La sociedad civil lamenta que el Estado mexicano haya respondido desde una “lógica mediática de control de daños”, misma que niega la “gravedad de la situación actual”, a las conclusiones preliminares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 2 de octubre pasado, a raíz de su visita al país.
Y es que tan sólo unas horas después de recibir el informe preliminar, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de la Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, advirtió a la opinión pública que éste “no refleja la realidad del país” pues sus conclusiones fueron producto de “encuentros y entrevistas” realizadas en “cinco días”, en “sólo seis de las 32 entidades” federativas del país.
A través de un pronunciamiento fechado el 6 de octubre, la sociedad civil organizada recuerda al gobierno mexicano que el diagnóstico de la CIDH es fruto no sólo de una visita de cinco días, sino de la vasta información que el órgano internacional recaba de forma permanente en cumplimiento de sus funciones de promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.
Detalla que durante el sexenio en curso, la CIDH ha celebrado 23 audiencias públicas sobre México, y que en 2014 conocía de 130 peticiones y casos mexicanos en las etapas de admisibilidad y fondo. El órgano principal de la Organización de Estados Americanos recibe, además, informes periódicos de fuentes gubernamentales y no gubernamentales, supervisa medidas cautelares y el cumplimiento de recomendaciones en diversas entidades federativas y sostiene innumerables reuniones con víctimas, organizaciones y autoridades.
Las decenas de organizaciones que suscriben el documento recuerdan, asimismo, que la realidad mexicana que observa la CIDH no es sesgada ya que coincide con los diagnósticos que en otros momentos han emitido los diversos mecanismos de la Organización de las Naciones Unidas. Por ejemplo: el contexto de desapariciones y torturas generalizadas constatado por el Comité contra la Desaparición Forzada y el Relator sobre Tortura; la impunidad generalizada en los casos de homicidios identificada por el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias; o los señalamientos del Relator para la Libertad de Expresión, según los cuales México se coloca como el país de América Latina con más agresiones contra periodistas.
A la sociedad civil mexicana no le es ajena la valoración de la CIDH, plasmada en su documento de observaciones preliminares. Lo que sí le resulta extraño y lamentable es el rechazo gubernamental, vía argumentos falaces, de la realidad que la CIDH documenta a partir de la propia estadística oficial.
“Si el gobierno federal verdaderamente pretende abrir puertas y asumir retos en materia de derechos humanos, el primer paso es dejar de descalificar a los organismos y personas expertas que documentan la realidad del país. Al contrario, el gobierno debe asumir las conclusiones y recomendaciones de éstos como insumos valiosos, reconociendo la naturaleza de la crisis actual para entonces implementar políticas, programas, leyes y sobre todo prácticas que lleven al efectivo acceso a la verdad, la justicia, la reparación y a la disminución de las violaciones a derechos humanos a lo largo del territorio nacional”, se lee en el pronunciamiento suscrito, entre otras, por: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Instituto para la Seguridad y la Democracia, Movimiento Migrante Mesoamericano, Red por los Derechos de la Infancia en México, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, y Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.
