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Prohiben protestar en el recorrido papal en Chihuahua, donde no alcanzarán las 20 mil sillas para las víctimas de la violencia

Flor Goche/Desinformémonos

Apenas se enteraron de la visita papal a Chihuahua, diversas organizaciones del norte del país (Coahuila, Nuevo León y Chihuahua) integradas por familiares de víctimas de desaparición solicitaron una audiencia con el Papa Francisco. Deseaban exponerle su problemática; obtener un mensaje del líder católico.

La respuesta de la cúpula eclesial y del Estado mexicano fue un no. El argumento: que el pontífice no da audiencias particulares, no obstante que su itinerario contempla un encuentro, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua, con “el mundo del trabajo”.

Dada su insistencia y la gran cantidad de oficios girados, las organizaciones lograron que la Conferencia del Episcopado Mexicano les otorgara 100 boletos para estar presentes en la misa que Jorge Mario Bergoglio oficiará en Ciudad Juárez, en los terrenos de la antigua Feria y del estacionamiento del estadio Benito Juárez.

De acuerdo con la versión oficial, en la ceremonia religiosa, a la que se prevé que asistan más de 200 mil personas, se dispondrán 20 mil sillas para familiares de víctimas de la violencia y migrantes.

El Barzón Chihuahua también logró la aprobación para estar en las actividades que el Papa realizará en Ciudad Juárez el próximo 17 de febrero, último día de su visita apostólica en México.

Con el objetivo de que la problemática del campo no pase desapercibida para el líder católico, cuatro días antes de su arribo a esta ciudad, campesinos y floricultores saldrán de sus comunidades en una peculiar caravana de 300 tractores forrados con textos de las Bienaventuranzas.

Aunque ellos no lograron boletos de acceso a la ceremonia religiosa, sí fueron autorizados para montar un “campamento campesino” en el kilómetro 12 de la carretera Panamericana, vía por la que transitará en Papa Francisco. Que su presencia sea pacífica y sin pancartas de protesta fueron las condicionantes para estar ahí.

Las 20 mil sillas dispuestas para los familiares de víctimas de la violencia y migrantes durante la homilía Papal son insuficientes. Las víctimas son muchas más; más incluso que las que reporta la estadística oficial.

Desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios, trata de niñas y mujeres con fines de explotación social, desplazamiento forzado, pobreza, desigualdad y despojo territorial, son sólo algunas de las problemáticas que azotan a la entidad fronteriza, cada una de las cuales cobra sus propias víctimas.

Si nos referimos tan sólo al desplazamiento forzado a causa de la violencia, las más de 26 mil personas que han abandonado Chihuahua por motivos de inseguridad son más que el número de asientos dispuestos.

Para los pueblos originarios que habitan en la serranía chihuahuense (más de 100 mil, en su mayoría tarahumaras) no hay lugares reservados. Si éstos llegaran a pasar por el ojo del Papa será sólo a través de sus artesanías y folclor, no de la problemática de despojo que enfrentan.

¿Qué esperar del Papa?

Felipe Ruíz Becerra, director general de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), organización de corte católico que trabaja con los pueblos indígenas de la sierra Tarahumara, ve con buenos ojos la visita del Papa Francisco a Chihuahua pues considera que tiene una imagen buena, novedosa y más cercana al pueblo. “Es más parecido a Juan XXIII que a Juan Pablo II”, dice.

No obstante, el defensor reconoce que dado que el Papa es un jefe de Estado, debe someterse a los protocolos oficiales, los cuales nublan su visión sobre la realidad de los lugares que visita.

Martín Solís Bustamante, líder agropecuario de El Barzón Chihuahua, comenta que el interés de mostrar sus inquietudes ante el pontífice radica en que se trata de un “líder mundial sensible con la problemática social”. Además buscan aprovechar la cobertura mediática del acto para que sus demandas sean escuchadas por otras personas y para llamar la atención del gobierno mexicano.

Imelda Marrufo Nava, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres, y Gabino Gómez Escárcega, integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), ponen atención en el tema del itinerario y recorrido papal, definido cupularmente, el cual tiende a mostrar al jerarca la mejor cara de México.

La coordinadora de la red integrada por 10 organizaciones civiles destaca, por ejemplo, que el Papa no pasará por el “Memorial de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez”, lugar emblemático para las víctimas de la violencia.

En tanto, Gabino Gómez apunta que el mandatario irá por las calles más remozadas de Ciudad Juárez y no por aquellas de innumerables fraccionamientos mal construidos y en situación de abandono.

