El 20 de noviembre fue allanado el domicilio de la periodista Gloria Muñoz Ramírez, directora de la revista electrónica Desinformémonos. Muñoz es también columnista en La Jornada y es coeditora del suplemento Ojarasca del mismo diario.

Muñoz denunció además que, «la redacción de Desinformémonos sufrió el robo de información del servidor, de todas las computadoras y los celulares que se encontraban en la oficina», en lo que consideró «un ataque cibernético dirigido contra la revista, que se dedica a documentar las luchas populares y los movimientos sociales de México y el mundo”.

Asimismo, explicó a Artículo 19, organización defensora de la libertad de expresión, que hay coincidencias entre este allanamiento y el que sufrió la reportera de Desinformémonos, Flor Goche, el 8 de septiembre, ya que ninguna de las chapas de las puertas fueron forzadas, además de que “en los casos de mujeres revuelven las cosas de la ropa interior, las cosas íntimas (…); esto es para dejarte más vulnerable porque estuvieron tocando tus prendas”.

Por su parte la reportera de Proceso, Anabel Hernández, denunció que su domicilio fue allanado, el pasado 4 de noviembre, por al menos cuatro personas, y “pese a que notaron la presencia de cámaras de seguridad… dejaron sus rostros visibles. Aunque permanecieron largo tiempo en mi domicilio, no se robaron ningún objeto de valor material”.

Añadió que esto ocurre «en el marco de la investigación periodística que realizo desde noviembre de 2014 sobre el ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, perpetrado el 26 de septiembre de 2014, y la desaparición de 43 de ellos… También me encuentro realizando la investigación periodística sobre la fuga de Joaquín Guzmán Loera del Cefereso No. 1 ocurrida el 11 de julio de este año”, aseveró.

Hernández declaró a CIMAC Noticias que aunque la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) cuenta ya con mucha información sobre los intrusos, aún no tiene personas detenidas y no ha tomado la declaración completa de quienes presenciaron los hechos.

Incluso indicó que se comunicó directamente con el titular de la FEADLE, Ricardo Nájera, quien le pidió que confiara en la Fiscalía y le dijo en un “tono de revancha” que la Procuraduría General de la República (PGR) le va a decir una “verdad histórica” de su caso, en alusión a las investigaciones que realiza la comunicadora sobre la desaparición de los 43 normalistas.

Anabel Hernández abundó que ha presentado más de una denuncia formal ante la PGR, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la FEADLE, por las distintas agresiones a las que ha estado expuesta –al menos tres en las que hubo personas armadas–, sin que ninguna de las agresiones haya sido esclarecida.

Claramente esas acciones represivas buscan intimidar a las periodistas, amenazando su integridad física, su vida y la de sus familias por investigar y publicar información que, evidentemente, no es del agrado del poder. Esta violencia contra las y los periodistas atenta además contra el derecho a la información de la sociedad y las instituciones democráticas del país.

Al respecto, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez destacó que “resulta imperioso que toda agresión o crimen contra periodistas o comunicadores se investigue, esclarezca y sancione a los responsables conforme a derecho”, ya que es la impunidad la que propicia que los ataques se repitan.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México ha registrado, desde 2000 a la fecha, 107 homicidios de comunicadores; 20 desaparecidos de 2005 a 2015; 48 atentados contra instalaciones de medios de comunicación, de 2006 al presente año, y un total de 506 quejas, en el periodo de 2010 a 2015. Además, durante 2014 y 2015 ha emitido 26 medidas cautelares.

Exijamos a las autoridades que en su ámbito de competencia esclarezcan y castiguen esta violencia contra periodistas, que muchas veces es ejercida por los propios policías, como ocurrió en Veracruz el pasado fin de semana, cuando agredieron al menos a nueve comunicadores que cubrían la protesta magisterial.

La intimidación, agresiones, desaparición y asesinato de periodistas pone en evidencia la descomposición social y política que está viviendo México, pese al discurso en contrario del gobierno federal.