. A su vez, pudimos corroborar que la Ley Eruviel no obtuvo el respaldo de la ONU, como sostuvo la Consejera Jurídica del ejecutivo estatal, Luz María Zarza, cuando fue aprobada.”

De hecho, el propio congreso local que la aprobó ya sufrió el primer golpe de la presión social en rechazo a la misma, y decidió enviar su propia ley a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que “sea revisada”.

“Los pueblos dicen que no es suficiente una revisión, sino la abrogación de la ley. Pero es un primer logro de los pueblos que el congreso asumiera públicamente a someterse a la Suprema Corte de Justicia”, relató Lara.

Por lo pronto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también llevó la Ley Eruviel a la Suprema Corte de Justicia, promoviendo que sea declarada inconstitucional por violar los derechos de expresión, reunión y manifestación.

Desde los pueblos se indica que lo que está en peligro es algo un poquito más delicado, con una ley que permite tal despliegue brutal de fuerza contra cualquier población civil desarmada. “Los amparos que estamos promoviendo con las comunidades, por más que concordamos con lo señalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sostienen que lo que ataca la Ley Eruviel es la integridad personal y la vida de las personas del Estado de México”.

Una de esas heridas abiertas está en San Salvador Atenco, dónde el próximo 3 y 4 de Mayo conmemorarán la brutal represión y las violaciones cometidas por el Estado en el año 2006, cuando este último, ya entonces, impulsaba la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en esas tierras. Proyecto que todavía se resiste.

Fotos: Visita de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, México en comunidades del Estado de México // Centro de Derechos Humanos, Zeferino Ladrillero.