A Imelda Marrufo le parece muy importante, en el contexto que vive Chihuahua, que Jorge Mario Bergoglio reivindique en público el contenido de su encíclica sobre el cuidado de la Casa Común dedicada a la desigualdad planetaria: “Los excluidos son la mayor parte del planeta, miles de millones de personas. Hoy están presentes en los debates políticos y económicos internacionales pero frecuentemente parece que sus problemas se plantean como un apéndice, como una cuestión que se añade casi por obligación o de manera periférica, si es que no se les considera un mero daño colateral. De hecho a la hora de la actuación concreta, quedan frecuentemente en el último lugar… Deberían integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el grito de la Tierra como el grito de los pobres”.

En entrevista con Desinformémonos, defensores de derechos humanos esbozan la radiografía de conflictividad y violencia en Chihuahua. Realidad que será filtrada al Papa por las cúpulas eclesiales y de Estado que le trazan la agenda y el recorrido.

La violencia de la militarización y la “guerra contra el narcotráfico”

La militarización y la “guerra contra el narcotráfico” (política de seguridad engendrada por el expresidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa y adoptada por el actual mandatario, Enrique Peña Nieto) significaron para Chihuahua un despunte violento.

Problemáticas como las de las ejecuciones extrajudiciales, los feminicidios, la desaparición forzada, la trata de mujeres y niñas y el desplazamiento forzado se agravaron.

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Los grupos del narcotráfico nunca fueron en realidad combatidos. En algunos casos pasaron incluso a formar parte de las instancias oficiales. En Ciudad Cuauhtémoc, por ejemplo, la colusión entre el crimen organizado y el gobierno es tal que son los narcotraficantes quienes patrullan los vehículos oficiales, refiere Gabino Gómez.

En otros lugares de la serranía del estado miles de jóvenes indígenas son obligados por las bandas a criminales a realizar trabajos de siembra de enervantes. Quien se niega a la esclavitud es ejecutado.

Las poblaciones indígenas que habitan la sierra Tarahumara no están exentas de la violencia que desató la “guerra contra el narcotráfico” y que afecta, incluso, sus aparatos de justicia y gobierno.

Esta violencia no ha cesado, afirma Isela González Díaz, directora ejecutiva de Alianza Sierra Madre (Asmac). Lo único que ha cambiado, dice, son las formas de quienes la ejercen.

Las ejecuciones, las desapariciones y las disputas por el control de los territorios siguen. También el paramilitarismo a manos de sicarios entrenados con estrategias de guerra y equipados con armamento de película, comenta la antropóloga social. Los “toques de queda autoimpuestos” también se mantienen en municipios como el de Guadalupe y Calvo, sede de la Asmac, en donde la gente no sale de sus casas después de las 18 horas.

De acuerdo con Isela González, algunas de las consecuencias de la “guerra contra el narcotráfico”, son: la proliferación de minicárteles que controlan microrregiones, el deterioro del tejido social y la diversificación de las actividades de los grupos delincuenciales.

Luz Estela Castro, fundadora del Cedehm, refiere algunos de los factores que contribuyen a perpetuar este clima de violencia: que Chihuahua, por su cercanía con Estados Unidos, es un lugar de paso de drogas; el modelo económico neoliberal impuesto que conllevó al abandono del campo y a la proliferación de maquilas en la ciudad; así como la impunidad y la negación de las problemáticas por parte de los gobiernos en turno.

Gabino Gómez recuerda que Ciudad Juárez ha sido experimento primero de maquilas (en la década de 1970), ahora del narcotráfico.

Desaparición forzada de personas

La estadística oficial ubica a Chihuahua en la posición cinco respecto de las entidades del país con más casos de desaparición de personas. Aunque el gobierno contabiliza 1 mil 698 de éstos a partir de 2008, el Cedehm sostiene que se trata de, al menos, 2 mil 700.

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Luz Estela Castro, una de las fundadoras del Cedehm, precisa que todas las desapariciones que han documentado, cuyas víctimas predilectas son varones en edad reproductiva, son, indudablemente, forzadas. Y es que, explica, el gobierno hace caso omiso a la problemática y no la previene, además de que las que no son perpetradas directamente por agentes del Estado, ocurren en complicidad de éstos con los criminales.

Policías municipales, ministeriales y de investigación figuran entre los principales responsables de las desapariciones que ocurren en territorio chihuahuense. Enseguida están elementos de la Policía Federal y del Ejército Mexicano.

