El Comité Nacional por la Libertad de los Presos Políticos y el Comité de Familiares, Amigas y Amigos del Preso Político Damián Gallardo Martínez denuncian que este luchador social, recluido en el CEFERESO No. 2 Occidente “Puente Grande”, en el Salto, Jalisco, es objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Por ello, el 5 de febrero pasado, quienes conforman ambos Comités interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se preparan para exponer el caso ante las instancias internacionales.
Los quejosos exigen sanción a los responsables de los hechos, así como la destitución inmediata del actual director de este cárcel, a quien responsabilizan de cualquier atentado contra la vida e integridad física y psicológica de Damián Gallardo, originario de Oaxaca.
En un comunicado emitido ayer, detallan que el hostigamiento, así como los malos, inhumanos y degradantes tratos de los que este hombre es objeto desde diciembre de 2015, forman parte de la “política de terror y criminalización de la protesta social” a cargo del Estado mexicano.
Refieren que a finales del año pasado, las condiciones carcelarias y el trato de los custodios hacia las personas encarceladas en “Puente Grande”, se endureció, al grado, por ejemplo, de que las revisiones rutinarias a los internos se realizan “con el pantalón abajo, la trusa abajo y sin calcetines para realizar sentadillas”.
Frente a esta irregular situación, algunos presos han optado por interponer recursos administrativos, como juicios de amparos. Es el caso de Damián Gallardo, quien se amparó y, posteriormente, resultó favorecido con una determinación de suspensión provisional que ordena el cese de los malos tratos en su contra.
Sin embargo, la resolución judicial no fue acatada por las autoridades penitenciarias, quienes han castigado al activista con aislamiento y mayor hostigamiento, como consecuencia de su negativa, cobijada en el amparo, de ceñirse a las instrucciones que degradan su persona a la hora de las revisiones a manos de los custodios.
Como parte del castigo, Damián Gallardo ha sido traslado al área de sentenciados del penal, cuando él aún tiene la calidad de procesado. A ello se suma la constante obstaculización para recibir las cartas que le envían.
“Sin lugar a dudas, esta situación no es aislada. Denunciamos que forma parte de la política de terror del gobierno mexicano en contra de luchadores sociales, defensores y defensoras de derechos humanos. Con lo cual el gobierno mexicano viola los compromisos adquiridos internacionalmente en materia de derechos humanos”, manifiestan los Comités en su documento.
