La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) de Tehuantepec, Oaxaca, presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violación al derecho de consulta y de consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas de la región por la construcción de dos gasoductos que atravesarían el istmo para llevar gas natural al mercado asiático.

El recurso de queja, firmado por la presidenta de la mesa directiva citada organización indígena, Juana Inés Ramirez Villegas, señala como responsables a la Secretaría de Energía y a la empresa Grupo PMI empresa filial de Petróleos Mexicanos P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.

En la queja se detalla que la iniciativa anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto de crear Zonas Económicas Especiales, tiene áreas geográficas delimitadas para tres grandes proyectos, uno de ellos el Corredor Industrial Interoceánico que comprenderá los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz que conectará el Océano Pacífico con el Golfo de México.

Agrega que de acuerdo a información solicitada a la Agencia de Seguridad Industrial y de Protección al Medio ambiente del Sector Hidrocarburos, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), hay dos solicitudes de evaluación de la manifestación de impacto ambiental modalidad regional (MIA-R) en su modalidad B con Riesgo de dos Proyectos denominados Cinturón Transoceánico Gas Natural y PMI Cinturón Transoceanico Gas L.P, que fueron registrados con las claves 20OA2015G0028 Y 20OA2015G0029 , mismas que se encuentran en la fase de evaluación para estar en condiciones de emitir el resolutivo correspondiente.

Los citados proyectos, a operarse en un término de dos años por el Grupo PMI, detalla UCIZONI, tienen como finalidad la construcción, puesta en marcha y operación de un sistema de transporte de hidrocarburos a través de ductos que correrán desde la Costa del Golfo de México hasta la Costa del Pacífico a través del Istmo de Tehuantepec, mismos que impactarán a los pueblos y comunidades de su región.

Afirma el documento que estas «sistemáticas violaciones» a sus derechos humanos son resultado de la Reforma Energética, en la cual el 20 de diciembre de 2013, mediante decreto, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía. Con esta reforma se modificaron los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, creando un nuevo marco jurídico que plantea “fortalecer a la industria e incrementar la renta petrolera en beneficio de los mexicanos”.

Menciona que con anterioridad a la información obtenida de la SEMARNAT, las comunidades y pueblos indígenas de la región han requerido públicamente una Consulta previa, libre e informada sobre el desarrollo de estos dos Cinturones Transoceánicos de gas natural, en los términos que establecen los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas, como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas -legislación firmada y ratificada por el Estado Mexicano-.

Subraya en la denuncia que de acuerdo a dichos instrumentos, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el respeto irrestricto a sus derechos en lo que atañe a su territorio, «no a través de una Consulta y Reunión Pública de Información como la plantea el Grupo PMI que operará los multicitados proyectos, sino en los términos que establece la legislación para pueblos indígenas, en donde conozcamos su ubicación, objetivos estratégicos, métodos a aplicar y sus impactos, área de influencia y cambios de uso de suelo, impacto ambiental a nuestros cultivos, zonas forestales, ríos y arroyos, impacto cultural a nuestros centros ceremoniales, etcétera».

Menciona que en meses recientes, habitantes de algunas comunidades donde atravesarán estos proyectos, concretamente la comunidad de Huapinol, aproximadamente a 80 metros del río la Cuenca de los Almoloyas, así como la comunidad de El Sardinero, ambas pertenecientes al municipio del Barrio de la Soledad, han encontrado marcaciones y/o señalamientos en sus terrenos, situación que les genera preocupación pues no tienen información al respecto.

Asimismo, que tienen conocimiento en lo que respecta al municipio de Matías Romero, Avendaño, Oaxaca, el corporativo PMI presentó el 30 de Abril de 2015, solicitud de factibilidad de proyecto, uso de suelo y requisitos para llevar a cabo los proyectos denominados Cinturón Transoceánico en el Estado de Oaxaca y «actualmente no tenemos la certeza de que el municipio ya haya resuelto la solicitud de factibilidad, sin que previamente las comunidades afectadas hayan sido informadas ni mucho menos consultadas sobre estos Proyectos».

Por lo expuesto y «en virtud de sistemáticas violaciones a los derechos humanos de las mujeres y hombres de comunidades y pueblos indígenas de nuestra región», y conforme a lo dispuesto en los instrumentos internacionales antes citados, la UCIZONI solicita a la CNDH que inicie la queja correspondiente.