Gabino Gómez sostiene que, pese a la negativa oficial de reconocimiento de esta problemática, las desapariciones, que registran gran incidencia en la zona serrana, no disminuyen ni cesan.

Una de las estrategias del gobierno de Chihuahua está encaminada a maquillar las cifras reales. Por ello, se muestra indolente ante el dolor de las familias de personas desaparecidas y recurre a acciones como el desaliento o las amenazas para hacerlas desistir de la denuncia formal.

Desplazamiento forzado

De acuerdo con la estadística oficial, la más conservadora, de 2009 a 2014, Chihuahua registró un total de 88 mil 399 desplazamientos internos, es decir, el 48 por ciento de los registrados a nivel nacional. De éstos, 26 mil 519 fueron por motivos de inseguridad.

Se trata de desplazamientos forzados que tienen su origen en la violencia que azota a la entidad fronteriza. Y es que, como señala el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de 2009 a 2014, Chihuahua y Ciudad Juárez registraron las tasas más altas de homicidio de todo el país.

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Un estudio a cargo de la Universidad de Ciudad Juárez arroja datos más crudos en la materia. De éste se desprende que tan sólo en Ciudad Juárez existen 230 mil personas desplazadas por la misma causa. Algunas de ellas migraron hacia Estados Unidos, otras a sus lugares de origen.

Isela González Díaz, directora ejecutiva de Alianza Sierra Madre (Asmac), refiere que el desplazamiento forzado como consecuencia de la violencia que desató la “guerra contra el narcotráfico” es un hecho doloroso que entre los indígenas adquiere una doble victimización, ya que se trata de comunidades que sobreviven en estrecha relación con su territorio y bienes naturales. Así, el desplazamiento no sólo les arrebata la posibilidad de habitar su hogar, si no que los desprende de su raíz.

Feminicidios, desapariciones y violencia contra la mujer

Luz Estela Castro, una de las fundadoras del Cedehm, recuerda que Chihuahua saltó a la fama internacional por el flagelo de los feminicidios y las desapariciones de niñas y mujeres.

De 1993 a 2015, la organización de derechos humanos con sede en Chihuahua ha documentado 2 mil 376 feminicidios, crímenes de odio que se constituyen en la máxima expresión de la violencia contra las mujeres. El 41 por ciento de éstos datan de la gubernatura de César Duarte Jáquez, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Respecto de las desapariciones de mujeres y niñas, muchas de las cuales se encuentran vinculadas a la trata con fines de explotación sexual, problemática particularmente remarcada en la sierra Tarahumara, se trata de al menos 250 casos que datan de 2008 a la fecha. Cabe destacar la existencia de una cifra negra en el tema dado que en diversas localidades, sobre todo las que se ubican en la serranía del estado, no hay condiciones para la denuncia.

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En el modelo de seguridad oficial, que privilegia el combate a los delitos patrimoniales, aquellos que importan principalmente a empresarios, los delitos cuyas víctimas son mujeres resultan “realidad invisible”. Ello implica que éstos no sean abordados y erradicados con el ahínco necesario, asevera Luz Estela Castro.

Diversos indicadores ayudan a entender por qué las cinco principales ciudades de Chihuahua figuran entre las 15 peores para ser mujer en México. Uno de ellos ubica a Chihuahua en el segundo lugar en violaciones sexuales, con 977 denuncias durante 2015.

Aunado a ello, Imelda Marrufo Nava, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres, dice conocer varios casos de mujeres víctimas de violencia que están injustamente presas por ejercer su derecho de legítima defensa. Una de ellas es María Guadalupe Pereda Moreno, estudiante de Derecho.

La coordinadora de la red integrada por 10 organizaciones civiles destaca la problemática de las trabajadoras de las maquilas en Ciudad Juárez, mismas que están siendo objeto de despido por ser parte del movimiento de huelga que demanda un incremento salarial de 6 pesos al día. El movimiento de los trabajadores y las trabajadoras de las maquilas, que no tiene precedente al menos en las últimas tres décadas, “carece de una gestión de Estado que pueda resolver las luchas en favor de los derechos laborales”, sostiene la defensora.

Agresiones contra personas defensoras de derechos humanos

De defensores pasan a víctimas y de víctimas a acompañantes de otros defensores. Esta fórmula es común en Chihuahua, la entidad del país con más medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encaminadas a salvaguardar la integridad de quienes defienden los derechos humanos.

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De 2007 a 2016, la CIDH ha otorgado 81 medidas cautelares a personas defensoras en Chihuahua. En tanto, para el mismo periodo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado dos medidas provisionales también para quienes defienden los derechos en la entidad.

