En la capilla de Acteal, en el municipio de Chenalhó, Chiapas, había al menos 16 niños, 20 mujeres de las cuales 7 estaban embarazadas y 9 hombres, rezando, cuando un grupo de paramilitares entró a los tiros y asesinó a esas 45 personas. Era 22 de diciembre de 1997 y la matanza duró alrededor de 7 horas.

“A 18 años no se ha hecho justicia y la muralla de impunidad persiste, pero la Sociedad Civil Las Abejas está construyendo, a través de sus foros, la otra justicia”, dijo a La Jornada, Pedro Faro Navarro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FrayBa).

En su momento, unas 100 personas, todos indígenas fueron recluídos en la cárcel de Tuxyla Gutiérrez acusados de la masacre. Entre ellos había ocho ex oficiales de seguridad pública condenados a penas de 3 años y luego liberados. En 2007, diez años más tarde de los hechos, 18 personas fueron condenadas por portación de armas de fuego.

Entre 2009 y 2012 todos los detenidos fueron liberados. En su mayoría porque la Suprema Corte de Justicia invalidó las pruebas con que la PGR armó el caso.

En 2005, el caso fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el FrayBa y la organización civil Las Abejas, a la que pertenecían los indígenas tzotziles asesinados, en la que atribuyeron la responsabilidad de la masacre al Estado mexicano.

“La masacre de Acteal está en la memoria del pueblo mexicano, es una hecho que ha quedado en la epidermis del pueblo. Cuando hablamos de Acteal siempre nos duele.”