La participación de al menos tres empresas privadas en detenciones, golpizas, ataques y asesinatos de migrantes ocasionó la denuncia pública que esta mañana realizaron 4 reconocidos activistas por la lucha de los derechos humanos en México.
Alejandro Solalinde (director de la casa del migrante de Ixtepec, Oaxaca), el sacerdote Heyman Vázquez Medina (Casa del Albergue de la Misericordia, en Chiapas), Ramón Verdugo (albergue “Todo por ellos”), Martín Martínez Ríos (de la Asociación Civil Estancia del Migrante) y la hermana Leticia Gutiérrez Valderrama, de Scalabrinas Misión con Migrantes y Refugiados, aportaron la información que manejan en los territorios en donde trabajan con sus organizaciones.
“Los casos de violencia contra migrantes en Querétaro se han acentuado a partir de Abril. No se dio a conocer el fallecimiento de dos personas. No sabemos qué pasó con esos cuerpos”, explicó Martín Martínez. Agrego que los integrantes de la empresa Cuerpo de Seguridad Valle Toluca no tienen ningún tipo de formación específica y “mucho menos saben sobre el respeto a los derechos humanos. Están capacitados para matar, ellos mismos nos lo han dicho: Nuestra consigna es disparar a todo lo que se mueva alrededor del tren.”
Martínez relató dos episodios en que vio o escuchó chocar las balas contra La Bestia. “Todos armados con grueso calibre. Tenían retenidos a 80 migrantes que habían bajado del tren, habían expuesto lo que traían en sus mochilas, quitándoles lo que traían. Se han llevado a mujeres, sobre las que no sabemos nada, no sabemos dónde están ni qué pasó con ellas.”
Tres son las empresas señaladas en la tarea: Cusaem, Cuerpo Especial Valle de Toluca y Sepromex (Servicios Especiales de protección México).
“Como organización hemos acompañado la denuncia de 8 homicidios: en Coatzacoalcos (Veracruz), en Celaya (Guanajuato) y en Chiapas. Tres de ellos fueron a manos de Cusaem y el resto, según el relato de los testigos, fueron cometidos por policías, pero no lograron identificar cuáles”, explicó la hermana Lety.
Cusaem es la principal empresa denunciada. “Tras implementar el Plan Frontera Sur, el gobierno mexicano ha subcontratado a empresas de seguridad para ejecutar la persecución a migrantes”, explicó la hermana Lety. “Es una empresa de seguridad privada que, hasta donde sabemos, tiene jurisdicción únicamente en el estado de México, pero también se la ha visto actuar en Querétaro, Jalisco, Guanajuato y también en Tlaxacala.”
Es precisamente el relato que hizo a este medio el padre Elías D’Avila Espinoza, del albergue para migrantes de Apizaco, Tlaxcala, cuando recibió la visita de la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos. “En un lugar cercano, en Tocatlán, 14 migrantes iban en el tren. Una camioneta se les adelantó en la vía, de la que se bajan unos encapuchados, todos de negro, quienes desde la tierra empiezan a tirarle a los migrantes. El que murió primero fue uno al que le pegan en el pecho. Otro llegó a ser trasladado al Hospital.”
También referenció entonces el testimonio de otro migrante: “que fue bajado en el tren en el mismo lugar, los ponen en el suelo boca abajo, los encapuchados de negro los empiezan a interrogar. Un muchacho levanta la cabeza y le dan un disparo. Otro levanta el pecho y también le disparan. Contó con mucho miedo, pensó que iba a morir. Los cuerpos se lo llevaron en las camionetas y hasta hoy no se sabe nada de ellos.”
Los periodistas en la conferencia insistieron por cifras claras y cantidad de denuncias realizadas. La respuesta la dio el Martín Martínez Ríos: “los migrantes ya se han dado cuenta de que el sistema de justicia mexicano no sirve. No van a denunciar. Incluso, tres personas que atendimos en Hidalgo nos dijeron que preferían morir antes de ir a un médico. Mucho menos acudir a la justicia mexicana”
“Yo he visto cadáveres de 5 migrantes” sostuvo el padre Hayman. “No tenemos de ese tipo de guardias privadas en la costa de Chiapas, pero sí existe esa inseguridad y asesinatos de migrantes en manos de la delincuencia común”. Y sintió la necesidad de hacer un mea culpa, en relación con la capacidad de denunciar lo que sucede: “Desde la aplicación del Plan Frontera Sur, sobre todo en Chiapas, necesitamos más personas que estén atendiendo lo que tiene que ver con la migración. Somos tan pocos que no podemos hacer el seguimiento de las denuncias. Nos limitamos a avisarle a la fiscalía especializada en migrantes del estado y si sabemos la nacionalidad del fallecido, dar aviso al cónsul de ese país”.
Ramón Verdugo, de Tapachula, que trabaja en un albergue para niños y jóvenes migrantes y mexicanos qu están en situación de calle, denunció la corrupción en torno a la dirección de residuos sólidos municipal, en que hay 97 familias de guatemaltecos que viven de la revisión de los residuos de la localidad, de la que extraen plástico pet y aluminio, “pero los obligan a venderlo a un miembro del ayuntamiento que los comercializa a precios ridículos, mientras a los clasificadores les dan entre 30 y 60 pesos por jornadas de 11 horas de trabajo.” También denunciaron en 2013 a 11 policías municipales que explotaban sexualmente a jóvenes de la localidad. Siete de ellos fueron encarcelados pero ya están en libertad. “Siempre que hacemos una denuncia somos perseguidos”, sostuvo.
La hermana Leti agregó detalles de las ocho denuncias que han presentado frente a la pgr.
También recurrieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en reclamo por el accionar de Cusaem. “La CNDH contestó: Hermana, no podemos hacer una recomendación porque no sabemos aún bajo qué área de seguridad está este armamento, si está en la égida del ejército, de la Policía Federal. Simplemente estamos viendo las acciones de violencia por parte de esta empresa privada”. “Le llamamos así porque responde a la descripción que se hace en los tratados internacionales, y si usamos esa denominación es porque son permitidas por una autoridad, pero hasta ahorita nadie ha sabido decirnos quién autorizó a estas empresas para usar armas de grueso calibre, que sólo maneja el ejército, para salir a la caza de migrantes.”