Es así, que a los ojos de las instancias internacionales, Chihuahua figura como el lugar más peligroso para defender los derechos humanos en México. Prueba de ello son los 19 asesinatos de personas defensoras que el Cedehm ha documentado de 2008 a la fecha, mismos que permanecen en total impunidad.

Alma Gómez Caballero, integrante del Cedehem (organización que desde 2007 cuenta con medidas cautelares de la CIDH), comenta que las principales agresiones de que son objeto las personas defensoras de derechos humanos en Chihuahua, son: amenazas, allanamientos, daños a edificios, auditorías ilegales y campañas de desprestigio.

Luz Estela Castro agrega que en los 25 años de su labor como defensora, nunca antes se había encontrado con el siguiente fenómeno: la utilización por parte de empresas transnacionales de elementos del crimen organizado para agredir a defensores de derechos humanos.

Gabino Gómez denuncia que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, es un “rotundo fracaso”, a pesar de los recursos económicos con los que cuenta. Refiere, por ejemplo, que el primer caso que este mecanismo acogió fue el del asesinato de un miembro de El Barzón Chihuahua, crimen frente al cual nada se hizo.
Crisis humanitaria

Detrás de la violencia que padece la entidad, de la gran cantidad de personas ejecutadas y desaparecidas forzadamente en territorio chihuahuense, hay una crisis humanitaria que no es atendida por las autoridades, refiere Alma Gómez. A la fecha resulta imposible magnificar con exactitud su impacto.

Quizá la mayor expresión de la crisis recae en la realidad de los niños y niñas en situación de orfandad, considerados las “víctimas invisibles” de la violencia. Algunos cálculos señalan que en la entidad existen unos 10 mil menores en esta situación.

Alma Gómez explica que estos infantes enfrentan problemas económicos y son, en muchas ocasiones, estigmatizados. Además de que son propensos a reproducir el patrón de violencia que los arrojó a la orfandad.

En su informe «Los derechos de la infancia y la adolescencia en Chihuahua», el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas ubica a Chihuahua como el cuarto estado del país con mayor incidencia en violencia familiar. Esta es otra de las manifestaciones de la crisis humanitaria. A decir de Alma Gómez, la extensiva circulación de armas en territorio chihuahuense aumenta el riesgo de violencia familiar.

Comunidades indígenas, en pobreza y desigualdad

A partir de las cifras oficiales, Isela González Díaz esboza la realidad de la pobreza que se vive en Chihuahua, especialmente en la sierra Tarahumara, lugar sede de Alianza Sierra Madre (Asmac), la organización de derechos humanos que esta mujer dirige.

De acuerdo con el último censo de población del Inegi, en territorio chihuahuense habitan 104 mil 14 indígenas. El 77.8 por ciento de ellos son tarahumaras; el resto, tepehuanes, pimas y guajiros.

A decir de Isela González, las poblaciones indígenas viven en situación de exclusión y marginación social. Marginación que tiene su origen en los modelos de desarrollo económico de despojo de territorio y bienes naturales, los cuales impactan no sólo la economía y política de los pueblos originarios, sino también su cultura.

Algunos indicadores sostienen su afirmación. Uno de ellos, a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, incluye a los municipios chihuahuenses de Guadalupe y Calvo, Batopilas y Chínipas entre los 10 con más rezago a nivel nacional.

De la mano de la exclusión y marginación, “las condiciones socioeconómicas de la población indígena chihuahuense son de vergonzosas desigualdades”, afirma Isela González. La antropóloga social detalla que del comparativo del Índice de Desarrollo Humano entre poblaciones indígenas y no indígenas de Chihuahua, la entidad “obtiene el deshonroso primer lugar en desigualdad interétnica en nuestro país”.

Por más que el gobierno reparta cobijas y despensas épocas navideñas, la pobreza en la sierra Tarahumara prevalece, incluso a pesar de la costosa campaña del gobierno federal de combate a la pobreza, asevera Felipe Ruíz Becerra, director general de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac).

Despojo territorial

A decir de Felipe Ruíz, la principal problemática que enfrentan las poblaciones indígenas que habitan en la sierra Tarahumara es el despojo territorial. El despojo por minería, por explotación forestal y por desarrollo turístico son los modelos que han imperado en la zona.

De acuerdo a la Dirección General de Minas, a marzo de 2014 existían en Chihuahua 4 mil 149  títulos de concesión minera, que abarcan una superficie de 3 millones 487 515 hectáreas; 17 asignaciones mineras repartidas en 3 millones 162 mil 990 hectáreas; y nueve zonas de reservas mineras en 11 mil 120 hectáreas.

Isela González refiere que desde finales del siglo XX, el despojo por explotación forestal empezó a cobrar fuerza. Entonces, dos familias resultaron las principales beneficiaras: la González Ugarte y la Vallina. Ahora, dice, los más favorecidos son los técnicos forestales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y los caciques mestizos de la región.

Pino Gordo y Coloradas de la Virgen, dos localidades rarámuris localizadas en el municipio de Guadalupe y Calvo, representan dos ejemplos de resistencia al despojo por explotación forestal. Su lucha, que ha llegado a los tribunales, es por el reconocimiento del territorio ancestral y el acceso preferente a los recursos naturales.

En cuanto al modelo de desarrollo turístico, que explota la belleza escénica de los territorios y la vida cultural de los pueblos, Isela González refiere que los principales beneficiarios son políticos del PRI y del Partido Acción Nacional (PAN) convertidos en inversionistas.

La resistencia de los pueblos originarios también se hace presente aquí. Ejemplo de ello, es la lucha en contra del megaproyecto turístico de Barrancas del Cobre, en el Mar de Cortés, en donde las comunidades han alcanzado varios triunfos legales. También la de las comunidades de Repechique que lograron parar los trámites para la operación del aeropuerto de Creel.

Otro tipo de megaproyectos se ven enfrentados también a la resistencia de los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara, refiere Felipe Ruíz. Es el caso, por ejemplo, del gasoducto El Encino-Topolobampo que irá de Chihuahua a Sinaloa, y cuya construcción está detenida por tramos como consecuencia de los amparos promovidos por las comunidades

Control del mercado agroalimentario, la problemática del campo

Martín Solís Bustamante, líder agropecuario de El Barzón Chihuahua, comenta que la principal problemática del campo en esta entidad es el control del mercado agroalimentario, es decir, que “muy pocas manos”, en concreto las de los dueños de 20 grandes empresas, controlan sus recursos.

De ello se deriva el hecho de que los pagos a los productores de alimentos sean muy bajos, en contraste con los altos costos al consumidor. Es el caso, por ejemplo, del litro de leche, mismo que se compra en 5.60 pesos, mientras que el consumidor final lo adquiere en unos 14.

Otras de las problemáticas, según refiere el dirigente, son el control de las semillas por parte de empresas trasnacionales; la siembra de productos transgénicos, entre los que destaca el maíz y la soya, lo que amenaza las plantas y semillas nativas; el deterioro y la escasez de los recursos naturales por deforestación o acaparamiento. Ejemplo de esto último es la insuficiencia de agua en la sierra Tarahumara ya que los productores menonitas han acaparado el 60 por ciento del recurso.

Martín Solís crítica la falta de una política gubernamental de construcción de soberanía alimentaria, así como el abandono del campo mexicano.
Corrupción y deuda pública

La corrupción en Chihuahua es tal que, el 23 de septiembre de 2014, el propio gobernador fue demandado por enriquecimiento ilícito ante la Procuraduría General de la República.

De acuerdo con los demandantes, agrupados en la Unión Ciudadana, César Duarte Jáquez habría aportado 65 millones de pesos, provenientes del erario público, para la constitución del Banco Progreso de Chihuahua S.A. de C.V.

A decir de Luz Estela Castro, en Chihuahua “hay una situación como nunca de un gobernador corrupto y cacique”.

En contraste con los donativos del gobernador, Chihuahua es considerada una de las entidades más endeudadas del país. Cuando César Duarte asumió la gubernatura, el 4 de octubre de 2010, la deuda estatal ascendía a 12 mil 547 millones de pesos. Sin embargo, para 2013 ésta era ya de 41 mil 768 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Aunado a ello, comenta Luz Estela Castro, destaca el tema de la opacidad con que operan los organismos autónomos, como es el caso de la Comisión Estatal de los Derechos humanos, cuyo titular, José Luis Armendáriz, fue impuesto por el gobernador.

Fotos: Cortesía del CEDEHM

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3 Respuestas a “Prohiben protestar en el recorrido papal en Chihuahua, donde no alcanzarán las 20 mil sillas para las víctimas de la violencia”

  1. valeria

    El Papa esta perfectamente al tanto de la situación de Mexico y de toda America Latina. Recuerden que en Cuba tampoco dio audiencias. No descarten que tenga un discurso durisimo sobre la situación que vive vuestro país. Fuerza Mexico. Fuerza America Latina.

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